LOE

17158 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

7899

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

PREÁMBULO

Las sociedades actuales conceden gran importancia a

la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de

que de ella dependen tanto el bienestar individual como

el colectivo. La educación es el medio más adecuado para

construir su personalidad, desarrollar al máximo sus

capacidades, conformar su propia identidad personal y

configurar su comprensión de la realidad, integrando la

dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la

sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al

mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos

y valores que la sustentan, de extraer las máximas

posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar

la convivencia democrática y el respeto a las diferencias

individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación,

con el objetivo fundamental de lograr la necesaria

cohesión social. Además, la educación es el medio

más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía

democrática, responsable, libre y crítica, que resulta

indispensable para la constitución de sociedades avanzadas,

dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación

es la mayor riqueza y el principal recurso de un

país y de sus ciudadanos.

Esa preocupación por ofrecer una educación capaz de

responder a las cambiantes necesidades y a las demandas

que plantean las personas y los grupos sociales no es

nueva. Tanto aquéllas como éstos han depositado históricamente

en la educación sus esperanzas de progreso y de

desarrollo. La concepción de la educación como un instrumento

de mejora de la condición humana y de la vida

colectiva ha sido una constante, aunque no siempre esa

aspiración se haya convertido en realidad.

El interés histórico por la educación se vio reforzado

con la aparición de los sistemas educativos contemporáneos.

Esas estructuras dedicadas a la formación de los

ciudadanos fueron concebidas como instrumentos fundamentales

para la construcción de los Estados nacionales,

en una época decisiva para su configuración. A partir de

entonces, todos los países han prestado una atención

creciente a sus sistemas de educación y formación, con el

objetivo de adecuarlos a las circunstancias cambiantes y

a las expectativas que en ellos se depositaban en cada

momento histórico. En consecuencia, su evolución ha

sido muy notable, hasta llegar a poseer en la actualidad

unas características claramente diferentes de las que

tenían en el momento de su constitución.

En cada fase de su evolución, los sistemas educativos

han tenido que responder a unos retos prioritarios. En la

segunda mitad del siglo XX se enfrentaron a la exigencia

de hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a la

educación. La universalización de la enseñanza primaria,

que ya se había alcanzado en algunos países a finales del

siglo XIX, se iría completando a lo largo del siguiente,

incorporando además el acceso generalizado a la etapa

secundaria, que pasó así a considerarse parte integrante

de la educación básica. El objetivo prioritario consistió en

hacer efectiva una escolarización más prolongada y con

unas metas más ambiciosas para todos los jóvenes de

ambos sexos.

En los años finales del siglo XX, el desafío consistió en

conseguir que esa educación ampliamente generalizada

fuese ofrecida en unas condiciones de alta calidad, con la

exigencia además de que tal beneficio alcanzase a todos

los ciudadanos. En noviembre de 1990 se reunían en París

los Ministros de Educación de los países de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con

objeto de abordar cómo podía hacerse efectiva una educación

y una formación de calidad para todos. El desafío

era cada vez más apremiante y los responsables educativos

de los países con mayor nivel de desarrollo se aprestaron

a darle una respuesta satisfactoria.

Catorce años más tarde, en septiembre de 2004, los

más de sesenta ministros reunidos en Ginebra, con ocasión

de la 47.ª Conferencia Internacional de Educación

convocada por la UNESCO, demostraban la misma

inquietud, poniendo así de manifiesto la vigencia del

desafío planteado en la década precedente. Si en 1990

eran los responsables de los países más desarrollados

quienes llamaban la atención acerca de la necesidad de

combinar calidad con equidad en la oferta educativa,

en 2004 eran los de un número mucho más amplio de

Estados, de características y niveles de desarrollo muy

diversos, quienes se planteaban la misma cuestión.

Lograr que todos los ciudadanos puedan recibir una

educación y una formación de calidad, sin que ese bien

quede limitado solamente a algunas personas o sectores

sociales, resulta acuciante en el momento actual. Países

muy diversos, con sistemas políticos distintos y gobiernos

de diferente orientación, se están planteando ese

objetivo. España no puede en modo alguno constituir una

excepción.

La generalización de la educación básica ha sido tardía

en nuestro país. Aunque la obligatoriedad escolar se

promulgó en 1857 y en 1964 se extendió desde los seis

hasta los catorce años, hubo que esperar hasta mediados

de la década de los ochenta del siglo pasado para que

dicha prescripción se hiciese realidad. La Ley General de

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17159

Educación de 1970 supuso el inicio de la superación del

gran retraso histórico que aquejaba al sistema educativo

español. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación proporcionó

un nuevo y decidido impulso a ese proceso de

modernización educativa, pero la consecución total de

ese objetivo tuvo que esperar aún bastantes años.

La Ley 14/1970, General de Educación y de Financiamiento

de la Reforma Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985,

reguladora del Derecho a la Educación, declaraban la educación

como servicio público. La Ley Orgánica de Educación

sigue y se inscribe en esta tradición. El servicio

público de la educación considera a ésta como un servicio

esencial de la comunidad, que debe hacer que la educación

escolar sea asequible a todos, sin distinción de ninguna

clase, en condiciones de igualdad de oportunidades,

con garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente

a los cambios sociales. El servicio público

de la educación puede ser prestado por los poderes públicos

y por la iniciativa social, como garantía de los derechos

fundamentales de los ciudadanos y la libertad de

enseñanza.

En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del

Sistema Educativo estableció en diez años el período de

obligatoriedad escolar y proporcionó un impulso y prestigio

profesional y social a la formación profesional que

permitiría finalmente equiparar a España con los países

más avanzados de su entorno. Como consecuencia de esa

voluntad expresada en la Ley, a finales del siglo XX se

había conseguido que todos los jóvenes españoles de

ambos sexos asistiesen a los centros educativos al menos

entre los seis y los dieciséis años y que muchos de ellos

comenzasen antes su escolarización y la prolongasen

después. Se había acortado así una distancia muy importante

con los países de la Unión Europea, en la que

España se había integrado en 1986.

A pesar de estos logros indudables, desde mediados

de la década de los noventa se viene llamando la atención

acerca de la necesidad de mejorar la calidad de la

educación que reciben nuestros jóvenes. La realización

de diversas evaluaciones acerca de la reforma experimental

de las enseñanzas medias que se desarrolló en

los años ochenta y la participación española en algunos

estudios internacionales a comienzos de los noventa evidenciaron

unos niveles insuficientes de rendimiento, sin

duda explicables, pero que exigían una actuación decidida.

En consecuencia, en 1995 se aprobó la Ley Orgánica

de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los

Centros Docentes, con el propósito de desarrollar y

modificar algunas de las disposiciones establecidas en la

LOGSE orientadas a la mejora de la calidad. En el

año 2002 se quiso dar un paso más hacia el mismo objetivo,

mediante la promulgación de la Ley Orgánica de

Calidad de la Educación.

En los comienzos del siglo XXI, la sociedad española

tiene la convicción de que es necesario mejorar la calidad

de la educación, pero también de que ese beneficio debe

llegar a todos los jóvenes, sin exclusiones. Como se ha

subrayado muchas veces, hoy en día se considera que la

calidad y la equidad son dos principios indisociables.

Algunas evaluaciones internacionales recientes han

puesto claramente de manifiesto que es posible combinar

calidad y equidad y que no deben considerarse objetivos

contrapuestos.

Ningún país puede desperdiciar la reserva de talento

que poseen todos y cada uno de sus ciudadanos, sobre

todo en una sociedad que se caracteriza por el valor creciente

que adquieren la información y el conocimiento

para el desarrollo económico y social. Y del reconocimiento

de ese desafío deriva la necesidad de proponerse la meta

de conseguir el éxito escolar de todos los jóvenes.

La magnitud de este desafío obliga a que los objetivos

que deban alcanzarse sean asumidos no sólo por las

Administraciones educativas y por los componentes de

la comunidad escolar, sino por el conjunto de la sociedad.

Por ese motivo y con el propósito de estimular un

debate social sobre la educación, con carácter previo a

promover cualquier iniciativa legislativa, el Ministerio de

Educación y Ciencia publicó en septiembre de 2004 el

documento que lleva por título «Una educación de calidad

para todos y entre todos», en el que se presentaban

un conjunto de análisis y diagnósticos sobre la situación

educativa actual y se sometían a debate una serie de propuestas

de solución. Tanto las Comunidades Autónomas

como las organizaciones representadas en los Consejos

Escolares del Estado y Autonómicos fueron invitadas formalmente

a expresar su opinión y manifestar su postura

ante tales propuestas. Además, otras muchas personas,

asociaciones y grupos hicieron llegar al Ministerio de

Educación y Ciencia sus reflexiones y sus propias propuestas,

que fueron difundidas por diversos medios,

respondiendo así a la voluntad de transparencia que

debe presidir cualquier debate público. Como resultado

de ese proceso de debate, se ha publicado un documento

de síntesis, que recoge un resumen de las contribuciones

realizadas por las distintas organizaciones, asociaciones

y colectivos.

El desarrollo de este proceso de debate, que se ha

prolongado durante seis meses, ha permitido contrastar

posiciones y puntos de vista, debatir acerca de los problemas

existentes en el sistema educativo español y buscar

el máximo grado de acuerdo en torno a sus posibles soluciones.

Este período ha resultado fundamental para identificar

los principios que deben regir el sistema educativo

y para traducirlos en formulaciones normativas.

Tres son los principios fundamentales que presiden

esta Ley. El primero consiste en la exigencia de proporcionar

una educación de calidad a todos los ciudadanos

de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo.

Ya se ha aludido al desafío que esa exigencia implica

para los sistemas educativos actuales y en concreto para

el español. Tras haber conseguido que todos los jóvenes

estén escolarizados hasta los dieciséis años de edad, el

objetivo consiste ahora en mejorar los resultados generales

y en reducir las todavía elevadas tasas de terminación

de la educación básica sin titulación y de abandono

temprano de los estudios. Se trata de conseguir que

todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo

posible de todas sus capacidades, individuales y sociales,

intelectuales, culturales y emocionales para lo que

necesitan recibir una educación de calidad adaptada a

sus necesidades. Al mismo tiempo, se les debe garantizar

una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los

apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo requiera

como a los centros en los que están escolarizados. En

suma, se trata de mejorar el nivel educativo de todo el

alumnado, conciliando la calidad de la educación con la

equidad de su reparto.

El segundo principio consiste en la necesidad de que

todos los componentes de la comunidad educativa colaboren

para conseguir ese objetivo tan ambicioso. La combinación

de calidad y equidad que implica el principio

anterior exige ineludiblemente la realización de un

esfuerzo compartido. Con frecuencia se viene insistiendo

en el esfuerzo de los estudiantes. Se trata de un principio

fundamental, que no debe ser ignorado, pues sin un

esfuerzo personal, fruto de una actitud responsable y

comprometida con la propia formación, es muy difícil

conseguir el pleno desarrollo de las capacidades individuales.

Pero la responsabilidad del éxito escolar de todo

el alumnado no sólo recae sobre el alumnado individualmente

considerado, sino también sobre sus familias, el

profesorado, los centros docentes, las Administraciones

educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su

conjunto, responsable última de la calidad del sistema

educativo.

17160 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

El principio del esfuerzo, que resulta indispensable

para lograr una educación de calidad, debe aplicarse a

todos los miembros de la comunidad educativa. Cada

uno de ellos tendrá que realizar una contribución específica.

Las familias habrán de colaborar estrechamente y

deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus

hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y

el profesorado deberán esforzarse por construir entornos

de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes. Las Administraciones

educativas tendrán que facilitar a todos los

componentes de la comunidad escolar el cumplimiento

de sus funciones, proporcionándoles los recursos que

necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso

y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al

sistema educativo y crear un entorno favorable para la

formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente

el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la

consecución de objetivos tan ambiciosos.

Una de las consecuencias más relevantes del principio

del esfuerzo compartido consiste en la necesidad de

llevar a cabo una escolarización equitativa del alumnado.

La Constitución española reconoció la existencia de una

doble red de centros escolares, públicos y privados, y la

Ley Orgánica del Derecho a la Educación dispuso un sistema

de conciertos para conseguir una prestación efectiva

del servicio público y social de la educación, de

manera gratuita, en condiciones de igualdad y en el

marco de la programación general de la enseñanza. Ese

modelo, que respeta el derecho a la educación y a la libertad

de enseñanza, ha venido funcionando satisfactoriamente,

en líneas generales, aunque con el paso del

tiempo se han manifestado nuevas necesidades. Una de

las principales se refiere a la distribución equitativa del

alumnado entre los distintos centros docentes.

Con la ampliación de la edad de escolarización obligatoria

y el acceso a la educación de nuevos grupos estudiantiles,

las condiciones en que los centros desarrollan

su tarea se han hecho más complejas. Resulta, pues,

necesario atender a la diversidad del alumnado y contribuir

de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades

que esa diversidad genera. Se trata, en última instancia,

de que todos los centros, tanto los de titularidad

pública como los privados concertados, asuman su compromiso

social con la educación y realicen una escolarización

sin exclusiones, acentuando así el carácter complementario

de ambas redes escolares, aunque sin perder su

singularidad. A cambio, todos los centros sostenidos con

fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y

humanos necesarios para cumplir sus tareas. Para prestar

el servicio público de la educación, la sociedad debe

dotarlos adecuadamente.

El tercer principio que inspira esta Ley consiste en un

compromiso decidido con los objetivos educativos planteados

por la Unión Europea para los próximos años. El

proceso de construcción europea está llevando a una

cierta convergencia de los sistemas de educación y formación,

que se ha traducido en el establecimiento de

unos objetivos educativos comunes para este inicio del

siglo XXI.

La pretensión de convertirse en la próxima década en

la economía basada en el conocimiento más competitiva

y dinámica, capaz de lograr un crecimiento económico

sostenido, acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa

del empleo y de una mayor cohesión social, se ha

plasmado en la formulación de unos objetivos educativos

comunes. A la vista de la evolución acelerada de la ciencia

y la tecnología y el impacto que dicha evolución tiene en

el desarrollo social, es más necesario que nunca que la

educación prepare adecuadamente para vivir en la nueva

sociedad del conocimiento y poder afrontar los retos que

de ello se derivan.

Es por ello por lo que en primer lugar, la Unión Europea

y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la

eficacia de los sistemas de educación y de formación, lo

que implica mejorar la capacitación de los docentes,

desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del

conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías

de la información y la comunicación, aumentar la

matriculación en los estudios científicos, técnicos y artísticos

y aprovechar al máximo los recursos disponibles,

aumentando la inversión en recursos humanos. En

segundo lugar, se ha planteado facilitar el acceso generalizado

a los sistemas de educación y formación, lo que

supone construir un entorno de aprendizaje abierto,

hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la ciudadanía

activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión

social. En tercer lugar, se ha marcado el objetivo de

abrir estos sistemas al mundo exterior, lo que exige

reforzar los lazos con la vida laboral, con la investigación

y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu

emprendedor, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros,

aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar

la cooperación europea.

El sistema educativo español debe acomodar sus

actuaciones en los próximos años a la consecución de

estos objetivos compartidos con sus socios de la Unión

Europea. En algunos casos, la situación educativa española

se encuentra cercana a la fijada como objetivo para

el final de esta década. En otros, sin embargo, la distancia

es notable. La participación activa de España en la Unión

Europea obliga a la mejora de los niveles educativos,

hasta lograr situarlos en una posición acorde con su posición

en Europa, lo que exige un compromiso y un esfuerzo

decidido, que también esta Ley asume.

Para conseguir que estos principios se conviertan en

realidad, hay que actuar en varias direcciones complementarias.

En primer lugar, se debe concebir la formación

como un proceso permanente, que se desarrolla durante

toda la vida. Si el aprendizaje se ha concebido tradicionalmente

como una tarea que corresponde sobre todo a la

etapa de la niñez y la adolescencia, en la actualidad ese

planteamiento resulta claramente insuficiente. Hoy se

sabe que la capacidad de aprender se mantiene a lo largo

de los años, aunque cambien el modo en que se aprende

y la motivación para seguir formándose. También se sabe

que las necesidades derivadas de los cambios económicos

y sociales obligan a los ciudadanos a ampliar permanentemente

su formación. En consecuencia, la atención

hacia la educación de las personas adultas se ha visto

incrementada.

Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida

implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación

completa, que abarque los conocimientos y las competencias

básicas que resultan necesarias en la sociedad

actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan

la práctica de la ciudadanía democrática, la vida

en común y la cohesión social, que estimule en ellos y

ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de

aprender por sí mismos. Además, supone ofrecer posibilidades

a las personas jóvenes y adultas de combinar el

estudio y la formación con la actividad laboral o con

otras actividades.

Para permitir el tránsito de la formación al trabajo y

viceversa, o de éstas a otras actividades, es necesario

incrementar la flexibilidad del sistema educativo. Aunque

el sistema educativo español haya ido perdiendo parte de

su rigidez inicial con el paso del tiempo, no ha favorecido

en general la existencia de caminos de ida y vuelta hacia

el estudio y la formación. Permitir que los jóvenes que

abandonaron sus estudios de manera temprana puedan

retomarlos y completarlos y que las personas adultas

puedan continuar su aprendizaje a lo largo de la vida

exige concebir el sistema educativo de manera más flexible.

Y esa flexibilidad implica establecer conexiones entre

los distintos tipos de enseñanzas, facilitar el paso de unas

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17161

a otras y permitir la configuración de vías formativas

adaptadas a las necesidades e intereses personales.

La flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada

necesariamente la concesión de un espacio propio de

autonomía a los centros docentes. La exigencia que se le

plantea de proporcionar una educación de calidad a todo

el alumnado, teniendo al mismo tiempo en cuenta la

diversidad de sus intereses, características y situaciones

personales, obliga a reconocerle una capacidad de decisión

que afecta tanto a su organización como a su modo

de funcionamiento. Aunque las Administraciones deban

establecer el marco general en que debe desenvolverse

la actividad educativa, los centros deben poseer un margen

propio de autonomía que les permita adecuar su

actuación a sus circunstancias concretas y a las características

de su alumnado, con el objetivo de conseguir el

éxito escolar de todos los estudiantes. Los responsables

de la educación deben proporcionar a los centros los

recursos y los medios que necesitan para desarrollar su

actividad y alcanzar tal objetivo, mientras que éstos

deben utilizarlos con rigor y eficiencia para cumplir su

cometido del mejor modo posible. Es necesario que la

normativa combine ambos aspectos, estableciendo las

normas comunes que todos tienen que respetar, así

como el espacio de autonomía que se ha de conceder a

los centros docentes.

La existencia de un marco legislativo capaz de combinar

objetivos y normas comunes con la necesaria autonomía

pedagógica y de gestión de los centros docentes

obliga, por otra parte, a establecer mecanismos de evaluación

y de rendición de cuentas. La importancia de los

desafíos que afronta el sistema educativo demanda

como contrapartida una información pública y transparente

acerca del uso que se hace de los medios y los

recursos puestos a su disposición, así como una valoración

de los resultados que con ellos se alcanzan. La evaluación

se ha convertido en un valioso instrumento de

seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos

y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos.

Por ese motivo, resulta imprescindible establecer procedimientos

de evaluación de los distintos ámbitos y agentes

de la actividad educativa, alumnado, profesorado,

centros, currículo, Administraciones, y comprometer a

las autoridades correspondientes a rendir cuentas de la

situación existente y el desarrollo experimentado en

materia de educación.

La actividad de los centros docentes recae, en última

instancia, en el profesorado que en ellos trabaja. Conseguir

que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus

capacidades, en un marco de calidad y equidad, convertir

los objetivos generales en logros concretos, adaptar el

currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas

en que los centros se desenvuelven, conseguir

que los padres y las madres se impliquen en la educación

de sus hijos, no es posible sin un profesorado comprometido

en su tarea. Por una parte, los cambios que se han

producido en el sistema educativo y en el funcionamiento

de los centros docentes obligan a revisar el modelo de la

formación inicial del profesorado y adecuarlo al entorno

europeo. Por otra parte, el desarrollo profesional exige

un compromiso por parte de las Administraciones educativas

por la formación continua del profesorado ligada a

la práctica educativa. Y todo ello resulta imposible sin el

necesario reconocimiento social de la función que los

profesores desempeñan y de la tarea que desarrollan.

Una última condición que debe cumplirse para permitir

el logro de unos objetivos educativos tan ambiciosos

como los propuestos consiste en acometer una simplificación

y una clarificación normativas, en un marco de

pleno respeto al reparto de competencias que en materia

de educación establecen la Constitución española y las

leyes que la desarrollan.

A partir de 1990 se ha producido una proliferación de

leyes educativas y de sus correspondientes desarrollos

reglamentarios, que han ido derogando parcialmente las

anteriores, provocando una falta de claridad en cuanto a

las normas aplicables a la ordenación académica y al funcionamiento

del sistema educativo. En consecuencia,

conviene simplificar la normativa vigente, con el propósito

de hacerla más clara, comprensible y sencilla.

Además, la finalización en el año 2000 del proceso de

transferencias en materia de educación ha creado unas

nuevas condiciones, muy diferentes de las existentes

en 1990, que aconsejan revisar el conjunto de la normativa

vigente para las enseñanzas distintas de las universitarias.

Cuando ya se ha desarrollado plenamente el marco

de reparto de competencias, que en materia de educación

estableció la Constitución española, las nuevas leyes que

se aprueben deben conciliar el respeto a dicho reparto

competencial con la necesaria vertebración territorial del

sistema educativo. La normativa básica estatal, de carácter

común, y la normativa autonómica, aplicable al territorio

correspondiente, deben combinarse con nuevos

mecanismos de cooperación que permitan el desarrollo

concertado de políticas educativas de ámbito supracomunitario.

Con esta Ley se asegura la necesaria homogeneidad

básica y la unidad del sistema educativo y se resalta

el amplio campo normativo y ejecutivo de que disponen

estatutariamente las Comunidades Autónomas para cumplir

los fines del sistema educativo. La Ley contiene una

propuesta de cooperación territorial y entre Administraciones

para desarrollar proyectos y programas de interés

general, para compartir información y aprender de las

mejores prácticas.

Los principios anteriormente enunciados y las vías de

actuación señaladas constituyen el fundamento en que

se asienta la presente Ley. Su objetivo último consiste en

sentar las bases que permitan hacer frente a los importantes

desafíos que la educación española tiene ante sí y

lograr las ambiciosas metas que se ha propuesto para los

próximos años. Para ello, la Ley parte de los avances que

el sistema educativo ha realizado en las últimas décadas,

incorporando todos aquellos aspectos estructurales y de

ordenación que han demostrado su pertinencia y su eficacia

y proponiendo cambios en aquellos otros que

requieren revisión. Se ha huido de la tentación de pretender

cambiar todo el sistema educativo, como si se partiese

de cero, y se ha optado, en cambio, por tener en

cuenta la experiencia adquirida y los avances registrados.

En última instancia, la Ley se asienta en la convicción

de que las reformas educativas deben ser continuas

y paulatinas y que el papel de los legisladores y de los

responsables de la educación no es otro que el de favorecer

la mejora continua y progresiva de la educación que

reciben los ciudadanos.

De acuerdo con tales supuestos de base, la Ley se

estructura en un título preliminar, ocho títulos, treinta y

una disposiciones adicionales, dieciocho disposiciones

transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones

finales.

El título Preliminar comienza con un capítulo dedicado

a los principios y los fines de la educación, que constituyen

los elementos centrales en torno a los cuales debe

organizarse el conjunto del sistema educativo. En un

lugar destacado aparece formulado el principio fundamental

de la calidad de la educación para todo el alumnado,

en condiciones de equidad y con garantía de igualdad

de oportunidades. La participación de la comunidad

educativa y el esfuerzo compartido que debe realizar el

alumnado, las familias, el profesorado, los centros, las

Administraciones, las instituciones y la sociedad en su

conjunto constituyen el complemento necesario para asegurar

una educación de calidad con equidad.

También ocupa un lugar relevante, en la relación de

principios de la educación, la transmisión de aquellos

17162 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad,

la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia,

la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen

la base de la vida en común.

Entre los fines de la educación se resaltan el pleno

desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas

del alumnado, la formación en el respeto de los

derechos y libertades fundamentales y de la igualdad

efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el

reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así

como la valoración crítica de las desigualdades, que permita

superar los comportamientos sexistas. Se asume

así en su integridad el contenido de lo expresado en la

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género.

Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y

de la libertad, dentro de los principios democráticos de

convivencia y la prevención de conflictos y la resolución

pacífica de los mismos. Igualmente se insiste en la

importancia de la preparación del alumnado para el ejercicio

de la ciudadanía y para la participación en la vida

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable.

La relación completa de principios y fines permitirá

asentar sobre bases firmes el conjunto de la actividad

educativa.

De acuerdo con los principios rectores que inspiran la

Ley, la educación se concibe como un aprendizaje permanente,

que se desarrolla a lo largo de la vida. En consecuencia,

todos los ciudadanos deben tener la posibilidad

de formarse dentro y fuera del sistema educativo, con el

fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades,

conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias

para su desarrollo personal y profesional. La Ley

concede al aprendizaje permanente tal importancia que le

dedica, junto a la organización de las enseñanzas, un capítulo

específico del título Preliminar.

En ese mismo capítulo se establece la estructura de

las enseñanzas, recuperando la educación infantil como

una etapa única y consolidando el resto de las enseñanzas

actualmente existentes, por entender que el sistema

educativo ha encontrado en esa organización una base

sólida para su desarrollo. También se regula la educación

básica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución,

tiene carácter obligatorio y gratuito para todos los

niños y jóvenes de ambos sexos y cuya duración se establece

en diez cursos, comprendiendo la educación primaria

y la educación secundaria obligatoria. La atención a la

diversidad se establece como principio fundamental que

debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de

proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada

a sus características y necesidades.

La definición y la organización del currículo constituye

uno de los elementos centrales del sistema educativo.

El título Preliminar dedica un capítulo a este asunto,

estableciendo sus componentes y la distribución de

competencias en su definición y su proceso de desarrollo.

Especial interés reviste la inclusión de las competencias

básicas entre los componentes del currículo, por

cuanto debe permitir caracterizar de manera precisa la

formación que deben recibir los estudiantes. Con el fin

de asegurar una formación común y garantizar la homologación

de los títulos, se encomienda al Gobierno la

fijación de los objetivos, competencias básicas, contenidos

y criterios de evaluación de los aspectos básicos del

currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas, y a

las Administraciones educativas el establecimiento del

currículo de las distintas enseñanzas. Además se hace

referencia a la posibilidad de establecer currículos mixtos

de enseñanzas del sistema educativo español y de

otros sistemas educativos, conducentes a los títulos respectivos.

Se aborda en el título Preliminar, finalmente, la cooperación

territorial y entre Administraciones, con el fin, por

una parte, de lograr la mayor eficacia de los recursos destinados

a la educación, y por otra, de alcanzar los objetivos

establecidos con carácter general, favorecer el conocimiento

y aprecio de la diversidad cultural y lingüística

de las distintas Comunidades Autónomas y contribuir a la

solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la

compensación de las desigualdades. Asimismo, se dispone

la puesta a disposición del alumnado de los recursos

educativos necesarios para asegurar la consecución

de los fines establecidos en la Ley y la mejora permanente

de la educación en España.

En el título I se establece la ordenación de las enseñanzas

y sus etapas. Concebida como una etapa única,

la educación infantil está organizada en dos ciclos que

responden ambos a una intencionalidad educativa, no

necesariamente escolar, y que obliga a los centros a

contar desde el primer ciclo con una propuesta pedagógica

específica. En el segundo ciclo se fomentará una

primera aproximación a la lecto-escritura, a la iniciación

en habilidades lógico-matemáticas, a una lengua extranjera,

al uso de las tecnologías de la información y la

comunicación y al conocimiento de los diferentes lenguajes

artísticos. Se insta a las Administraciones públicas

a que desarrollen progresivamente una oferta suficiente

de plazas en el primer ciclo y se dispone que

puedan establecer conciertos para garantizar la gratuidad

del segundo ciclo.

Las enseñanzas que tienen carácter obligatorio son la

educación primaria y la educación secundaria obligatoria.

En la etapa primaria se pone el énfasis en la atención

a la diversidad del alumnado y en la prevención de las

dificultades de aprendizaje, actuando tan pronto como

éstas se detecten. Una de las novedades de la Ley consiste

en la realización de una evaluación de diagnóstico

de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado

al finalizar el segundo ciclo de esta etapa, que tendrá

carácter formativo y orientador, proporcionará información

sobre la situación del alumnado, de los centros y del

propio sistema educativo y permitirá adoptar las medidas

pertinentes para mejorar las posibles deficiencias.

Otra evaluación similar se llevará a cabo al finalizar el

segundo curso de la educación secundaria obligatoria.

Para favorecer la transición entre la primaria y la secundaria,

el alumnado recibirá un informe personalizado de

su evolución al finalizar la educación primaria e incorporarse

a la etapa siguiente.

La educación secundaria obligatoria debe combinar

el principio de una educación común con la atención a la

diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la

adopción de las medidas organizativas y curriculares

que resulten más adecuadas a las características de su

alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía

pedagógica. Para lograr estos objetivos, se propone una

concepción de las enseñanzas de carácter más común en

los tres primeros cursos, con programas de refuerzo de

las capacidades básicas para el alumnado que lo

requiera, y un cuarto curso de carácter orientador, tanto

para los estudios postobligatorios como para la incorporación

a la vida laboral. En los dos primeros cursos se

establece una limitación del número máximo de materias

que deben cursarse y se ofrecen posibilidades para

reducir el número de profesores que dan clase a un

mismo grupo de alumnos. El último curso se concibe

con una organización flexible de las materias comunes y

optativas, ofreciendo mayores posibilidades de elección

al alumnado en función de sus expectativas futuras y de

sus intereses.

Para atender al alumnado con dificultades especiales

de aprendizaje se incluyen programas de diversificación

curricular desde el tercer curso de esta etapa. Además,

con el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir

expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar

el acceso a la vida laboral, se establecen programas

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17163

de cualificación profesional inicial destinados a alumnos

mayores de dieciséis años que no hayan obtenido el título

de Graduado en educación secundaria obligatoria.

El bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla

en tres modalidades diferentes, organizadas de modo

flexible, en distintas vías que serán el resultado de la libre

elección por los alumnos de materias de modalidad y

optativas. Los alumnos con evaluación positiva en todas

las materias obtendrán el título de Bachiller. Tras la obtención

del título, podrán incorporarse a la vida laboral,

matricularse en la formación profesional de grado superior

o acceder a los estudios superiores. Para acceder a la

universidad será necesaria la superación de una única

prueba homologada a la que podrán presentarse quienes

estén en posesión del título de Bachiller.

En lo que se refiere al currículo, una de las novedades

de la Ley consiste en situar la preocupación por la

educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado

del conjunto de las actividades educativas y en la introducción

de unos nuevos contenidos referidos a esta

educación que, con diferentes denominaciones, de

acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las edades

de los alumnos, se impartirá en algunos cursos de la

educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato.

Su finalidad consiste en ofrecer a todos los estudiantes

un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca

de las características fundamentales y el funcionamiento

de un régimen democrático, de los principios y derechos

establecidos en la Constitución española y en los tratados

y las declaraciones universales de los derechos

humanos, así como de los valores comunes que constituyen

el sustrato de la ciudadanía democrática en un

contexto global. Esta educación, cuyos contenidos no

pueden considerarse en ningún caso alternativos o sustitutorios

de la enseñanza religiosa, no entra en contradicción

con la práctica democrática que debe inspirar el

conjunto de la vida escolar y que ha de desarrollarse

como parte de la educación en valores con carácter

transversal a todas las actividades escolares. La nueva

materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos

a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a

los nuevos ciudadanos.

La formación profesional comprende un conjunto de

ciclos formativos de grado medio y de grado superior que

tienen como finalidad preparar a las alumnas y alumnos

para el desempeño cualificado de las diversas profesiones,

el acceso al empleo y la participación activa en la

vida social, cultural y económica. La Ley introduce una

mayor flexibilidad en el acceso, así como en las relaciones

entre los distintos subsistemas de la formación profesional.

Con objeto de aumentar la flexibilidad del sistema

educativo y favorecer la formación permanente, se establecen

diversas conexiones entre la educación general y

la formación profesional.

Especial mención merecen las enseñanzas artísticas,

que tienen como finalidad proporcionar a los alumnos

una formación artística de calidad y cuya ordenación no

había sido revisada desde 1990. La Ley regula, por una

parte, las enseñanzas artísticas profesionales, que agrupan

las enseñanzas de música y danza de grado medio,

así como las de artes plásticas y diseño de grado medio y

de grado superior. Por otro lado, establece las denominadas

enseñanzas artísticas superiores, que agrupan los

estudios superiores de música y danza, las enseñanzas de

arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración

de bienes culturales y los estudios superiores de

artes plásticas y diseño. Estas últimas enseñanzas tienen

carácter de educación superior y su organización se adecua

a las exigencias correspondientes, lo que implica

algunas peculiaridades en lo que se refiere al establecimiento

de su currículo y la organización de los centros

que las imparten.

La Ley también regula las enseñanzas de idiomas,

disponiendo que serán organizadas por las escuelas oficiales

de idiomas y se adecuarán a los niveles recomendados

por el Consejo de Europa y las enseñanzas deportivas,

que por primera vez se ordenan en una Ley de

educación.

Por último, el título I dedica una especial atención a la

educación de personas adultas, con el objetivo de que

todos los ciudadanos tengan la posibilidad de adquirir,

actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes

para su desarrollo personal y profesional. Para ello,

regula las condiciones en que deben impartirse las enseñanzas

conducentes a títulos oficiales, al tiempo que establece

un marco abierto y flexible para realizar otros

aprendizajes y prevé la posibilidad de validar la experiencia

adquirida por otras vías.

A fin de garantizar la equidad, el título II aborda los

grupos de alumnos que requieren una atención educativa

diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad

específica de apoyo educativo y establece los recursos

precisos para acometer esta tarea con el objetivo de

lograr su plena inclusión e integración. Se incluye concretamente

en este título el tratamiento educativo de las

alumnas y alumnos que requieren determinados apoyos

y atenciones específicas derivadas de circunstancias

sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o

que manifiesten trastornos graves de conducta. El sistema

educativo español ha realizado grandes avances en

este ámbito en las últimas décadas, que resulta necesario

continuar impulsando. También precisan un tratamiento

específico los alumnos con altas capacidades intelectuales

y los que se han integrado tarde en el sistema educativo

español.

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos

se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo

que únicamente de ese modo se garantiza el

desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye

a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad

es una necesidad que abarca a todas las etapas

educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de

contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos

como principio y no como una medida que corresponde

a las necesidades de unos pocos.

La Ley trata asimismo de la compensación de las desigualdades

a través de programas específicos desarrollados

en centros docentes escolares o en zonas geográficas

donde resulte necesaria una intervención educativa compensatoria,

y a través de las becas y ayudas al estudio,

que tienen como objetivo garantizar el derecho a la educación

a los estudiantes con condiciones socioeconómicas

desfavorables. La programación de la escolarización

en centros públicos y privados concertados debe garantizar

una adecuada y equilibrada distribución entre los

centros escolares de los alumnos con necesidad de apoyo

educativo.

El protagonismo que debe adquirir el profesorado se

desarrolla en el título III de la Ley. En él se presta una atención

prioritaria a su formación inicial y permanente, cuya

reforma debe llevarse a cabo en los próximos años, en el

contexto del nuevo espacio europeo de educación superior

y con el fin de dar respuesta a las necesidades y a las

nuevas demandas que recibe el sistema educativo. La

formación inicial debe incluir, además de la adecuada

preparación científica, una formación pedagógica y didáctica

que se completará con la tutoría y asesoramiento a

los nuevos profesores por parte de compañeros experimentados.

Por otra parte, el título aborda la mejora de las

condiciones en que el profesorado realiza su trabajo, así

como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la

función docente.

El título IV trata de los centros docentes, su tipología y

su régimen jurídico, así como de la programación de la

red de centros desde la consideración de la educación

17164 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

como servicio público. Asimismo, se establece la posibilidad

de que los titulares de los centros privados definan el

carácter propio de los mismos respetando el marco constitucional.

Los centros privados que ofrezcan enseñanzas

declaradas gratuitas podrán acogerse al régimen de conciertos,

estableciéndose los requisitos que deben cumplir

los centros privados concertados.

La Ley concibe la participación como un valor básico

para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables

y comprometidos y, por ello, las Administraciones

educativas garantizarán la participación de la

comunidad educativa en la organización, el gobierno, el

funcionamiento y la evaluación de los centros educativos,

tal como establece el título V. Se presta particular atención

a la autonomía de los centros docentes, tanto en lo pedagógico,

a través de la elaboración de sus proyectos educativos,

como en lo que respecta a la gestión económica

de los recursos y a la elaboración de sus normas de organización

y funcionamiento. La Ley otorga mayor protagonismo

a los órganos colegiados de control y gobierno de

los centros, que son el Consejo Escolar, el Claustro de

Profesores y los órganos de coordinación docente, y

aborda las competencias de la dirección de los centros

públicos, el procedimiento de selección de los directores

y el reconocimiento de la función directiva.

El título VI se dedica a la evaluación del sistema educativo,

que se considera un elemento fundamental para la

mejora de la educación y el aumento de la transparencia

del sistema educativo. La importancia concedida a la evaluación

se pone de manifiesto en el tratamiento de los

distintos ámbitos en que debe aplicarse, que abarcan los

procesos de aprendizaje de los alumnos, la actividad del

profesorado, los procesos educativos, la función directiva,

el funcionamiento de los centros docentes, la inspección

y las propias Administraciones educativas. La evaluación

general del sistema educativo se atribuye al

Instituto de Evaluación, que trabajará en colaboración con

los organismos correspondientes que establezcan las

Comunidades Autónomas. Con el propósito de rendir

cuentas acerca del funcionamiento del sistema educativo,

se dispone la presentación de un informe anual al Parlamento,

que sintetice los resultados que arrojan las evaluaciones

generales de diagnóstico, los de otras pruebas

de evaluación que se realicen, los principales indicadores

de la educación española y los aspectos más destacados

del informe anual del Consejo Escolar del Estado.

En el título VII se encomienda a la inspección educativa

el apoyo a la elaboración de los proyectos educativos

y la autoevaluación de los centros escolares, como pieza

clave para la mejora del sistema educativo. Al Estado le

corresponde la Alta Inspección. Se recogen las funciones

de la inspección educativa y su organización, así como las

atribuciones de los inspectores.

El título VIII aborda la dotación de recursos económicos

y el incremento del gasto público en educación para

cumplir los objetivos de esta Ley cuyo detalle se recoge

en la Memoria económica que la acompaña. Dicha

Memoria recoge los compromisos de gasto para el

período de implantación de la Ley, incrementados en el

trámite parlamentario.

Las disposiciones adicionales se refieren al calendario

de aplicación de la Ley, a la enseñanza de religión, a

los libros de texto y materiales curriculares y al calendario

escolar. Una parte importante de las disposiciones

adicionales tiene que ver con el personal docente, estableciéndose

las bases del régimen estatutario de la función

pública docente, las funciones de los cuerpos docentes,

los requisitos de ingreso y acceso a los respectivos

cuerpos, la carrera docente y el desempeño de la función

inspectora.

Otras disposiciones adicionales se refieren a la cooperación

de los municipios con las Administraciones educativas

y los posibles convenios de cooperación que se

pueden establecer entre aquéllas y las Corporaciones

locales, así como al procedimiento de consulta a las

Comunidades Autónomas.

En relación con los centros se prorroga el régimen

actual aplicable a los requisitos que deben cumplir los centros

privados de bachillerato que impartan la modalidad

de ciencias de la naturaleza y de la salud y la modalidad de

tecnología, se establecen las funciones del claustro de profesores

en los centros concertados y se contempla la agrupación

de centros públicos de un ámbito territorial determinado,

la denominación específica del Consejo Escolar,

los convenios con los que impartan ciclos de formación

profesional, así como otros aspectos relativos a los centros

concertados.

Finalmente, se hace referencia al alumnado extranjero,

a las víctimas del terrorismo y de actos de violencia

de género, al régimen de los datos personales de los

alumnos, a la incorporación de créditos para la gratuidad

del segundo ciclo de educación infantil y al fomento de la

igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En las disposiciones transitorias se aborda, entre

otras cuestiones, la jubilación voluntaria anticipada del

profesorado, la movilidad de los funcionarios de los cuerpos

docentes, la duración del mandato de los órganos de

gobierno y el ejercicio de la dirección en los centros

docentes públicos, la formación pedagógica y didáctica,

la adaptación de los centros para impartir la educación

infantil, la modificación de los conciertos y el acceso de

las enseñanzas de idiomas a menores de dieciséis años.

Se recoge una disposición derogatoria única. Las disposiciones

finales abordan, entre otros aspectos, la modificación

de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y

de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función

Pública, la competencia que corresponde al Estado al

amparo de la Constitución para dictar esta Ley, la competencia

para su desarrollo y su carácter orgánico.

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

Principios y fines de la educación

Artículo 1.

Principios.El sistema educativo español, configurado de acuerdo

con los valores de la Constitución y asentado en el respeto

a los derechos y libertades reconocidos en ella, se

inspira en los siguientes principios:

a) La calidad de la educación para todo el alumnado,

independientemente de sus condiciones y circunstancias.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades,

la inclusión educativa y la no discriminación y

actúe como elemento compensador de las desigualdades

personales, culturales, económicas y sociales, con especial

atención a las que deriven de discapacidad.

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que

favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la

igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a

superar cualquier tipo de discriminación.

d) La concepción de la educación como un aprendizaje

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la

vida.

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la

diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades

del alumnado, así como a los cambios que experimentan

el alumnado y la sociedad.

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes,

como medio necesario para el logro de una for

núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17165

BOEmación personalizada, que propicie una educación integral

en conocimientos, destrezas y valores.

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias,

profesores, centros, Administraciones, instituciones y el

conjunto de la sociedad.

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones

organizativas y curriculares en el marco de las

competencias y responsabilidades que corresponden al

Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones

locales y a los centros educativos.

j) La participación de la comunidad educativa en la

organización, gobierno y funcionamiento de los centros

docentes.

k) La educación para la prevención de conflictos y

para la resolución pacífica de los mismos, así como la no

violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar

y social.

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades

y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres

y mujeres.

m) La consideración de la función docente como

factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento

social del profesorado y el apoyo a su tarea.

n) El fomento y la promoción de la investigación, la

experimentación y la innovación educativa.

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo,

tanto en su programación y organización y en los procesos

de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades

Autónomas en la definición, aplicación y evaluación

de las políticas educativas.

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones

educativas con las corporaciones locales en la

planificación e implementación de la política educativa.

Artículo 2.

Fines.1. El sistema educativo español se orientará a la consecución

de los siguientes fines:

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las

capacidades de los alumnos.

b) La educación en el respeto de los derechos y

libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad

de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia,

así como en la prevención de conflictos y la resolución

pacífica de los mismos.

d) La educación en la responsabilidad individual y

en el mérito y esfuerzo personal.

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos

humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación

y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición

de valores que propicien el respeto hacia los seres

vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los

espacios forestales y el desarrollo sostenible.

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para

regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y

conocimientos, así como para desarrollar la creatividad,

la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la

pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad

como un elemento enriquecedor de la sociedad.

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas

de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos,

históricos y artísticos, así como el desarrollo de

hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

i) La capacitación para el ejercicio de actividades

profesionales.

j) La capacitación para la comunicación en la lengua

oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas

extranjeras.

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y

para la participación activa en la vida económica, social y

cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad

de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad

del conocimiento.

2. Los poderes públicos prestarán una atención

prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad

de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación

del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación

de recursos educativos, la investigación, la

experimentación y la renovación educativa, el fomento

de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica,

organizativa y de gestión, la función directiva, la

orientación educativa y profesional, la inspección educativa

y la evaluación.

CAPÍTULO II

La organización de las enseñanzas y el aprendizaje

a lo largo de la vida

Artículo 3.

Las enseñanzas.1. El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos,

grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure

la transición entre los mismos y, en su caso, dentro

de cada uno de ellos.

2. Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo

son las siguientes:

a) Educación infantil.

b) Educación primaria.

c) Educación secundaria obligatoria.

d) Bachillerato.

e) Formación profesional.

f) Enseñanzas de idiomas.

g) Enseñanzas artísticas.

h) Enseñanzas deportivas.

i) Educación de personas adultas.

j) Enseñanza universitaria.

3. La educación primaria y la educación secundaria

obligatoria constituyen la educación básica.

4. La educación secundaria se divide en educación

secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria.

Constituyen la educación secundaria postobligatoria

el bachillerato, la formación profesional de grado

medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y

diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de

grado medio.

5. La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas

superiores, la formación profesional de grado superior,

las enseñanzas profesionales de artes plásticas y

diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de

grado superior constituyen la educación superior.

6. Las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas

y las deportivas tendrán la consideración de enseñanzas

de régimen especial.

7. La enseñanza universitaria se regula por sus normas

específicas.

8. Las enseñanzas a las que se refiere el apartado 2

se adaptarán al alumnado con necesidad específica de

apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el acceso,

la permanencia y la progresión de este alumnado en el

sistema educativo.

9. Para garantizar el derecho a la educación de quienes

no puedan asistir de modo regular a los centros

17166 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación

a distancia o, en su caso, de apoyo y atención educativa

específica.

Artículo 4.

La enseñanza básica.1. La enseñanza básica a la que se refiere el

artícu lo 3.3 de esta Ley es obligatoria y gratuita para todas

las personas.

2. La enseñanza básica comprende diez años de

escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los

seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los alumnos

tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario

cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de

edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en las

condiciones establecidas en la presente Ley.

3. Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza

básica se garantice una educación común para los alumnos,

se adoptará la atención a la diversidad como principio

fundamental. Cuando tal diversidad lo requiera, se

adoptarán las medidas organizativas y curriculares pertinentes,

según lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 5.

El aprendizaje a lo largo de la vida.1. Todas las personas deben tener la posibilidad de

formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema

educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y

ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades,

aptitudes y competencias para su desarrollo personal y

profesional.

2. El sistema educativo tiene como principio básico

propiciar la educación permanente. A tal efecto, preparará

a los alumnos para aprender por sí mismos y facilitará

a las personas adultas su incorporación a las distintas

enseñanzas, favoreciendo la conciliación del aprendizaje

con otras responsabilidades y actividades.

3. Para garantizar el acceso universal y permanente

al aprendizaje, las diferentes Administraciones públicas

identificarán nuevas competencias y facilitarán la formación

requerida para su adquisición.

4. Asimismo, corresponde a las Administraciones

públicas promover, ofertas de aprendizaje flexibles que

permitan la adquisición de competencias básicas y, en su

caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes

y adultos que abandonaron el sistema educativo sin

ninguna titulación.

5. El sistema educativo debe facilitar y las Administraciones

públicas deben promover que toda la población

llegue a alcanzar una formación de educación secundaria

postobligatoria o equivalente.

6. Corresponde a las Administraciones públicas facilitar

el acceso a la información y a la orientación sobre las

ofertas de aprendizaje permanente y las posibilidades de

acceso a las mismas.

CAPÍTULO III

Currículo

Artículo 6.

Currículo.1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se

entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias

básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios

de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas

en la presente Ley.

2. Con el fin de asegurar una formación común y

garantizar la validez de los títulos correspondientes, el

Gobierno fijará, en relación con los objetivos, competencias

básicas, contenidos y criterios de evaluación, los

aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas

mínimas a las que se refiere la disposición adicional

primera, apartado 2, letra c) de la Ley Orgánica 8/1985,

de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

3. Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas

requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares

para las Comunidades Autónomas que tengan lengua

cooficial y el 65 por ciento para aquéllas que no la tengan.

4. Las Administraciones educativas establecerán el

currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la presente

Ley, del que formarán parte los aspectos básicos

señalados en apartados anteriores. Los centros docentes

desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de

las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía y tal

como se recoge en el capítulo II del título V de la presente

Ley.

5. Los títulos correspondientes a las enseñanzas

reguladas por esta Ley serán homologados por el Estado

y expedidos por las Administraciones educativas en las

condiciones previstas en la legislación vigente y en las

normas básicas y específicas que al efecto se dicten.

6. En el marco de la cooperación internacional en

materia de educación, el Gobierno, de acuerdo con lo

establecido en el apartado 4 de este artículo, podrá establecer

currículos mixtos de enseñanzas del sistema educativo

español y de otros sistemas educativos, conducentes

a los títulos respectivos.

CAPÍTULO IV

Cooperación entre Administraciones educativas

Artículo 7.

Concertación de políticas educativas.Las Administraciones educativas podrán concertar el

establecimiento de criterios y objetivos comunes con el

fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar

la equidad. La Conferencia Sectorial de Educación

promoverá este tipo de acuerdos y será informada de

todos los que se adopten.

Artículo 8.

Cooperación entre Administraciones.1. Las Administraciones educativas y las Corporaciones

locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el

ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia

de los recursos destinados a la educación y contribuir

a los fines establecidos en esta Ley.

2. Las ofertas educativas dirigidas a personas en

edad de escolarización obligatoria que realicen las Administraciones

u otras instituciones públicas, así como las

actuaciones que tuvieran finalidades educativas o consecuencias

en la educación de los niños y jóvenes, deberán

hacerse en coordinación con la Administración educativa

correspondiente.

3. Las Comunidades Autónomas podrán convenir la

delegación de competencias de gestión de determinados

servicios educativos en los municipios o agrupaciones de

municipios que se configuren al efecto, a fin de propiciar

una mayor eficacia, coordinación y control social en el

uso de los recursos.

Artículo 9.

Programas de cooperación territorial.1. El Estado promoverá programas de cooperación

territorial con el fin de alcanzar los objetivos educativos

de carácter general, reforzar las competencias básicas de

los estudiantes, favorecer el conocimiento y aprecio por

parte del alumnado de la riqueza cultural y lingüística de

las distintas Comunidades Autónomas, así como contribuir

a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial

en la compensación de desigualdades.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17167

2. Los programas a los que se refiere este artículo

podrán llevarse a cabo mediante convenios o acuerdos

entre las diferentes Administraciones educativas competentes.

Artículo 10.

Difusión de información.1. Corresponde a las Administraciones educativas

facilitar el intercambio de información y la difusión de

buenas prácticas educativas o de gestión de los centros

docentes, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de la

educación.

2. Las Administraciones educativas proporcionarán

los datos necesarios para la elaboración de las estadísticas

educativas nacionales e internacionales que corresponde

efectuar al Estado, las cuales contribuyen a la gestión,

planificación, seguimiento y evaluación del sistema

educativo, así como a la investigación educativa. Asimismo,

las Administraciones educativas harán públicos

los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la

transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación

educativa.

Artículo 11.

Oferta y recursos educativos.1. El Estado promoverá acciones destinadas a favorecer

que todos los alumnos puedan elegir las opciones

educativas que deseen con independencia de su lugar de

residencia, de acuerdo con los requisitos académicos

establecidos en cada caso.

2. Corresponde a las Administraciones educativas,

en aplicación del principio de colaboración, facilitar el

acceso a enseñanzas de oferta escasa y a centros de zonas

limítrofes a los alumnos que no tuvieran esa oferta educativa

en centros próximos o de su misma Comunidad

Autónoma. A tal efecto, en los procedimientos de admisión

de alumnos se tendrá en cuenta esta circunstancia.

3. Con la misma finalidad, y en aplicación del principio

de colaboración, corresponde a las Administraciones

educativas facilitar a alumnos y profesores de otras

Comunidades Autónomas el acceso a sus instalaciones

con valor educativo y la utilización de sus recursos.

TÍTULO I

Las Enseñanzas y su Ordenación

CAPÍTULO I

Educación infantil

Artículo 12.

Principios generales.1. La educación infantil constituye la etapa educativa

con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el

nacimiento hasta los seis años de edad.

2. La educación infantil tiene carácter voluntario y su

finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo,

social e intelectual de los niños.

3. Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental

de las madres y padres o tutores en esta etapa, los

centros de educación infantil cooperarán estrechamente

con ellos.

Artículo 13.

Objetivos.La educación infantil contribuirá a desarrollar en las

niñas y niños las capacidades que les permitan:

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades

de acción y aprender a respetar las diferencias.

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y

social.

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades

habituales.

d) Desarrollar sus capacidades afectivas.

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente

pautas elementales de convivencia y relación

social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de

conflictos.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes

lenguajes y formas de expresión.

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas,

en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el

ritmo.

Artículo 14.

Ordenación y principios pedagógicos.1. La etapa de educación infantil se ordena en dos

ciclos. El primero comprende hasta los tres años, y el

segundo, desde los tres a los seis años de edad.

2. El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido

por los centros educativos en una propuesta pedagógica.

3. En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá

progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento

y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones

de la comunicación y del lenguaje, a las pautas

elementales de convivencia y relación social, así como al

descubrimiento de las características físicas y sociales del

medio en el que viven. Además se facilitará que niñas y

niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada

y adquieran autonomía personal.

4. Los contenidos educativos de la educación infantil

se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios

de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán

por medio de actividades globalizadas que tengan

interés y significado para los niños.

5. Corresponde a las Administraciones educativas

fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera

en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación

infantil, especialmente en el último año. Asimismo,

fomentarán una primera aproximación a la lectura y a la

escritura, así como experiencias de iniciación temprana

en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la

información y la comunicación y en la expresión visual y

musical.

6. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán

en las experiencias, las actividades y el juego y se

aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para

potenciar su autoestima e integración social.

7. Las Administraciones educativas determinarán los

contenidos educativos del primer ciclo de la educación

infantil de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo.

Asimismo, regularán los requisitos que hayan de cumplir

los centros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo

caso, a la relación numérica alumnado-profesor, a las instalaciones

y al número de puestos escolares.

Artículo 15.

Oferta de plazas y gratuidad.1. Las Administraciones públicas promoverán un

incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en

el primer ciclo. Asimismo coordinarán las políticas de

cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar

la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán

las condiciones en las que podrán establecerse convenios

con las corporaciones locales, otras Administraciones y

entidades privadas sin fines de lucro.

2. El segundo ciclo de la educación infantil será gratuito.

A fin de atender las demandas de las familias, las

17168 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

Administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente

de plazas en los centros públicos y concertarán con

centros privados, en el contexto de su programación educativa.

3. Los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación

infantil, el segundo o ambos.

4. De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones

educativas, el primer ciclo de la educación infantil

podrá ofrecerse en centros que abarquen el ciclo completo

o una parte del mismo. Aquellos centros cuya oferta

sea de al menos un año completo del citado ciclo deberán

incluir en su proyecto educativo la propuesta pedagógica

a la que se refiere el apartado 2 del artículo 14 y deberán

contar con el personal cualificado en los términos recogidos

en el artículo 92.

CAPÍTULO II

Educación primaria

Artículo 16.

Principios generales.1. La educación primaria es una etapa educativa que

comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente

entre los seis y los doce años de edad.

2. La finalidad de la educación primaria es proporcionar

a todos los niños y niñas una educación que permita

afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar,

adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la

expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y

al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales,

los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la

creatividad y la afectividad.

3. La acción educativa en esta etapa procurará la

integración de las distintas experiencias y aprendizajes

del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.

Artículo 17.

Objetivos de la educación primaria.La educación primaria contribuirá a desarrollar en los

niños y niñas las capacidades que les permitan:

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse

para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de

una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de

equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el

aprendizaje.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la

resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse

con autonomía en el ámbito familiar y doméstico,

así como en los grupos sociales con los que se relacionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes

culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad

de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la

no discriminación de personas con discapacidad.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua

castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad

Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la

competencia comunicativa básica que les permita expresar

y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en

situaciones cotidianas.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas

e iniciarse en la resolución de problemas que requieran

la realización de operaciones elementales de cálculo,

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser

capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural,

así como las posibilidades de acción y cuidado del

mismo.

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de

las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando

un espíritu crítico ante los mensajes que reciben

y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones

artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas

visuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio

cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar

la educación física y el deporte como medios para favorecer

el desarrollo personal y social.

l) Conocer y valorar los animales más próximos al

ser humano y adoptar modos de comportamiento que

favorezcan su cuidado.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos

los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los

demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto

que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.

Artículo 18.

Organización.1. La etapa de educación primaria comprende tres

ciclos de dos años académicos cada uno y se organiza en

áreas, que tendrán un carácter global e integrador.

2. Las áreas de esta etapa educativa son las

siguientes:

Conocimiento del medio natural, social y cultural.

Educación artística.

Educación física.

Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua

cooficial y literatura.

Lengua extranjera.

Matemáticas.

3. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a

las áreas incluidas en el apartado anterior se añadirá la de

educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en

la que se prestará especial atención a la igualdad entre

hombres y mujeres.

4. En el tercer ciclo de la etapa, las Administraciones

educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera.

5. Las áreas que tengan carácter instrumental para la

adquisición de otros conocimientos recibirán especial

consideración.

6. En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará

el proceso educativo individual y colectivo del alumnado.

Artículo 19.

Principios pedagógicos.1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la

atención a la diversidad del alumnado, en la atención

individualizada, en la prevención de las dificultades de

aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de

refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.

2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas

de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las

tecnologías de la información y la comunicación y la educación

en valores se trabajarán en todas las áreas.

3. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará

un tiempo diario a la misma.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17169

Artículo 20.

Evaluación.1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del

alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su

progreso en el conjunto de las áreas.

2. El alumnado accederá al ciclo educativo o etapa

siguiente siempre que se considere que ha alcanzado las

competencias básicas correspondientes y el adecuado

grado de madurez.

3. No obstante lo señalado en el apartado anterior, el

alumnado que no haya alcanzado alguno de los objetivos

de las áreas podrán pasar al ciclo o etapa siguiente siempre

que esa circunstancia no les impida seguir con aprovechamiento

el nuevo curso. En este caso recibirán los

apoyos necesarios para recuperar dichos objetivos.

4. En el supuesto de que un alumno no haya alcanzado

las competencias básicas, podrá permanecer un

curso más en el mismo ciclo. Esta medida podrá adoptarse

una sola vez a lo largo de la educación primaria y

con un plan específico de refuerzo o recuperación de sus

competencias básicas.

5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso

de formación del alumnado, cada alumno dispondrá al

finalizar la etapa de un informe sobre su aprendizaje, los

objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas,

según dispongan las Administraciones educativas.

Asimismo las Administraciones educativas establecerán

los pertinentes mecanismos de coordinación.

Artículo 21.

Evaluación de diagnóstico.Al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria

todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico

de las competencias básicas alcanzadas por sus

alumnos. Esta evaluación, competencia de las Administraciones

educativas, tendrá carácter formativo y orientador

para los centros e informativo para las familias y

para el conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones

tendrán como marco de referencia las evaluaciones

generales de diagnóstico que se establecen en el

artícu lo 144.1 de esta Ley.

CAPÍTULO III

Educación secundaria obligatoria

Artículo 22.

Principios generales.1. La etapa de educación secundaria obligatoria

comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente

entre los doce y los dieciséis años de edad.

2. La finalidad de la educación secundaria obligatoria

consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran

los elementos básicos de la cultura, especialmente en

sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y

de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios

posteriores y para su inserción laboral y formarles para el

ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como

ciudadanos.

3. En la educación secundaria obligatoria se prestará

especial atención a la orientación educativa y profesional

del alumnado.

4. La educación secundaria obligatoria se organizará

de acuerdo con los principios de educación común y de

atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las

Administraciones educativas regular las medidas de atención

a la diversidad, organizativas y curriculares, que

permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía,

una organización flexible de las enseñanzas.

5. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior

se contemplarán las adaptaciones del currículo, la

integración de materias en ámbitos, los agrupamientos

flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de

materias optativas, programas de refuerzo y programas

de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo.

6. En el marco de lo dispuesto en los apartados 4 y 5,

los centros educativos tendrán autonomía para organizar

los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar

las medidas de atención a la diversidad adecuadas a

las características de su alumnado.

7. Las medidas de atención a la diversidad que adopten

los centros estarán orientadas a la consecución de los

objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte

de todo su alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer

una discriminación que les impida alcanzar dichos

objetivos y la titulación correspondiente.

Artículo 23.

Objetivos.La educación secundaria obligatoria contribuirá a

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades

que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los

derechos humanos como valores comunes de una sociedad

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía

democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina,

estudio y trabajo individual y en equipo como condición

necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad

de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los

estereotipos que supongan discriminación entre hombres

y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver

pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de

las fuentes de información para, con sentido crítico,

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las

de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber

integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así

como conocer y aplicar los métodos para identificar los

problemas en los diversos campos del conocimiento y de

la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza

en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa

personal y la capacidad para aprender a aprender,

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente

y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y

mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la

lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas

extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos

de la cultura y la historia propias y de los demás, así como

el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio

cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la

educación física y la práctica del deporte para favorecer el

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valo

Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

17170rar críticamente los hábitos sociales relacionados con la

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y

mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje

de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando

diversos medios de expresión y representación.

Artículo 24.

y tercero.

Organización de los cursos primero, segundo1. Las materias de los cursos primero a tercero de la

etapa serán las siguientes:

Ciencias de la naturaleza.

Educación física.

Ciencias sociales, geografía e historia.

Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua

cooficial y literatura.

Lengua extranjera.

Matemáticas.

Educación plástica y visual.

Música.

Tecnologías.

2. Además, en cada uno de los cursos todos los

alumnos cursarán las materias siguientes:

Ciencias de la naturaleza.

Educación física.

Ciencias sociales, geografía e historia.

Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua

cooficial y literatura.

Lengua extranjera.

Matemáticas.

3. En uno de los tres primeros cursos todos los

alumnos cursarán la materia de educación para la ciudadanía

y los derechos humanos en la que se prestará especial

atención a la igualdad entre hombres y mujeres.

4. En el tercer curso la materia de ciencias de la naturaleza

podrá desdoblarse en biología y geología, por un

lado, y física y química por otro.

5. Asimismo, en el conjunto de los tres cursos, los

alumnos podrán cursar alguna materia optativa. La oferta

de materias en este ámbito de optatividad deberá incluir

una segunda lengua extranjera y cultura clásica. Las

Administraciones educativas podrán incluir la segunda

lengua extranjera entre las materias a las que se refiere el

apartado 1.

6. En cada uno de los cursos primero y segundo los

alumnos cursarán un máximo de dos materias más que

en el último ciclo de educación primaria.

7. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas

de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las

tecnologías de la información y la comunicación y la educación

en valores se trabajarán en todas las áreas.

8. Los centros educativos podrán organizar, de

acuerdo con lo que regulen las Administraciones educativas,

programas de refuerzo de las capacidades básicas

para aquellos alumnos que, en virtud del informe al que

se hace referencia en el artículo 20.5, así lo requieran para

poder seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la

educación secundaria.

Artículo 25.

Organización del cuarto curso.1. Todos los alumnos deberán cursar en el cuarto

curso las materias siguientes:

Educación física.

Educación ético-cívica.

Ciencias sociales, geografía e historia.

Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua

cooficial y literatura.

Matemáticas.

Primera lengua extranjera.

2. Además de las materias enumeradas en el apartado

anterior, los alumnos deberán cursar tres materias

de las siguientes:

Biología y geología.

Educación plástica y visual.

Física y química.

Informática.

Latín.

Música.

Segunda lengua extranjera.

Tecnología.

3. Los alumnos podrán cursar una o más materias

optativas de acuerdo con el marco que establezcan las

Administraciones educativas.

4. En la materia de educación ético-cívica se prestará

especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas

de las materias de este cuarto curso, la comprensión

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,

las tecnologías de la información y la comunicación

y la educación en valores se trabajarán en todas las

áreas.

6. Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto

para los estudios postobligatorios como para la incorporación

a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los

alumnos, se podrán establecer agrupaciones de estas

materias en diferentes opciones.

7. Los centros deberán ofrecer la totalidad de las

materias y opciones citadas en los apartados anteriores.

Sólo se podrá limitar la elección de materias y opciones

de los alumnos cuando haya un número insuficiente de

los mismos para alguna de ellas a partir de criterios objetivos

establecidos previamente por las Administraciones

educativas.

Artículo 26.

Principios pedagógicos.1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas

para esta etapa desde la consideración de la atención

a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación

común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan

en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los

alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos

y promuevan el trabajo en equipo.

2. En esta etapa se prestará una atención especial a

la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas

y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso

de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura,

se dedicará un tiempo a la misma en la práctica

docente de todas las materias.

3. Las Administraciones educativas establecerán las

condiciones que permitan que, en los primeros cursos de

la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan

más de una materia al mismo grupo de alumnos.

4. Corresponde a las Administraciones educativas

promover las medidas necesarias para que la tutoría personal

de los alumnos y la orientación educativa, psicopedagógica

y profesional, constituyan un elemento fundamental

en la ordenación de esta etapa.

5. Asimismo, corresponde a las Administraciones

educativas regular soluciones específicas para la atención

de aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales

de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria

de los centros, de los alumnos de alta capacidad

intelectual y de los alumnos con discapacidad.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17171

Artículo 27.

Programas de diversificación curricular.1. En la definición de las enseñanzas mínimas de la

etapa se incluirán las condiciones básicas para establecer

las diversificaciones del currículo desde tercer curso de

educación secundaria obligatoria, para el alumnado que

lo requiera tras la oportuna evaluación. En este supuesto,

los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología

específica a través de una organización de contenidos,

actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente

a la establecida con carácter general.

2. Los alumnos que una vez cursado segundo no

estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan

repetido ya una vez en secundaria, podrán incorporarse a

un programa de diversificación curricular, tras la oportuna

evaluación.

3. Los programas de diversificación curricular estarán

orientados a la consecución del título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 28.

Evaluación y promoción.1. La evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado de la educación secundaria obligatoria será

continua y diferenciada según las distintas materias del

currículo.

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado

de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de

forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno

respectivo, atendiendo a la consecución de los objetivos.

Las decisiones sobre la obtención del título al final de la

misma serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto

de profesores del alumno respectivo, atendiendo a

la consecución de las competencias básicas y los objetivos

de la etapa.

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior,

los alumnos promocionarán de curso cuando hayan

superado los objetivos de las materias cursadas o tengan

evaluación negativa en dos materias, como máximo y

repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en

tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse

la promoción de un alumno con evaluación negativa en

tres materias cuando el equipo docente considere que la

naturaleza de las mismas no le impide seguir con éxito el

curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables

de recuperación y que dicha promoción beneficiará

su evolución académica. Las Administraciones educativas

regularán las actuaciones del equipo docente responsable

de la evaluación.

4. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación

de las materias con evaluación negativa, las Administraciones

educativas regularán las condiciones para

que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias

en las condiciones que determinen.

5. Quienes promocionen sin haber superado todas

las materias seguirán los programas de refuerzo que

establezca el equipo docente y deberán superar las evaluaciones

correspondientes a dichos programas de

refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los

efectos de promoción y titulación previstos en los apartados

anteriores.

6. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola

vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando

esta segunda repetición deba producirse en el último

curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad

al que se refiere el apartado 2 del artículo 4. Excepcionalmente,

un alumno podrá repetir una segunda vez en

cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de

la etapa.

7. En todo caso, las repeticiones se planificarán de

manera que las condiciones curriculares se adapten a las

necesidades del alumno y estén orientadas a la superación

de las dificultades detectadas.

8. Los alumnos que al finalizar el cuarto curso de

educación secundaria obligatoria no hayan obtenido la

titulación establecida en el artículo 31.1 de esta Ley

podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias

que no hayan superado.

9. Los alumnos que cursen los programas de diversificación

curricular a los que se refiere el artículo 27,

serán evaluados de conformidad con los objetivos de la

etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de

los respectivos programas.

Artículo 29.

Evaluación de diagnóstico.Al finalizar el segundo curso de la educación secundaria

obligatoria todos los centros realizarán una evaluación

de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas

por sus alumnos. Esta evaluación será competencia de las

Administraciones educativas y tendrá carácter formativo

y orientador para los centros e informativo para las familias

y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas

evaluaciones tendrán como marco de referencia las evaluaciones

generales de diagnóstico que se establecen en

el artículo 144.1 de esta Ley.

Artículo 30.

Programas de cualificación profesional inicial.1. Corresponde a las Administraciones educativas

organizar programas de cualificación profesional inicial

destinados al alumnado mayor de dieciséis años, cumplidos

antes del 31 de diciembre del año del inicio del programa,

que no hayan obtenido el título de Graduado en

educación secundaria obligatoria. Excepcionalmente, y

con el acuerdo de alumnos y padres o tutores, dicha edad

podrá reducirse a quince años para aquéllos que cumplan

lo previsto en el artículo 27.2. En este caso, el alumno

adquirirá el compromiso de cursar los módulos a los que

hace referencia el apartado 3.c) de este artículo.

2. El objetivo de los programas de cualificación profesional

inicial es que todos los alumnos alcancen competencias

profesionales propias de una cualificación de

nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales creado por la Ley 5/2002, de

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,

así como que tengan la posibilidad de una inserción

sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias

básicas para proseguir estudios en las diferentes

enseñanzas.

3. Los programas de cualificación profesional inicial

incluirán tres tipos de módulos:

a) Módulos específicos referidos a las unidades de

competencia correspondientes a cualificaciones de nivel

uno del Catálogo citado.

b) Módulos formativos de carácter general, que

amplíen competencias básicas y favorezcan la transición

desde el sistema educativo al mundo laboral.

c) Módulos de carácter voluntario para los alumnos,

que conduzcan a la obtención del título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria y que podrán cursarse de

manera simultánea con los módulos a los que se refieren los

anteriores párrafos a) y b) o una vez superados éstos.

4. Los alumnos que superen los módulos obligatorios

de estos programas obtendrán una certificación

académica expedida por las Administraciones educativas.

Esta certificación tendrá efectos de acreditación de

las competencias profesionales adquiridas en relación

con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación

Profesional.

5. La oferta de programas de cualificación profesional

inicial podrá adoptar modalidades diferentes. Podrán

17172 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

participar en estos programas los centros educativos, las

corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las

organizaciones no gubernamentales y otras entidades

empresariales y sindicales, bajo la coordinación de las

Administraciones educativas.

6. Corresponde a las Administraciones educativas

regular los programas de cualificación profesional inicial,

que serán ofrecidos, en todo caso, en centros públicos y

privados concertados a fin de posibilitar al alumnado el

acceso a dichos programas.

Artículo 31.

Obligatoria.

Título de Graduado en Educación Secundaria1. Los alumnos que al terminar la educación secundaria

obligatoria hayan alcanzado las competencias básicas

y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado

en Educación Secundaria Obligatoria.

2. El título de Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria permitirá acceder al bachillerato, a la formación

profesional de grado medio, a los ciclos de grado

medio de artes plásticas y diseño, a las enseñanzas deportivas

de grado medio y al mundo laboral.

3. Los alumnos que cursen la educación secundaria

obligatoria y no obtengan el título al que se refiere este

artículo recibirán un certificado de escolaridad en el que

consten los años cursados.

CAPÍTULO IV

Bachillerato

Artículo 32.

Principios generales.1. El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a

los alumnos formación, madurez intelectual y humana,

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad

y competencia. Asimismo, capacitará a los

alumnos para acceder a la educación superior.

2. Podrán acceder a los estudios del bachillerato los

alumnos que estén en posesión del título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria.

3. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará

en modalidades diferentes, se organizará de modo

flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda

ofrecer una preparación especializada a los alumnos

acorde con sus perspectivas e intereses de formación o

permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado

el mismo.

4. Los alumnos podrán permanecer cursando bachillerato

en régimen ordinario durante cuatro años.

5. Las Administraciones públicas promoverán un

incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en

bachillerato en sus distintas modalidades y vías.

Artículo 33.

Objetivos.El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos

y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una

perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,

inspirada por los valores de la Constitución

española así como por los derechos humanos, que

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una

sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les

permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar

su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente

los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades

entre hombres y mujeres, analizar y valorar

críticamente las desigualdades existentes e impulsar la

igualdad real y la no discriminación de las personas con

discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina,

como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento

del aprendizaje, y como medio de desarrollo

personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita,

la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su

Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más

lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías

de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del

mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los

principales factores de su evolución. Participar de forma

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos

fundamentales y dominar las habilidades básicas

propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales

de la investigación y de los métodos científicos.

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de

la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto

hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza

en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así

como el criterio estético, como fuentes de formación y

enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer

el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el

ámbito de la seguridad vial.

Artículo 34.

Organización.1. Las modalidades del bachillerato serán las

siguientes:

a) Artes.

b) Ciencias y Tecnología.

c) Humanidades y Ciencias Sociales.

2. El bachillerato se organizará en materias comunes,

en materias de modalidad y en materias optativas.

3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, establecerá la estructura de las modalidades,

las materias específicas de cada modalidad y el

número de estas materias que deben cursar los alumnos.

4. Los alumnos podrán elegir entre la totalidad de

las materias de modalidad establecidas. Cada una de las

modalidades podrá organizarse en distintas vías que faciliten

una especialización de los alumnos para su incorporación

a los estudios posteriores o a la vida activa. Los

centros ofrecerán la totalidad de las materias y, en su

caso, vías de cada modalidad. Sólo se podrá limitar la

elección de materias y vías por parte de los alumnos

cuando haya un número insuficiente de los mismos,

según los criterios objetivos establecidos previamente

por las Administraciones educativas.

5. Cuando la oferta de materias en un centro quede

limitada por razones organizativas, las Administraciones

educativas facilitarán que los alumnos puedan cursar

alguna materia en otros centros o mediante la modalidad

de educación a distancia.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17173

6. Las materias comunes del bachillerato serán las

siguientes:

Ciencias para el mundo contemporáneo.

Educación física.

Filosofía y ciudadanía.

Historia de la filosofía.

Historia de España.

Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua

cooficial y literatura.

Lengua extranjera.

7. Corresponde a las Administraciones educativas

la ordenación de las materias optativas. Los centros concretarán

la oferta de estas materias en su proyecto educativo.

8. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, regulará el régimen de reconocimiento recíproco

entre los estudios de bachillerato y los ciclos formativos

de grado medio a fin de que puedan ser tenidos en

cuenta los estudios superados, aun cuando no se haya

alcanzado la titulación correspondiente.

Artículo 35.

Principios pedagógicos.1. Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán

la capacidad del alumno para aprender por sí

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos

de investigación apropiados.

2. Las Administraciones educativas promoverán las

medidas necesarias para que en las distintas materias se

desarrollen actividades que estimulen el interés y el

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente

en público.

Artículo 36.

Evaluación y promoción.1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será

continua y diferenciada según las distintas materias. El

profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si

el alumno ha superado los objetivos de la misma.

2. Los alumnos promocionarán de primero a

segundo de bachillerato cuando hayan superado las

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos

materias, como máximo. En este caso, deberán matricularse

en segundo curso de las materias pendientes de

primero. Los centros educativos deberán organizar las

consiguientes actividades de recuperación y la evaluación

de las materias pendientes.

3. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria

de las materias que no hayan superado, en las

fechas que determinen las Administraciones educativas.

Artículo 37.

Título de Bachiller.1. Los alumnos que cursen satisfactoriamente el

bachillerato en cualquiera de sus modalidades recibirán el

título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y académicos.

Para obtener el título será necesaria la evaluación

positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato.

2. El título de Bachiller facultará para acceder a las

distintas enseñanzas que constituyen la educación superior

establecidas en el artículo 3.5.

Artículo 38.

Prueba de acceso a la universidad.1. Para acceder a los estudios universitarios será

necesaria la superación de una única prueba que, junto

con las calificaciones obtenidas en bachillerato, valorará,

con carácter objetivo, la madurez académica y los conocimientos

adquiridos en él, así como la capacidad para

seguir con éxito los estudios universitarios.

2. Podrán presentarse a la prueba de acceso a la

universidad todos los alumnos que estén en posesión del

título de Bachiller, con independencia de la modalidad y

de la vía cursadas. La prueba tendrá validez para el

acceso a las distintas titulaciones de las universidades

españolas.

3. El Gobierno establecerá las características básicas

de la prueba de acceso a la universidad, previa consulta a

las Comunidades Autónomas, e informe previo del Consejo

de Coordinación Universitaria. Esta prueba tendrá en

cuenta las modalidades de bachillerato y las vías que pueden

seguir los alumnos y versará sobre las materias de

segundo de bachillerato.

4. Las Administraciones educativas y las universidades

organizarán la prueba de acceso, garantizarán la adecuación

de la misma al currículo del bachillerato, así como

la coordinación entre las universidades y los centros que

imparten bachillerato para su organización y realización.

5. Podrán acceder a las universidades españolas, sin

necesidad de realizar la prueba de acceso, los alumnos

procedentes de sistemas educativos de Estados miembros

de la Unión Europea o los de otros Estados con los

que se hayan suscrito Acuerdos internacionales aplicables

a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre

que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos

exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus

universidades.

6. De acuerdo con la legislación vigente, y el apartado

1 de este artículo, el Gobierno establecerá, previo

informe del Consejo de Coordinación Universitaria, la

normativa básica que permita a las universidades fijar los

procedimientos de solicitud de plaza de los alumnos que

hayan superado la prueba de acceso, con independencia

de donde hayan realizado sus estudios previos, la matriculación

y la incorporación de los mismos a la universidad

de su elección, así como la de aquéllos que se

encuentren en la situación a la que se refiere el apartado

anterior.

CAPÍTULO V

Formación profesional

Artículo 39.

Principios generales.1. La formación profesional comprende el conjunto

de acciones formativas que capacitan para el desempeño

cualificado de las diversas profesiones, el acceso al

empleo y la participación activa en la vida social, cultural

y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación

profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción

laboral de los trabajadores así como las orientadas

a la formación continua en las empresas, que

permitan la adquisición y actualización permanente de las

competencias profesionales. La regulación contenida en

la presente Ley se refiere a la formación profesional inicial

que forma parte del sistema educativo.

2. La formación profesional, en el sistema educativo,

tiene por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas

para la actividad en un campo profesional y facilitar su

adaptación a las modificaciones laborales que pueden

producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía

democrática.

3. La formación profesional en el sistema educativo

comprende un conjunto de ciclos formativos con una

organización modular, de duración variable y contenidos

teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.

4. Los ciclos formativos serán de grado medio y de

grado superior, estarán referidos al Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales y constituirán, respectiva

Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

17174mente, la formación profesional de grado medio y la formación

profesional de grado superior. El currículo de

estas enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas

del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional

y a lo establecido en el artículo 6.3 de la presente

Ley.

5. Los estudios de formación profesional regulados

en esta Ley podrán realizarse tanto en los centros educativos

que en ella se regulan como en los centros integrados

y de referencia nacional a los que se refiere el

artícu lo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de

las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes

a los estudios de formación profesional, así como los

aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

Artículo 40.

Objetivos.La formación profesional en el sistema educativo contribuirá

a que los alumnos y las alumnas adquieran las

capacidades que les permitan:

a) Desarrollar la competencia general correspondiente

a la cualificación o cualificaciones objeto de los

estudios realizados.

b) Comprender la organización y las características

del sector productivo correspondiente, así como los

mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación

laboral y los derechos y obligaciones que se derivan

de las relaciones laborales.

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así

como formarse en la prevención de conflictos y en la

resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos

de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad

efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para

acceder a una formación que permita todo tipo de opciones

profesionales y el ejercicio de las mismas.

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así

como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora

de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de

los procesos productivos y al cambio social.

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño

de actividades e iniciativas empresariales.

Artículo 41.

Condiciones de acceso.1. Podrán cursar la formación profesional de grado

medio quienes se hallen en posesión del título de Graduado

en Educación Secundaria Obligatoria. Podrán cursar

la formación profesional de grado superior quienes se

hallen en posesión del título de Bachiller.

2. También podrán acceder a la formación profesional

aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos

académicos, superen una prueba de acceso regulada por

las Administraciones educativas. Para acceder por esta

vía a ciclos formativos de grado medio se requerirá tener

diecisiete años como mínimo, y diecinueve para acceder

a ciclos formativos de grado superior, cumplidos en el

año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita

estar en posesión de un título de Técnico relacionado con

aquél al que se desea acceder.

3. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior

deberán acreditar, para la formación profesional de

grado medio, los conocimientos y habilidades suficientes

para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y,

para la formación profesional de grado superior, la

madurez en relación con los objetivos de bachillerato y

sus capacidades referentes al campo profesional de que

se trate.

4. Corresponde a las Administraciones educativas

regular la exención de la parte de las pruebas que proceda,

para quienes hayan superado un programa de cualificación

profesional inicial, un ciclo formativo de grado

medio, estén en posesión de un certificado de profesionalidad

relacionado con el ciclo formativo que se pretende

cursar o acrediten una determinada cualificación o experiencia

laboral.

5. Las Administraciones educativas podrán programar

y ofertar cursos destinados a la preparación de las

pruebas para el acceso a la formación profesional de

grado medio por parte de quienes hayan superado un

programa de cualificación profesional inicial y para el

acceso a la formación profesional de grado superior por

parte de quienes estén en posesión del título de Técnico al

que se refiere el apartado 1 del artículo 44. Las calificaciones

obtenidas en estos cursos serán tenidas en cuenta en

la nota final de la respectiva prueba de acceso.

Artículo 42.

Contenido y organización de la oferta.1. Corresponde a las Administraciones educativas,

en el ámbito de sus competencias y con la colaboración

de las corporaciones locales y de los agentes sociales y

económicos, programar la oferta de las enseñanzas de

formación profesional, con respeto a los derechos reconocidos

en la presente Ley.

2. El currículo de las enseñanzas de formación profesional

incluirá una fase de formación práctica en los

centros de trabajo, de la que podrán quedar exentos

quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda

con los estudios profesionales cursados. Las

Administraciones educativas regularán esta fase y la

mencionada exención.

3. La formación profesional promoverá la integración

de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos

y garantizará que el alumnado adquiera los conocimientos

y capacidades relacionadas con las áreas

establecidas en la disposición adicional tercera de la

Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la

Formación Profesional.

Artículo 43.

Evaluación.1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los

ciclos formativos se realizará por módulos profesionales.

2. La superación de un ciclo formativo requerirá la

evaluación positiva en todos los módulos que lo componen.

Artículo 44.

Títulos y convalidaciones.1. Los alumnos que superen las enseñanzas de formación

profesional de grado medio recibirán el título de

Técnico de la correspondiente profesión.

El título de Técnico, en el caso del alumnado que haya

cursado la formación profesional de grado medio, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.2, permitirá el

acceso directo a todas las modalidades de Bachillerato.

2. Los alumnos que superen las enseñanzas de formación

profesional de grado superior obtendrán el título

de Técnico Superior. El título de Técnico Superior permitirá

el acceso a los estudios universitarios que determine el

Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas,

e informe del Consejo de Coordinación Universitaria.

3. El Gobierno, oído el Consejo de Coordinación Universitaria,

regulará el régimen de convalidaciones entre

estudios universitarios y estudios de formación profesional

de grado superior.

4. Aquellos alumnos que no superen en su totalidad

las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos recibirán

un certificado académico de los módulos superados

que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de

las competencias profesionales adquiridas en relación

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17175

con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación

Profesional.

CAPÍTULO VI

Enseñanzas artísticas

Artículo 45.

Principios.1. Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad

proporcionar al alumnado una formación artística de calidad

y garantizar la cualificación de los futuros profesionales

de la música, la danza, el arte dramático, las artes

plásticas y el diseño.

2. Son enseñanzas artísticas las siguientes:

a) Las enseñanzas elementales de música y de

danza.

b) Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen

esta condición las enseñanzas profesionales de música y

danza, así como los grados medio y superior de artes

plásticas y diseño.

c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta

condición los estudios superiores de música y de danza,

las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación

y restauración de bienes culturales, los estudios

superiores de diseño y los estudios superiores de artes

plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores

de cerámica y los estudios superiores del vidrio.

3. Se crea el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas,

como órgano consultivo del Estado y de participación

en relación con estas enseñanzas.

4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, regulará la composición y funciones de dicho

Consejo.

Artículo 46.

Ordenación de las enseñanzas.1. El currículo de las enseñanzas artísticas profesionales

será definido por el procedimiento establecido en el

artículo 6 de esta Ley.

2. La definición del contenido de las enseñanzas

artísticas superiores, así como la evaluación de las mismas,

se hará en el contexto de la ordenación de la educación

superior española en el marco europeo y con la participación

del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas

y, en su caso, del Consejo de Coordinación Universitaria.

Artículo 47.

Correspondencia con otras enseñanzas.1. Las Administraciones educativas facilitarán la

posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas

artísticas profesionales y la educación secundaria.

2. Con objeto de hacer efectivo lo previsto en el

apartado anterior, se podrán adoptar las oportunas medidas

de organización y de ordenación académica que

incluirán, entre otras, las convalidaciones y la creación de

centros integrados.

S

DE MÚSICA Y DE DANZA

ECCIÓN PRIMERA. ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALESArtículo 48.

Organización.1. Las enseñanzas elementales de música y de danza

tendrán las características y la organización que las Administraciones

educativas determinen.

2. Las enseñanzas profesionales de música y de

danza se organizarán en un grado de seis cursos de duración.

Los alumnos podrán, con carácter excepcional y

previa orientación del profesorado, matricularse en más

de un curso cuando así lo permita su capacidad de aprendizaje.

3. Con independencia de lo establecido en los apartados

anteriores, podrán cursarse estudios de música o

de danza que no conduzcan a la obtención de títulos con

validez académica o profesional en escuelas específicas,

con organización y estructura diferentes y sin limitación

de edad. Estas escuelas serán reguladas por las Administraciones

educativas.

Artículo 49.

Acceso.Para acceder a las enseñanzas profesionales de

música y de danza será preciso superar una prueba específica

de acceso regulada y organizada por las Administraciones

educativas. Podrá accederse igualmente a cada

curso sin haber superado los anteriores siempre que, a

través de una prueba, el aspirante demuestre tener los

conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento

las enseñanzas correspondientes.

Artículo 50.

Titulaciones.1. La superación de las enseñanzas profesionales de

música o de danza dará derecho a la obtención del título

profesional correspondiente.

2. El alumnado que finalice las enseñanzas profesionales

de música y danza, obtendrá el título de Bachiller si

supera las materias comunes del bachillerato, aunque no

haya realizado el bachillerato de la modalidad de artes en

su vía específica de música y danza.

S

PLÁSTICAS Y DISEÑO

ECCIÓN SEGUNDA. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTESArtículo 51.

Organización.1. Las enseñanzas de artes plásticas y diseño se

organizarán en ciclos de formación específica, según lo

dispuesto al efecto en el capítulo V del título I de la presente

Ley, con las salvedades que se establecen en los

artículos siguientes.

2. Los ciclos formativos a los que se refiere este

artícu lo incluirán fases de formación práctica en empresas,

estudios y talleres.

Artículo 52.

Requisitos de acceso.1. Para acceder al grado medio de las enseñanzas de

artes plásticas y diseño será necesario estar en posesión

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

y, además, acreditar las aptitudes necesarias

mediante la superación de una prueba específica.

2. Podrán acceder al grado superior de artes plásticas

y diseño quienes tengan el título de Bachiller y superen

una prueba que permita demostrar las aptitudes

necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas

de que se trate.

3. También podrán acceder a los grados medio y

superior de estas enseñanzas aquellos aspirantes que,

careciendo de los requisitos académicos, superen una

prueba de acceso. Para acceder por esta vía a ciclos formativos

de grado medio se requerirá tener diecisiete años

como mínimo, y diecinueve para el acceso al grado superior,

cumplidos en el año de realización de la prueba o

dieciocho si se acredita estar en posesión de un título de

Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.

4. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior

deberán acreditar para el grado medio los conocimientos y

habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento

dichas enseñanzas, además de las aptitudes necesarias a

las que se refiere el apartado 1 de este artícu lo. Para el

17176 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

acceso al grado superior deberán acreditar la madurez en

relación con los objetivos del bachillerato y las aptitudes a

las que hace referencia el apartado dos de este artículo.

5. Las Administraciones educativas regularán las

pruebas mencionadas en los apartados anteriores.

Artículo 53.

Titulaciones.1. Los alumnos que superen el grado medio de artes

plásticas y diseño recibirán el título de Técnico de Artes

Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente.

2. El título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permitirá

el acceso directo a la modalidad de artes de bachillerato.

3. Los alumnos que superen el grado superior de

artes plásticas y diseño recibirán el título de Técnico Superior

de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente.

4. El Gobierno, oído el Consejo de Coordinación Universitaria,

regulará el régimen de convalidaciones entre

los estudios universitarios y los ciclos formativos de

grado superior de artes plásticas y diseño.

5. El título de Técnico Superior de Artes Plásticas y

Diseño permitirá el acceso a los estudios superiores, universitarios

o no, que se determinen, teniendo en cuenta

su relación con los estudios de artes plásticas y diseño

correspondientes.

S

ECCIÓN TERCERA. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORESArtículo 54.

Estudios superiores de música y de danza.1. Los estudios superiores de música y de danza se

organizarán en diferentes especialidades y consistirán en

un ciclo de duración variable según sus respectivas características.

2. Para acceder a los estudios superiores de música

o de danza será preciso reunir los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión del título de Bachiller o haber

superado la prueba de acceso a la universidad para

mayores de 25 años.

b) Haber superado una prueba específica de acceso

regulada por las Administraciones educativas en la que el

aspirante demuestre los conocimientos y habilidades profesionales

necesarios para cursar con aprovechamiento

las enseñanzas correspondientes. La posesión del título

profesional será tenida en cuenta en la calificación final

de la prueba.

3. Los alumnos que hayan terminado los estudios

superiores de música o de danza obtendrán el título Superior

de Música o Danza en la especialidad de que se trate,

que será equivalente a todos los efectos al título universitario

de Licenciado o el título de Grado equivalente.

Artículo 55.

Enseñanzas de arte dramático.1. Las enseñanzas de arte dramático comprenderán

un solo grado de carácter superior, de duración adaptada

a las características de estas enseñanzas.

2. Para acceder a las enseñanzas de arte dramático

será preciso:

a) Estar en posesión del título de Bachiller o haber

superado la prueba de acceso a la universidad para

mayores de 25 años.

b) Haber superado una prueba específica, regulada

por las Administraciones educativas, en la que se valorará

la madurez, los conocimientos y las aptitudes necesarias

para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

3. Quienes hayan superado las enseñanzas de arte

dramático obtendrán el título Superior de Arte Dramático,

equivalente a todos los efectos al título universitario de

Licenciado o el título de Grado equivalente.

Artículo 56.

de bienes culturales.

Enseñanzas de conservación y restauración1. Para el acceso a las enseñanzas de conservación y

restauración de bienes culturales se requerirá estar en

posesión del título de Bachiller y superar una prueba de

acceso, regulada por las Administraciones educativas, en

la que se valorarán la madurez, los conocimientos y las

aptitudes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

2. Los alumnos que superen estos estudios obtendrán

el título Superior de Conservación y Restauración de

Bienes Culturales, que será equivalente a todos los efectos

al título universitario de Diplomado o el título de

Grado equivalente.

Artículo 57.

diseño.

Estudios superiores de artes plásticas y1. Tienen la condición de estudios superiores en el

ámbito de las artes plásticas y el diseño los estudios superiores

de artes plásticas y los estudios superiores de

diseño. La ordenación de estos estudios comportará su

organización por especialidades.

2. Para el acceso a los estudios superiores a que se

refiere este artículo se requerirá estar en posesión del

título de Bachiller y superar una prueba de acceso, regulada

por las Administraciones educativas, en la que se

valorarán la madurez, los conocimientos y las aptitudes

para cursar con aprovechamiento estos estudios.

3. Los estudios superiores de artes plásticas, entre

los que se incluyen los estudios superiores de cerámica

y los estudios superiores del vidrio, conducirán al título

Superior de Artes Plásticas en la especialidad que

corresponda, que será equivalente a todos los efectos al

título universitario de Diplomado o el título de Grado

equivalente.

4. Los estudios superiores de diseño conducirán al

título Superior de Diseño, en la especialidad que corresponda,

que será equivalente a todos los efectos al título

universitario de Diplomado o el título de Grado equivalente.

Artículo 58.

superiores.

Organización de las enseñanzas artísticas1. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las

Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas

Artísticas, definir la estructura y el contenido básicos

de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas

superiores regulados en esta Ley.

2. En la definición a que se refiere el apartado anterior,

se regularán las condiciones para la oferta de estudios

de postgrado en los centros de enseñanzas artísticas

superiores. Estos estudios conducirán a títulos equivalentes,

a todos los efectos, a los títulos universitarios de

postgrado.

3. Los estudios superiores de música y de danza se

cursarán en los conservatorios o escuelas superiores de

música y danza y los de arte dramático en las escuelas

superiores de arte dramático; los de conservación y restauración

de bienes culturales en las escuelas superiores

de conservación y restauración de bienes culturales; los

estudios superiores de artes plásticas en las escuelas

superiores de la especialidad correspondiente y los estudios

superiores de diseño en las escuelas superiores de

diseño.

4. Las Comunidades Autónomas y las universidades

de sus respectivos ámbitos territoriales podrán convenir

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17177

fórmulas de colaboración para los estudios de enseñanzas

artísticas superiores regulados en esta Ley.

5. Asimismo las Administraciones educativas fomentarán

convenios con las universidades para la organización

de estudios de doctorado propios de las enseñanzas

artísticas.

6. Los centros superiores de enseñanzas artísticas

fomentarán programas de investigación en el ámbito de

las disciplinas que les sean propias.

CAPÍTULO VII

Enseñanzas de idiomas

Artículo 59.

Organización.1. Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto

capacitar al alumnado para el uso adecuado de los diferentes

idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema

educativo, y se organizan en los niveles siguientes:

básico, intermedio y avanzado.

Las enseñanzas del nivel básico tendrán las características

y la organización que las Administraciones educativas

determinen.

2. Para acceder a las enseñanzas de idiomas será

requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos

en el año en que se comiencen los estudios. Podrán acceder

asimismo los mayores de catorce años para seguir las

enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la educación

secundaria obligatoria.

Artículo 60.

Escuelas oficiales de idiomas.1. Las enseñanzas de idiomas correspondientes a

los niveles intermedio y avanzado a las que se refiere el

artículo anterior serán impartidas en las escuelas oficiales

de idiomas. Las Administraciones educativas regularán

los requisitos que hayan de cumplir las escuelas oficiales

de idiomas, relativos a la relación numérica

alumno-profesor, a las instalaciones y al número de

puestos escolares.

2. Las escuelas oficiales de idiomas fomentarán

especialmente el estudio de las lenguas oficiales de los

Estados miembros de la Unión Europea, de las lenguas

cooficiales existentes en España y del español como lengua

extranjera. Asimismo, se facilitará el estudio de otras

lenguas que por razones culturales, sociales o económicas

presenten un interés especial.

3. Las Administraciones educativas podrán integrar

en las escuelas oficiales de idiomas las enseñanzas de

idiomas a distancia.

4. De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones

educativas, las escuelas oficiales de idiomas

podrán impartir cursos para la actualización de conocimientos

de idiomas y para la formación del profesorado y

de otros colectivos profesionales.

Artículo 61.

Certificados.1. La superación de las exigencias académicas establecidas

para cada uno de los niveles de las enseñanzas de

idiomas dará derecho a la obtención del certificado correspondiente,

cuyos efectos se establecerán en la definición

de los aspectos básicos del currículo de las distintas lenguas.

2. La evaluación de los alumnos que cursen sus

estudios en las escuelas oficiales de idiomas, a los efectos

de lo previsto en el apartado anterior, será hecha por el

profesorado respectivo. Las Administraciones educativas

regularán las pruebas terminales, que realizará el profesorado,

para la obtención de los certificados oficiales de

los niveles básico, intermedio y avanzado.

Artículo 62.

Correspondencia con otras enseñanzas.1. El título de Bachiller habilitará para acceder

directamente a los estudios de idiomas de nivel intermedio

de la primera lengua extranjera cursada en el

bachillerato.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,

las Administraciones educativas facilitarán la realización

de pruebas homologadas para obtener la certificación

oficial del conocimiento de las lenguas cursadas por

los alumnos de educación secundaria y formación profesional.

CAPÍTULO VIII

Enseñanzas deportivas

Artículo 63.

Principios generales.1. Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad

preparar a los alumnos para la actividad profesional

en relación con una modalidad o especialidad

deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución

del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía

activa.

2. Las enseñanzas deportivas contribuirán a que los

alumnos adquieran las capacidades que les permitan:

a) Desarrollar la competencia general correspondiente

al perfil de los estudios respectivos.

b) Garantizar la cualificación profesional de iniciación,

conducción, entrenamiento básico, perfeccionamiento

técnico, entrenamiento y dirección de equipos y

deportistas de alto rendimiento en la modalidad o especialidad

correspondiente.

c) Comprender las características y la organización

de la modalidad o especialidad respectiva y conocer los

derechos y obligaciones que se derivan de sus funciones.

d) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios

para desarrollar su labor en condiciones de seguridad.

3. Las enseñanzas deportivas se organizarán

tomando como base las modalidades deportivas, y, en su

caso, sus especialidades, de conformidad con el reconocimiento

otorgado por el Consejo Superior de Deportes, de

acuerdo con el artículo 8.b) de la Ley 10/1990, de 15 de

octubre, del Deporte. Esta organización se realizará en

colaboración con las Comunidades Autónomas y previa

consulta a sus correspondientes órganos en materia de

enseñanzas deportivas.

4. El currículo de las enseñanzas deportivas se ajustará

a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de

Cualificaciones y Formación Profesional y a lo establecido

en el artículo 6.3 de la presente Ley.

Artículo 64.

Organización.1. Las enseñanzas deportivas se estructurarán en

dos grados, grado medio y grado superior, y podrán estar

referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

2. Para acceder al grado medio será necesario el

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Para acceder al grado superior será necesario el título de

Bachiller y el de Técnico deportivo, en la modalidad o

especialidad correspondiente. En el caso de determinadas

modalidades o especialidades, será además requisito

necesario la superación de una prueba realizada por las

Administraciones educativas, o acreditar un mérito

deportivo en los que se demuestre tener las condiciones

necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas

correspondientes.

17178 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

3. También podrán acceder a los grados medio y

superior de estas enseñanzas aquellos aspirantes que,

careciendo del título de Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria o del título de Bachiller, superen una

prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas.

Para acceder por esta vía al grado medio se

requerirá tener la edad de diecisiete años, y diecinueve

para el acceso al grado superior, cumplidos en el año de

realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en

posesión de un Título de técnico relacionado con aquél al

que se desea acceder.

4. Las pruebas a las que se refiere el apartado

anterior deberán acreditar para el grado medio, los

conocimientos y habilidades suficientes para cursar

con aprovechamiento dichas enseñanzas y, para el

grado superior, la madurez en relación con los objetivos

de bachillerato. En ambos casos, será también

requisito la superación de la prueba o la acreditación

del mérito deportivo a las que hace referencia el apartado

2 de este artículo.

5. Las enseñanzas deportivas se organizarán en bloques

y módulos, de duración variable, constituidos por

áreas de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a los

diversos campos profesionales.

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes

a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos

básicos del currículo de cada una de ellas y los requisitos

mínimos de los centros en los que podrán impartirse las

enseñanzas respectivas.

Artículo 65.

Titulaciones y convalidaciones.1. Quienes superen las enseñanzas deportivas

del grado medio recibirán el título de Técnico Deportivo

en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.

2. Quienes superen las enseñanzas deportivas del

grado superior recibirán el título de Técnico Deportivo

Superior en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.

3. El título de Técnico Deportivo Superior permitirá el

acceso a los estudios universitarios que se determine.

4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas y oído el Consejo de Coordinación Universitaria,

regulará el régimen de convalidaciones entre estudios

universitarios y estudios de enseñanzas deportivas

de grado superior.

CAPÍTULO IX

Educación de personas adultas

Artículo 66.

Objetivos y principios.1. La educación de personas adultas tiene la finalidad

de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la

posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar

sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal

y profesional.

2. Para el logro de la finalidad propuesta, las Administraciones

educativas podrán colaborar con otras Administraciones

públicas con competencias en la formación

de adultos y, en especial, con la Administración laboral,

así como con las corporaciones locales y los diversos

agentes sociales.

3. La educación de personas adultas tendrá los

siguientes objetivos:

a) Adquirir una formación básica, ampliar y renovar

sus conocimientos, habilidades y destrezas de modo permanente

y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas

del sistema educativo.

b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir

una preparación para el ejercicio de otras profesiones.

c) Desarrollar sus capacidades personales, en los

ámbitos expresivos, comunicativo, de relación interpersonal

y de construcción del conocimiento.

d) Desarrollar su capacidad de participación en la

vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo

su derecho a la ciudadanía democrática.

e) Desarrollar programas que corrijan los riesgos de

exclusión social, especialmente de los sectores más desfavorecidos.

f) Responder adecuadamente a los desafíos que

supone el envejecimiento progresivo de la población asegurando

a las personas de mayor edad la oportunidad de

incrementar y actualizar sus competencias.

g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,

familiares y sociales. Fomentar la igualdad efectiva

de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,

así como analizar y valorar críticamente las

desigualdades entre ellos.

4. Las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes

tanto por medio de actividades de enseñanza,

reglada o no reglada, como a través de la experiencia,

laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a

establecer conexiones entre ambas vías y se adoptarán

medidas para la validación de los aprendizajes así adquiridos.

Artículo 67.

Organización.1. Además de las personas adultas, excepcionalmente,

podrán cursar estas enseñanzas los mayores de

dieciséis años que lo soliciten y que tengan un contrato

laboral que no les permita acudir a los centros educativos

en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.

Podrán incorporarse a la educación de personas

adultas quienes cumplan dieciocho años en el año en que

comience el curso.

2. La organización y la metodología de las enseñanzas

para las personas adultas se basarán en el autoaprendizaje

y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades

e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la enseñanza

presencial y también mediante la educación a distancia.

3. Las Administraciones educativas podrán promover

convenios de colaboración para la enseñanza de personas

adultas con las universidades, corporaciones locales

y otras entidades públicas o privadas. En este último

supuesto, se dará preferencia a las asociaciones sin

ánimo de lucro. Estos convenios podrán, asimismo, contemplar

la elaboración de materiales que respondan a las

necesidades técnicas y metodológicas de este tipo de

enseñanzas.

4. Igualmente, corresponde a las Administraciones

educativas promover programas específicos de aprendizaje

de la lengua castellana y de las otras lenguas cooficiales,

en su caso, así como de elementos básicos de la cultura

para facilitar la integración de las personas

inmigrantes.

5. En la educación de personas adultas se prestará

una atención adecuada a aquellas que presenten necesidad

específica de apoyo educativo.

6. En los establecimientos penitenciarios se garantizará

a la población reclusa el acceso a estas enseñanzas.

7. Las enseñanzas para las personas adultas se

organizarán con una metodología flexible y abierta, de

modo que respondan a sus capacidades, necesidades e

intereses.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17179

8. Las Administraciones educativas estimularán la

realización de investigaciones y la difusión de prácticas

innovadoras en el campo de la educación de las personas

adultas, con objeto de permitir el desarrollo de nuevos

modelos educativos y la mejora continua de los

existentes.

Artículo 68.

Enseñanza básica.1. Las personas adultas que quieran adquirir las

competencias y los conocimientos correspondientes a la

educación básica contarán con una oferta adaptada a sus

condiciones y necesidades.

2. Corresponde a las Administraciones educativas,

en el ámbito de sus competencias, organizar periódicamente

pruebas para que las personas mayores de dieciocho

años puedan obtener directamente el título de Graduado

en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que

hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos

de la etapa.

Artículo 69.

Enseñanzas postobligatorias.1. Las Administraciones educativas promoverán

medidas tendentes a ofrecer a todas las personas la oportunidad

de acceder a las enseñanzas de bachillerato o

formación profesional.

2. Corresponde a las Administraciones educativas

adoptar las medidas oportunas para que las personas

adultas dispongan de una oferta específica de estos estudios

organizada de acuerdo con sus características.

3. Igualmente, corresponde a las Administraciones

educativas organizar la oferta pública de educación a distancia

con el fin de dar una respuesta adecuada a la formación

permanente de las personas adultas. Esta oferta

incluirá el uso de las tecnologías de la información y la

comunicación.

4. Las Administraciones educativas, en el ámbito de

sus competencias, organizarán periódicamente pruebas

para obtener directamente el título de Bachiller o alguno

de los títulos de formación profesional, siempre que

demuestren haber alcanzado los objetivos establecidos

en los artículos 33 y 40, así como los fijados en los aspectos

básicos del currículo respectivo. Para presentarse a

las pruebas para la obtención del título de Bachiller se

requiere tener veinte años; dieciocho para el título de

Técnico, veinte para el de Técnico Superior o, en su caso,

diecinueve para aquéllos que estén en posesión del

título de Técnico.

5. Los mayores de diecinueve años de edad podrán

acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores

mediante la superación de una prueba específica,

regulada y organizada por las Administraciones educativas,

que acredite que el aspirante posee la madurez

en relación con los objetivos del bachillerato y los conocimientos,

habilidades y aptitudes necesarios para cursar

con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas.

6. Las personas mayores de 25 años de edad podrán

acceder directamente a la Universidad, sin necesidad de

titulación alguna, mediante la superación de una prueba

específica.

Artículo 70.

Centros.Cuando la educación de las personas adultas conduzca

a la obtención de uno de los títulos establecidos en

la presente Ley, será impartida en centros docentes ordinarios

o específicos, debidamente autorizados por la

Administración educativa competente.

TÍTULO II

Equidad en la Educación

CAPÍTULO I

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

Artículo 71.

Principios.1. Las Administraciones educativas dispondrán los

medios necesarios para que todo el alumnado alcance el

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional,

así como los objetivos establecidos con carácter

general en la presente Ley.

2. Corresponde a las Administraciones educativas

asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y

alumnas que requieran una atención educativa diferente

a la ordinaria, por presentar necesidades educativas

especiales, por dificultades específicas de aprendizaje,

por sus altas capacidades intelectuales, por haberse

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones

personales o de historia escolar, puedan alcanzar el

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales

y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter

general para todo el alumnado.

3. Las Administraciones educativas establecerán

los procedimientos y recursos precisos para identificar

tempranamente las necesidades educativas específicas

de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado

anterior. La atención integral al alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo se iniciará desde el

mismo momento en que dicha necesidad sea identificada

y se regirá por los principios de normalización e

inclusión.

4. Corresponde a las Administraciones educativas

garantizar la escolarización, regular y asegurar la participación

de los padres o tutores en las decisiones que afecten

a la escolarización y a los procesos educativos de este

alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medidas

oportunas para que los padres de estos alumnos reciban

el adecuado asesoramiento individualizado, así como

la información necesaria que les ayude en la educación de

sus hijos.

Artículo 72.

Recursos.1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo

anterior, las Administraciones educativas dispondrán del

profesorado de las especialidades correspondientes y de

profesionales cualificados, así como de los medios y

materiales precisos para la adecuada atención a este

alumnado.

2. Corresponde a las Administraciones educativas

dotar a los centros de los recursos necesarios para atender

adecuadamente a este alumnado. Los criterios para

determinar estas dotaciones serán los mismos para los

centros públicos y privados concertados.

3. Los centros contarán con la debida organización

escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones

curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la

consecución de los fines establecidos.

4. Las Administraciones educativas promoverán la

formación del profesorado y de otros profesionales relacionada

con el tratamiento del alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo.

5. Las Administraciones educativas podrán colaborar

con otras Administraciones o entidades públicas o

privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones,

para facilitar la escolarización y una mejor incorporación

de este alumnado al centro educativo.

17180 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

S

EDUCATIVAS ESPECIALES

ECCIÓN PRIMERA. ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADESArtículo 73.

Ámbito.Se entiende por alumnado que presenta necesidades

educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo

de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas

de discapacidad o trastornos graves de conducta.

Artículo 74.

Escolarización.1. La escolarización del alumnado que presenta

necesidades educativas especiales se regirá por los principios

de normalización e inclusión y asegurará su no

discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia

en el sistema educativo, pudiendo introducirse

medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas,

cuando se considere necesario. La escolarización de

este alumnado en unidades o centros de educación especial,

que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo

se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser

atendidas en el marco de las medidas de atención a la

diversidad de los centros ordinarios.

2. La identificación y valoración de las necesidades

educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente

posible, por personal con la debida cualificación

y en los términos que determinen las Administraciones

educativas.

3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados

conseguidos por cada uno de los alumnos en función de

los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial.

Dicha evaluación permitirá proporcionarles la orientación

adecuada y modificar el plan de actuación así como la

modalidad de escolarización, de modo que pueda favorecerse,

siempre que sea posible, el acceso del alumnado a

un régimen de mayor integración.

4. Corresponde a las Administraciones educativas

promover la escolarización en la educación infantil del

alumnado que presente necesidades educativas especiales

y desarrollar programas para su adecuada escolarización

en los centros de educación primaria y secundaria

obligatoria.

5. Corresponde asimismo a las Administraciones

educativas favorecer que el alumnado con necesidades

educativas especiales pueda continuar su escolarización

de manera adecuada en las enseñanzas postobligatorias,

así como adaptar las condiciones de realización de las

pruebas establecidas en esta Ley para aquellas personas

con discapacidad que así lo requieran.

Artículo 75.

Integración social y laboral.1. Con la finalidad de facilitar la integración social y

laboral del alumnado con necesidades educativas especiales

que no pueda conseguir los objetivos de la educación

obligatoria, las Administraciones públicas fomentarán

ofertas formativas adaptadas a sus necesidades

específicas.

2. Las Administraciones educativas establecerán

una reserva de plazas en las enseñanzas de formación

profesional para el alumnado con discapacidad.

S

INTELECTUALES

ECCIÓN SEGUNDA. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADESArtículo 76.

Ámbito.Corresponde a las Administraciones educativas adoptar

las medidas necesarias para identificar al alumnado

con altas capacidades intelectuales y valorar de forma

temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde

adoptar planes de actuación adecuados a dichas necesidades.

Artículo 77.

Escolarización.El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas,

establecerá las normas para flexibilizar la duración

de cada una de las etapas del sistema educativo para

los alumnos con altas capacidades intelectuales, con

independencia de su edad.

S

EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

ECCIÓN TERCERA. ALUMNOS CON INTEGRACIÓN TARDÍAArtículo 78.

Escolarización.1. Corresponde a las Administraciones públicas

favorecer la incorporación al sistema educativo de los

alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier

otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema

educativo español. Dicha incorporación se garantizará,

en todo caso, en la edad de escolarización

obligatoria.

2. Las Administraciones educativas garantizarán que

la escolarización del alumnado que acceda de forma tardía

al sistema educativo español se realice atendiendo a

sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico,

de modo que se pueda incorporar al curso más

adecuado a sus características y conocimientos previos,

con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con

aprovechamiento su educación.

Artículo 79.

Programas específicos.1. Corresponde a las Administraciones educativas

desarrollar programas específicos para los alumnos que

presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias

o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración

en el curso correspondiente.

2. El desarrollo de estos programas será en todo

caso simultáneo a la escolarización de los alumnos en los

grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su

aprendizaje.

3. Corresponde a las Administraciones educativas

adoptar las medidas necesarias para que los padres o

tutores del alumnado que se incorpora tardíamente al

sistema educativo reciban el asesoramiento necesario

sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta

la incorporación al sistema educativo español.

CAPÍTULO II

Compensación de las desigualdades en educación

Artículo 80.

Principios.1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad

en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones

públicas desarrollarán acciones de carácter

compensatorio en relación con las personas, grupos y

ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones

desfavorables y proveerán los recursos económicos y los

apoyos precisos para ello.

2. Las políticas de educación compensatoria reforzarán

la acción del sistema educativo de forma que se eviten

desigualdades derivadas de factores sociales, económicos,

culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.

3. Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas

en sus respectivos ámbitos de competencia fijar

sus objetivos prioritarios de educación compensatoria.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17181

Artículo 81.

Escolarización.1. Corresponde a las Administraciones educativas

asegurar una actuación preventiva y compensatoria

garantizando las condiciones más favorables para la

escolarización, durante la etapa de educación infantil, de

todos los niños cuyas condiciones personales supongan

una desigualdad inicial para acceder a la educación básica

y para progresar en los niveles posteriores.

2. Corresponde a las Administraciones educativas

adoptar medidas singulares en aquellos centros escolares

o zonas geográficas en las cuales resulte necesaria una

intervención educativa compensatoria.

3. En la educación primaria, las Administraciones

educativas garantizarán a todos los alumnos un puesto

escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización

establecida.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo I de

este mismo título, las Administraciones educativas dotarán

a los centros públicos y privados concertados de los

recursos humanos y materiales necesarios para compensar

la situación de los alumnos que tengan especiales

dificultades para alcanzar los objetivos de la educación

obligatoria, debido a sus condiciones sociales.

Artículo 82.

rural.

Igualdad de oportunidades en el mundo1. Las Administraciones educativas tendrán en

cuenta el carácter particular de la escuela rural a fin de

proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios

para atender a sus necesidades específicas y garantizar

la igualdad de oportunidades.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del

artículo anterior, en la educación básica, en aquellas

zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá

escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su

residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En

este supuesto las Administraciones educativas prestarán

de forma gratuita los servicios escolares de transporte y,

en su caso, comedor e internado.

Artículo 83.

Becas y ayudas al estudio.1. Para garantizar la igualdad de todas las personas

en el ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes

con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán

derecho a obtener becas y ayudas al estudio. En la enseñanza

postobligatoria las becas y ayudas al estudio tendrán

en cuenta además el rendimiento escolar de los

alumnos.

2. El Estado establecerá, con cargo a sus Presupuestos

Generales, un sistema general de becas y ayudas

al estudio, con el fin de que todas las personas, con

independencia de su lugar de residencia, disfruten de las

mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación.

3. A estos efectos, el Gobierno regulará, con carácter

básico, las modalidades y cuantías de las becas y

ayudas al estudio a las que se refiere el apartado anterior,

las condiciones económicas y académicas que hayan de

reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad,

revocación, reintegro y cuantos requisitos

sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las

citadas becas y ayudas, sin detrimento de las competencias

normativas y de ejecución de las Comunidades

Autónomas.

4. Con el fin de articular un sistema eficaz de verificación

y control de las becas y ayudas concedidas, se establecerán

los procedimientos necesarios de información,

coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones

educativas.

CAPÍTULO III

Escolarización en centros públicos y privados

concertados

Artículo 84.

Admisión de alumnos.1. Las Administraciones educativas regularán la

admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados

de tal forma que garantice el derecho a la educación,

el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de

elección de centro por padres o tutores. En todo caso, se

atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre

los centros escolares de los alumnos con necesidad específica

de apoyo educativo.

2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso

de admisión se regirá por los criterios prioritarios de

existencia de hermanos matriculados en el centro o

padres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad

del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de

sus padres o tutores legales, rentas anuales de la unidad

familiar, atendiendo a las especificidades que para su

cálculo se aplican a las familias numerosas, y concurrencia

de discapacidad en el alumno o en alguno de sus

padres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga

carácter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el

apartado 7 de este artículo.

3. En ningún caso habrá discriminación por razón de

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra

condición o circunstancia personal o social.

4. Las Administraciones educativas podrán solicitar

la colaboración de otras instancias administrativas para

garantizar la autenticidad de los datos que los interesados

y los centros aporten en el proceso de admisión del

alumnado.

5. Los centros públicos adscritos a otros centros

públicos, que impartan etapas diferentes, se considerarán

centros únicos a efectos de aplicación de los criterios de

admisión del alumnado establecidos en la presente Ley.

Asimismo, en los centros públicos que ofrezcan varias

etapas educativas el procedimiento inicial de admisión se

realizará al comienzo de la que corresponda a la menor

edad.

6. Corresponde a las Administraciones educativas

establecer el procedimiento y las condiciones para la adscripción

de centros públicos a la que se refiere el apartado

anterior, respetando la posibilidad de libre elección de

centro.

7. En los procedimientos de admisión de alumnos en

centros públicos que impartan educación primaria, educación

secundaria obligatoria o bachillerato, cuando no

existan plazas suficientes, tendrán prioridad aquellos

alumnos que procedan de los centros de educación infantil,

educación primaria o de educación secundaria obligatoria,

respectivamente, que tengan adscritos. En el caso

de los centros privados concertados se seguirá un procedimiento

análogo, siempre que dichas enseñanzas estén

concertadas.

8. En los centros privados concertados, que impartan

varias etapas educativas, el procedimiento inicial de

admisión se realizará al comienzo de la oferta del curso

que sea objeto de concierto y que corresponda a la menor

edad. Este procedimiento se realizará de acuerdo con lo

establecido para los centros públicos.

9. La matriculación de un alumno en un centro

público o privado concertado supondrá respetar su proyecto

educativo, sin perjuicio de los derechos reconocidos

a los alumnos y a sus familias en las leyes y lo establecido

en el apartado 3 de este artículo.

10. La información de carácter tributario que se

precisa para la acreditación de las condiciones económicas

a las que se refieren el artículo 84.2 de esta Ley,

será suministrada directamente a la Administración

17182 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

educativa por la Agencia Estatal de Administración Tributaria

y por los órganos competentes de la Comunidad

Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de

Navarra, a través de medios informáticos o telemáticos,

en el marco de colaboración que se establezca en los

términos y con los requisitos a que se refiere la disposición

adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

y otras Normas Tributarias, y las disposiciones que las

desarrollan.

11. En la medida en que a través del indicado marco

de colaboración se pueda disponer de dicha información,

no se exigirá a los interesados que aporten individualmente

certificaciones expedidas por la Agencia Estatal

de Administración Tributaria y por los órganos mencionados

en el apartado anterior, ni la presentación, en original,

copia o certificación, de sus declaraciones tributarias.

En estos supuestos, el certificado será sustituido por

declaración responsable del interesado de que cumple

las obligaciones señaladas, así como autorización

expresa del mismo para que la Agencia Estatal de Administración

Tributaria o los órganos competentes de la

Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad

Foral de Navarra, suministren la información a la Administración

educativa.

Artículo 85.

alumnos en etapas postobligatorias.

Condiciones específicas de admisión de1. Para las enseñanzas de bachillerato, además de a

los criterios establecidos en el artículo anterior, se atenderá

al expediente académico de los alumnos.

2. En los procedimientos de admisión de alumnos a

los ciclos formativos de grado medio o de grado superior

de formación profesional, cuando no existan plazas suficientes,

se atenderá exclusivamente al expediente académico

de los alumnos con independencia de que éstos

procedan del mismo centro o de otro distinto.

3. Aquellos alumnos que cursen simultáneamente

enseñanzas regladas de música o danza y enseñanzas

de educación secundaria tendrán prioridad para ser

admitidos en los centros que impartan enseñanzas de

educación secundaria que la Administración educativa

determine. El mismo tratamiento se aplicará a los

alumnos que sigan programas deportivos de alto rendimiento.

Artículo 86.

admisión.

Igualdad en la aplicación de las normas de1. Las Administraciones educativas garantizarán

la igualdad en la aplicación de las normas de admisión,

lo que incluye el establecimiento de las mismas

áreas de influencia para los centros públicos y privados

concertados, de un mismo municipio o ámbito

territorial.

2. Sin perjuicio de las competencias que le son

propias, las Administraciones educativas podrán constituir

comisiones u órganos de garantías de admisión,

que deberán en todo caso, constituirse cuando la

demanda de plazas en algún centro educativo del

ámbito de actuación de la comisión supere la oferta.

Estas comisiones recibirán de los centros toda la información

y documentación precisa para el ejercicio de

estas funciones. Dichas comisiones supervisarán el

proceso de admisión de alumnos, el cumplimiento de

las normas que lo regulan y propondrán a las Administraciones

educativas las medidas que estimen adecuadas.

Estas comisiones u órganos estarán integrados

por representantes de la Administración educativa, de

la Administración local, de los padres, de los profesores

y de los centros públicos y privados concertados.

3. Las familias podrán presentar al centro en que

deseen escolarizar a sus hijos las solicitudes de admisión,

que, en todo caso, deberán ser tramitadas.

Artículo 87.

Equilibrio en la admisión de alumnos.1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para

todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades,

las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada

escolarización del alumnado con necesidad específica

de apoyo educativo. Para ello, establecerán la proporción

de alumnos de estas características que deban ser

escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados

concertados y garantizarán los recursos personales y

económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho

apoyo.

2. Para facilitar la escolarización y garantizar el

derecho a la educación del alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo las Administraciones educativas

podrán reservarle hasta el final del período de

preinscripción y matrícula una parte de las plazas de los

centros públicos y privados concertados. Asimismo,

podrán autorizar un incremento de hasta un diez por

ciento del número máximo de alumnos por aula en los

centros públicos y privados concertados de una misma

área de escolarización para atender necesidades inmediatas

de escolarización del alumnado de incorporación

tardía.

3. Las Administraciones educativas adoptarán las

medidas de escolarización previstas en los apartados

anteriores atendiendo a las condiciones socioeconómicas

y demográficas del área respectiva, así como a las de

índole personal o familiar del alumnado que supongan

una necesidad específica de apoyo educativo.

4. Los centros públicos y privados concertados están

obligados a mantener escolarizados a todos sus alumnos,

hasta el final de la enseñanza obligatoria, salvo cambio de

centro producido por voluntad familiar o por aplicación

de alguno de los supuestos previstos en la normativa

sobre derechos y deberes de los alumnos.

Artículo 88.

Garantías de gratuidad.1. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a

todos los alumnos sin discriminación por motivos

socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros

públicos o privados concertados percibir cantidades de

las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito,

imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones

a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios

obligatorios, asociados a las enseñanzas, que

requieran aportación económica, por parte de las familias

de los alumnos. En el marco de lo dispuesto en el

artícu lo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora

del Derecho a la Educación, quedan excluidas de

esta categoría las actividades extraescolares, las complementarias,

y los servicios escolares, que, en todo caso,

tendrán carácter voluntario.

2. Las Administraciones educativas dotarán a los

centros de los recursos necesarios para hacer posible la

gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito.

CAPÍTULO IV

Premios, concursos y reconocimientos

Artículo 89.

Premios y concursos.El Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de

las competencias de las Comunidades Autónomas, podrá

establecer, por sí mismo o en colaboración con otras enti

núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17183

BOEdades, premios y concursos de carácter estatal destinados

a alumnos, profesores o centros escolares.

Artículo 90.

Reconocimientos.El Ministerio de Educación y Ciencia, así como las

Comunidades Autónomas, podrán reconocer y premiar la

labor didáctica o de investigación de profesores y centros,

facilitando la difusión entre los distintos centros escolares

de los trabajos o experiencias que han merecido dicho

reconocimiento por su calidad y esfuerzo.

TÍTULO III

Profesorado

CAPÍTULO I

Funciones del profesorado

Artículo 91.

Funciones del profesorado.1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las

siguientes:

a) La programación y la enseñanza de las áreas,

materias y módulos que tengan encomendados.

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado, así como la evaluación de los procesos de

enseñanza.

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación

de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo,

en colaboración con las familias.

d) La orientación educativa, académica y profesional

de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios

o departamentos especializados.

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz,

social y moral del alumnado.

f) La promoción, organización y participación en las

actividades complementarias, dentro o fuera del recinto

educativo, programadas por los centros.

g) La contribución a que las actividades del centro se

desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación

y de libertad para fomentar en los alumnos los

valores de la ciudadanía democrática.

h) La información periódica a las familias sobre el

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la

orientación para su cooperación en el mismo.

i) La coordinación de las actividades docentes, de

gestión y de dirección que les sean encomendadas.

j) La participación en la actividad general del centro.

k) La participación en los planes de evaluación que

determinen las Administraciones educativas o los propios

centros.

l) La investigación, la experimentación y la mejora

continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas

en el apartado anterior bajo el principio de colaboración

y trabajo en equipo.

CAPÍTULO II

Profesorado de las distintas enseñanzas

Artículo 92.

Profesorado de educación infantil.1. La atención educativa directa a los niños del primer

ciclo de educación infantil correrá a cargo de profesionales

que posean el título de Maestro con la especialización

en educación infantil o el título de Grado

equivalente y, en su caso, de otro personal con la debida

titulación para la atención a las niñas y niños de esta

edad. En todo caso, la elaboración y seguimiento de la

propuesta pedagógica a la que hace referencia el apartado

2 del artículo 14, estarán bajo la responsabilidad de

un profesional con el título de Maestro de educación

infantil o título de Grado equivalente.

2. El segundo ciclo de educación infantil será impartido

por profesores con el título de Maestro y la especialidad

en educación infantil o el título de Grado equivalente

y podrán ser apoyados, en su labor docente, por maestros

de otras especialidades cuando las enseñanzas impartidas

lo requieran.

Artículo 93.

Profesorado de educación primaria.1. Para impartir las enseñanzas de educación primaria

será necesario tener el título de Maestro de educación

primaria o el título de Grado equivalente, sin perjuicio de

la habilitación de otras titulaciones universitarias que, a

efectos de docencia pudiera establecer el Gobierno para

determinadas áreas, previa consulta a las Comunidades

Autónomas.

2. La educación primaria será impartida por maestros,

que tendrán competencia en todas las áreas de este

nivel. La enseñanza de la música, de la educación física,

de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas

que determine el Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, serán impartidas por maestros con la

especialización o cualificación correspondiente.

Artículo 94.

y de bachillerato.

Profesorado de educación secundaria obligatoriaPara impartir las enseñanzas de educación secundaria

obligatoria y de bachillerato será necesario tener el título

de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado

equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica

de nivel de Postgrado, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 100 de la presente Ley, sin perjuicio de la habilitación

de otras titulaciones que, a efectos de docencia

pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas,

previa consulta a las Comunidades Autónomas.

Artículo 95.

Profesorado de formación profesional.1. Para impartir enseñanzas de formación profesional

se exigirán los mismos requisitos de titulación y formación

establecidos en el artículo anterior para la educación

secundaria obligatoria y el bachillerato, sin perjuicio

de la habilitación de otras titulaciones que, a efectos de

docencia pudiera establecer el Gobierno para determinados

módulos, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

2. Excepcionalmente, para determinados módulos

se podrá incorporar, como profesores especialistas, atendiendo

a su cualificación y a las necesidades del sistema

educativo, a profesionales, no necesariamente titulados,

que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha

incorporación se realizará en régimen laboral o administrativo,

de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 96.

Profesorado de enseñanzas artísticas.1. Para ejercer la docencia de las enseñanzas artísticas

será necesario estar en posesión del título de Licenciado,

Ingeniero o Arquitecto, o del título de Grado correspondiente

o titulación equivalente a efectos de docencia,

sin perjuicio de la intervención educativa de otros profesionales

en el caso de las enseñanzas de artes plásticas y

diseño de grado medio y de grado superior y de la habili

Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

17184tación de otras titulaciones que, a efectos de docencia,

pudiera establecer el Gobierno para determinados módulos,

previa consulta a las Comunidades Autónomas. En el

caso de las enseñanzas artísticas profesionales se requerirá,

asimismo, la formación pedagógica y didáctica a la

que se refiere el artículo 100 de esta Ley.

2. En la regulación de las enseñanzas artísticas superiores

el Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, podrá incluir otras exigencias para el profesorado

que las asuma, derivadas de las condiciones de

inserción de estas enseñanzas en el marco de la educación

superior.

3. Excepcionalmente, para determinados módulos o

materias, se podrá incorporar como profesores especialistas,

atendiendo a su cualificación y a las necesidades

del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente

titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito

laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral

o administrativo, de acuerdo con la normativa que

resulte de aplicación.

4. Para las enseñanzas artísticas superiores, excepcionalmente,

se podrá incorporar como profesores especialistas,

atendiendo a su cualificación y a las necesidades

del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente

titulados, de nacionalidad extranjera. Dicha incorporación

se realizará en régimen laboral o administrativo,

de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación y

deberá cumplirse el contenido de los artículos 9.5 y 36 de

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y

libertades de los extranjeros en España y su integración

social, salvo en el caso de nacionales de los Estados

miembros de la Unión Europea o de aquellos a quienes

sea de aplicación el régimen comunitario de extranjería.

Para estas enseñanzas el Gobierno, previa consulta a las

Comunidades Autónomas, establecerá la figura de profesor

emérito.

Artículo 97.

Profesorado de enseñanzas de idiomas.1. Para impartir enseñanzas de idiomas se exigirán

los mismos requisitos de titulación y formación establecidos

en el artículo 94 para la educación secundaria obligatoria

y el bachillerato.

2. Las Administraciones educativas, excepcionalmente,

podrán incorporar como profesores especialistas,

atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema

educativo, a profesionales, no necesariamente titulados,

de nacionalidad extranjera. Dicha incorporación se

realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo

con la normativa que resulte de aplicación y deberá cumplirse

el contenido de los artículos 9.5 y 36 de la Ley Orgánica

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades

de los extranjeros en España y su integración social, salvo

en el caso de nacionales de los Estados miembros de la

Unión Europea o de aquellos a quienes sea de aplicación

el régimen comunitario de extranjería.

Artículo 98.

Profesorado de enseñanzas deportivas.1. Para ejercer la docencia en las enseñanzas deportivas

será necesario estar en posesión del título de Licenciado,

Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado correspondiente

o titulación equivalente a efectos de docencia.

Se requerirá asimismo la formación pedagógica y didáctica

a la que se refiere el artículo 100 de esta Ley. El

Gobierno habilitará otras titulaciones para la docencia en

determinados módulos y bloques previa consulta a las

Comunidades Autónomas.

2. Excepcionalmente, para determinadas materias

las Administraciones educativas podrán incorporar como

profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a

las necesidades del sistema educativo, a profesionales,

no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad

en el ámbito deportivo y laboral. Dicha incorporación se

realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo

con la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 99.

adultas.

Profesorado de educación de personasLos profesores de enseñanzas para las personas adultas

comprendidas en la presente Ley, que conduzcan a la

obtención de un título académico o profesional, deberán

contar con la titulación establecida con carácter general

para impartir las respectivas enseñanzas. Las Administraciones

educativas facilitarán a estos profesores una formación

adecuada para responder a las características de

las personas adultas.

CAPÍTULO III

Formación del profesorado

Artículo 100.

Formación inicial.1. La formación inicial del profesorado se ajustará a

las necesidades de titulación y de cualificación requeridas

por la ordenación general del sistema educativo. Su contenido

garantizará la capacitación adecuada para afrontar

los retos del sistema educativo y adaptar las enseñanzas

a las nuevas necesidades formativas.

2. Para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas

reguladas en la presente Ley, será necesario estar en

posesión de las titulaciones académicas correspondientes

y tener la formación pedagógica y didáctica que el

Gobierno establezca para cada enseñanza.

3. Corresponde a las Administraciones educativas

establecer los convenios oportunos con las universidades

para la organización de la formación pedagógica y didáctica

a la que se refiere el apartado anterior.

4. La formación inicial del profesorado de las diferentes

enseñanzas reguladas en la presente Ley se adaptará

al sistema de grados y postgrados del espacio

europeo de educación superior según lo que establezca la

correspondiente normativa básica.

Artículo 101.

públicos.

Incorporación a la docencia en centrosEl primer curso de ejercicio de la docencia en centros

públicos se desarrollará bajo la tutoría de profesores

experimentados. El profesor tutor y el profesor en formación

compartirán la responsabilidad sobre la programación

de las enseñanzas de los alumnos de este último.

Artículo 102.

Formación permanente.1. La formación permanente constituye un derecho y

una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad

de las Administraciones educativas y de los propios

centros.

2. Los programas de formación permanente, deberán

contemplar la adecuación de los conocimientos y

métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas

específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación,

orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad

y organización encaminados a mejorar la calidad de

la enseñanza y el funcionamiento de los centros. Asimismo,

deberán incluir formación específica en materia

de igualdad en los términos establecidos en el artículo

siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de

Género.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17185

3. Las Administraciones educativas promoverán la

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación

y la formación en lenguas extranjeras de todo el

profesorado, independientemente de su especialidad,

estableciendo programas específicos de formación en

este ámbito. Igualmente, les corresponde fomentar programas

de investigación e innovación.

4. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá ofrecer

programas de formación permanente de carácter estatal,

dirigidos a profesores de todas las enseñanzas reguladas

en la presente Ley y establecer, a tal efecto, los convenios

oportunos con las instituciones correspondientes.

Artículo 103.

centros públicos.

Formación permanente del profesorado de1. Las Administraciones educativas planificarán las

actividades de formación del profesorado, garantizarán

una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y

establecerán las medidas oportunas para favorecer la participación

del profesorado en ellas. Asimismo, les corresponde

facilitar el acceso de los profesores a titulaciones

que permitan la movilidad entre las distintas enseñanzas,

incluidas las universitarias, mediante los acuerdos oportunos

con las universidades.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración

con las Comunidades Autónomas, favorecerá la

movilidad internacional de los docentes, los intercambios

puesto a puesto y las estancias en otros países.

CAPÍTULO IV

Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado

Artículo 104.

Reconocimiento y apoyo al profesorado.1. Las Administraciones educativas velarán por que

el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto

acordes con la importancia social de su tarea.

2. Las Administraciones educativas prestarán una

atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que

el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente

consideración y reconocimiento social de la función

docente.

3. Dada la exigencia de formación permanente del

profesorado y la necesidad de actualización, innovación e

investigación que acompaña a la función docente, el profesorado

debidamente acreditado dispondrá de acceso

gratuito a las bibliotecas y museos dependientes de los

poderes públicos. Asimismo, podrán hacer uso de los

servicios de préstamo de libros y otros materiales que

ofrezcan dichas bibliotecas. A tal fin, los directores de los

centros educativos facilitarán al profesorado la acreditación

correspondiente.

Artículo 105.

públicos.

Medidas para el profesorado de centros1. Corresponde a las Administraciones educativas,

respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar

las medidas oportunas para garantizar la debida protección

y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad

civil, en relación con los hechos que se

deriven de su ejercicio profesional.

2. Las Administraciones educativas, respecto al profesorado

de los centros públicos, favorecerán:

a) El reconocimiento de la función tutorial, mediante

los oportunos incentivos profesionales y económicos.

b) El reconocimiento de la labor del profesorado,

atendiendo a su especial dedicación al centro y a la

implantación de planes que supongan innovación educativa,

por medio de los incentivos económicos y profesionales

correspondientes.

c) El reconocimiento del trabajo de los profesores

que impartan clases de su materia en una lengua extranjera

en los centros bilingües.

d) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo

con las condiciones y requisitos que establezcan, con el

fin de estimular la realización de actividades de formación

y de investigación e innovación educativas que reviertan

en beneficio directo del propio sistema educativo.

e) La reducción de jornada lectiva de aquellos profesores

mayores de 55 años que lo soliciten, con la correspondiente

disminución proporcional de las retribuciones.

Podrán, asimismo, favorecer la sustitución parcial de la

jornada lectiva por actividades de otra naturaleza sin

reducción de sus retribuciones.

Artículo 106.

Evaluación de la función pública docente.1. A fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el

trabajo de los profesores, las Administraciones educativas

elaborarán planes para la evaluación de la función

docente, con la participación del profesorado.

2. Los planes para la valoración de la función

docente, que deben ser públicos, incluirán los fines y los

criterios precisos de la valoración y la forma de participación

del profesorado, de la comunidad educativa y de la

propia Administración.

3. Las Administraciones educativas fomentarán asimismo

la evaluación voluntaria del profesorado.

4. Corresponde a las Administraciones educativas

disponer los procedimientos para que los resultados de la

valoración de la función docente sean tenidos en cuenta

de modo preferente en los concursos de traslados y en la

carrera docente, junto con las actividades de formación,

investigación e innovación.

TÍTULO IV

Centros docentes

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 107.

Régimen jurídico.1. Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas

reguladas en esta Ley se regirán por lo dispuesto en la

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho

a la Educación, en la presente Ley Orgánica y en las

disposiciones que la desarrollen, así como por lo establecido

en las demás normas vigentes que les sean de aplicación,

sin perjuicio de lo previsto en los apartados

siguientes de este artículo.

2. En relación con los centros integrados y de referencia

nacional de formación profesional se estará a lo

dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las

Cualificaciones y de la Formación Profesional y en las normas

que la desarrollen.

3. Corresponde a las Comunidades Autónomas

regular la organización de los centros que ofrezcan algunas

de las enseñanzas artísticas superiores definidas

como tales en el artículo 45 de esta Ley.

4. Corresponde al Gobierno la regulación y la gestión

de los centros docentes públicos españoles en el

exterior.

5. Las Administraciones educativas podrán considerar

centro educativo, a los efectos de organización, ges

Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

17186tión y administración, la agrupación de centros públicos

ubicados en un ámbito territorial determinado.

Artículo 108.

Clasificación de los centros.1. Los centros docentes se clasifican en públicos y

privados.

2. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una

administración pública.

3. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una

persona física o jurídica de carácter privado y son centros

privados concertados los centros privados acogidos al

régimen de conciertos legalmente establecido. Se entiende

por titular de un centro privado la persona física o jurídica

que conste como tal en el Registro de centros de la correspondiente

Administración educativa.

4. La prestación del servicio público de la educación

se realizará, a través de los centros públicos y privados

concertados.

5. Los centros docentes orientarán su actividad a la

consecución de los principios y fines de la educación establecidos

en la presente Ley.

6. Los padres o tutores, en relación con la educación

de sus hijos o pupilos, tienen derecho, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3

de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a escoger

centro docente tanto público como distinto de los creados

por los poderes públicos, a los que se refiere el apartado 3

del presente artículo.

Artículo 109.

Programación de la red de centros.1. En la programación de la oferta de plazas, las

Administraciones educativas armonizarán las exigencias

derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos

de garantizar el derecho de todos a la educación y los

derechos individuales de alumnos, padres y tutores.

2. Las Administraciones educativas programarán la

oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se

declaran gratuitas teniendo en cuenta la oferta existente

de centros públicos y privados concertados y, como

garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y

equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad

específica de apoyo educativo. Asimismo, las Administraciones

educativas garantizarán la existencia de plazas

públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva

población.

3. Las Administraciones educativas deberán tener

en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes

y el principio de economía y eficiencia en el uso de los

recursos públicos.

Artículo 110.

Accesibilidad.1. Los centros educativos existentes que no reúnan

las condiciones de accesibilidad exigidas por la legislación

vigente en la materia, deberán adecuarse en los plazos

y con arreglo a los criterios establecidos por la

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,

no discriminación y accesibilidad universal, y en

sus normas de desarrollo.

2. Las Administraciones educativas promoverán

programas para adecuar las condiciones físicas, incluido

el transporte escolar, y tecnológicas de los centros y los

dotarán de los recursos materiales y de acceso al currículo

adecuados a las necesidades del alumnado que

escolariza, especialmente en el caso de personas con discapacidad,

de modo que no se conviertan en factor de

discriminación y garanticen una atención inclusiva y universalmente

accesible a todos los alumnos.

CAPÍTULO II

Centros públicos

Artículo 111.

Denominación de los centros públicos.1. Los centros públicos que ofrecen educación infantil

se denominarán escuelas infantiles, los que ofrecen educación

primaria, colegios de educación primaria, los que ofrecen

educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación

profesional, institutos de educación secundaria.

2. Los centros públicos que ofrecen educación infantil

y educación primaria se denominarán colegios de educación

infantil y primaria.

3. Los centros públicos que ofrecen enseñanzas profesionales

de artes plásticas y diseño se denominarán

escuelas de arte; los que ofrecen enseñanzas profesionales

y, en su caso, elementales, de música y danza, conservatorios.

Los centros que ofrecen enseñanzas artísticas

superiores tendrán las denominaciones a las que se

refiere el artículo 58 de esta Ley.

4. Los centros que ofrecen enseñanzas dirigidas a

alumnos con necesidades educativas especiales que no

puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención

a la diversidad de los centros ordinarios, se denominarán

centros de educación especial.

5. Corresponde a las Administraciones educativas

determinar la denominación de aquellos centros públicos

que ofrezcan enseñanzas agrupadas de manera distinta a

las definidas en los puntos anteriores.

Artículo 112.

Medios materiales y humanos.1. Corresponde a las Administraciones educativas

dotar a los centros públicos de los medios materiales y

humanos necesarios para ofrecer una educación de calidad

y garantizar la igualdad de oportunidades en la educación.

2. En el contexto de lo dispuesto en el apartado anterior,

los centros dispondrán de la infraestructura informática

necesaria para garantizar la incorporación de las tecnologías

de la información y la comunicación en los procesos

educativos. Corresponde a las Administraciones educativas

proporcionar servicios educativos externos y facilitar la

relación de los centros públicos con su entorno y la utilización

por parte del centro de los recursos próximos, tanto

propios como de otras Administraciones públicas.

3. Los centros que escolaricen alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo, en proporción

mayor a la establecida con carácter general o para la

zona en la que se ubiquen, recibirán los recursos complementarios

necesarios para atender adecuadamente a

este alumnado.

4. Las Administraciones educativas facilitarán que

aquellos centros que, por su número de unidades, no puedan

disponer de los especialistas a los que se refiere el

artículo 93 de esta Ley, reciban los apoyos necesarios para

asegurar la calidad de las correspondientes enseñanzas.

5. Las Administraciones educativas potenciarán que

los centros públicos puedan ofrecer actividades y servicios

complementarios a fin de favorecer que amplíen su

oferta educativa para atender las nuevas demandas sociales,

así como que puedan disponer de los medios adecuados,

particularmente de aquellos centros que atiendan a

una elevada población de alumnos con necesidad específica

de apoyo educativo.

Artículo 113.

Bibliotecas escolares.1. Los centros de enseñanza dispondrán de una

biblioteca escolar.

2. Las Administraciones educativas completarán la

dotación de las bibliotecas de los centros públicos de

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17187

forma progresiva. A tal fin elaborarán un plan que permita

alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de

implantación de la presente Ley.

3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar

la lectura y a que el alumno acceda a la información y

otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y

materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos.

Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto

en los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley.

4. La organización de las bibliotecas escolares

deberá permitir que funcionen como un espacio abierto a

la comunidad educativa de los centros respectivos.

5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los

municipios respectivos, para el uso de bibliotecas municipales

con las finalidades previstas en este artículo.

CAPÍTULO III

Centros privados

Artículo 114.

Denominación.Los centros privados podrán adoptar cualquier denominación,

excepto la que corresponde a centros públicos

o pueda inducir a confusión con ellos.

Artículo 115.

Carácter propio de los centros privados.1. Los titulares de los centros privados tendrán derecho

a establecer el carácter propio de los mismos que, en todo

caso, deberá respetar los derechos garantizados a profesores,

padres y alumnos en la Constitución y en las leyes.

2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en

conocimiento por el titular del centro a los distintos sectores

de la comunidad educativa, así como a cuantos pudieran

estar interesados en acceder al mismo. La matriculación

de un alumno supondrá el respeto del carácter

propio del centro, que deberá respetar a su vez, los derechos

de los alumnos y sus familias reconocidos en la

Constitución y en las leyes.

3. Cualquier modificación en el carácter propio de un

centro privado, por cambio en la titularidad o por cualquier

otra circunstancia, deberá ponerse en conocimiento

de la comunidad educativa con antelación suficiente. En

cualquier caso, la modificación del carácter propio, una

vez iniciado el curso, no podrá surtir efectos antes de finalizado

el proceso de admisión y matriculación de los

alumnos para el curso siguiente.

CAPÍTULO IV

Centros privados concertados

Artículo 116.

Conciertos.1. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas

declaradas gratuitas en esta Ley y satisfagan necesidades

de escolarización, en el marco de lo dispuesto en los

artícu los 108 y 109, podrán acogerse al régimen de conciertos

en los términos legalmente establecidos. Los centros

que accedan al régimen de concertación educativa

deberán formalizar con la Administración educativa que

proceda el correspondiente concierto.

2. Entre los centros que cumplan los requisitos establecidos

en el apartado anterior, tendrán preferencia para

acogerse al régimen de conciertos aquellos que, atiendan

a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables

o los que realicen experiencias de interés

pedagógico para el sistema educativo. En todo caso, tendrán

preferencia los centros que, cumpliendo los criterios

anteriormente señalados, estén constituidos y funcionen

en régimen de cooperativa.

3. Corresponde al Gobierno establecer los aspectos

básicos a los que deben someterse los conciertos.

Estos aspectos se referirán al cumplimiento de los

requisitos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, del Derecho a la Educación y en las normas que le

sean de aplicación de la presente Ley, a la tramitación

de la solicitud, la duración máxima del concierto y las

causas de extinción, a las obligaciones de la titularidad

del centro concertado y de la Administración educativa,

al sometimiento del concierto al derecho administrativo,

a las singularidades del régimen del profesorado sin

relación laboral, a la constitución del Consejo Escolar

del centro al que se otorga el concierto y a la designación

del director.

4. Corresponde a las Comunidades Autónomas dictar

las normas necesarias para el desarrollo del régimen

de conciertos educativos, de acuerdo con lo previsto en el

presente artículo y en el marco de lo dispuesto en los

artícu los 108 y 109. El concierto establecerá los derechos y

obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico,

duración, prórroga y extinción del mismo, número de unidades

escolares concertadas y demás condiciones, con

sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de

conciertos.

5. Los conciertos podrán afectar a varios centros

siempre que pertenezcan a un mismo titular.

6. Las Administraciones educativas podrán concertar,

con carácter preferente, los programas de cualificación

profesional inicial que, conforme a lo previsto en la

presente Ley, los centros privados concertados de educación

secundaria obligatoria impartan a su alumnado.

Dichos conciertos tendrán carácter singular.

7. El concierto para las enseñanzas postobligatorias

tendrá carácter singular.

Artículo 117.

Módulos de concierto.1. La cuantía global de los fondos públicos destinados

al sostenimiento de los centros privados concertados,

para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas objeto

de concierto, se establecerá en los presupuestos de las

Administraciones correspondientes.

2. A efectos de distribución de la cuantía global a

que hace referencia el apartado anterior, el importe del

módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente

en los Presupuestos Generales del Estado y, en su

caso, en los de las Comunidades Autónomas, no pudiendo

en éstos ser inferior al que se establezca en los primeros

en ninguna de las cantidades en que se diferencia el

citado módulo de acuerdo con lo que se establece en el

apartado siguiente.

3. En el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza

se imparta en condiciones de gratuidad, se diferenciarán:

a) Los salarios del personal docente, incluidas las

cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social que

correspondan a los titulares de los centros.

b) Las cantidades asignadas a otros gastos, que

comprenderán las de personal de administración y servicios,

las ordinarias de mantenimiento, conservación y

funcionamiento, así como las cantidades que correspondan

a la reposición de inversiones reales. Asimismo,

podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la función

directiva no docente. En ningún caso, se computarán

intereses del capital propio. Las citadas cantidades se fijarán

con criterios análogos a los aplicados a los centros

públicos.

c) Las cantidades pertinentes para atender el pago

de los conceptos de antigüedad del personal docente de

los centros privados concertados y consiguiente repercu

Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

17188sión en las cuotas de la Seguridad Social; pago de las

sustituciones del profesorado y los derivados del ejercicio

de la función directiva docente; pago de las obligaciones

derivadas del ejercicio de las garantías reconocidas a los

representantes legales de los trabajadores según lo establecido

en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.

Tales cantidades se recogerán en un fondo general que se

distribuirá de forma individualizada entre el personal

docente de los centros privados concertados, de acuerdo

con las circunstancias que concurran en cada profesor y

aplicando criterios análogos a los fijados para el profesorado

de los centros públicos.

4. Las cantidades correspondientes a los salarios del

personal docente a que hace referencia el apartado anterior,

posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración

con la del profesorado público de las respectivas

etapas.

5. Los salarios del personal docente serán abonados

por la Administración al profesorado como pago delegado

y en nombre de la entidad titular del centro, con

cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el apartado

anterior. A tal fin, el titular del centro, en su condición

de empleador en la relación laboral, facilitará a la

Administración las nóminas correspondientes, así como

sus eventuales modificaciones.

6. La Administración no podrá asumir alteraciones

en los gastos de personal y costes laborales del profesorado,

derivadas de convenios colectivos que superen el

porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes

a salarios a que hace referencia el apartado 3

de este artículo.

7. Las Administraciones educativas podrán incrementar

los módulos para los centros privados concertados

que escolaricen alumnos con necesidad específica

de apoyo educativo en proporción mayor a la establecida

con carácter general o para la zona en la que se

ubiquen.

8. La reglamentación que desarrolle el régimen de

conciertos tendrá en cuenta las características específicas

de las cooperativas de enseñanza y de los profesores

sin relación laboral con la titularidad del centro, a

fin de facilitar la gestión de sus recursos económicos y

humanos.

9. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado

se determinará el importe máximo de las cuotas que los

centros con concierto singular podrán percibir de las

familias.

TÍTULO V

Participación, autonomía y gobierno de los centros

CAPÍTULO I

Participación en el funcionamiento y el gobierno

de los centros

Artículo 118.

Principios generales.1. La participación es un valor básico para la formación

de ciudadanos autónomos, libres, responsables y

comprometidos con los principios y valores de la Constitución.

2. La participación, autonomía y gobierno de los

centros que ofrezcan enseñanzas reguladas en esta Ley

se ajustarán a lo dispuesto en ella y en la Ley Orgánica

8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la

Educación, y en las normas que se dicten en desarrollo

de las mismas.

3. Las Administraciones educativas fomentarán, en

el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la

participación de alumnado, profesorado, familias y personal

de administración y servicios en los centros educativos.

4. A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre

el profesorado y las familias en la educación de sus hijos,

las Administraciones educativas adoptarán medidas que

promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la

familia y la escuela.

5. En relación con los centros integrados y de referencia

nacional de formación profesional se estará a lo

dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las

Cualificaciones y de la Formación Profesional y en las normas

que la desarrollen.

6. Corresponde a las Administraciones educativas

regular la participación en los centros que impartan enseñanzas

artísticas superiores de acuerdo con la normativa

básica que establezca el Gobierno.

7. Corresponde a las Administraciones educativas

adaptar lo establecido en este Título a las características

de los centros que imparten únicamente el primer ciclo de

educación infantil. Esta adaptación deberá respetar, en

todo caso, los principios de autonomía y participación de

la comunidad educativa recogidos en el mismo.

Artículo 119.

gobierno de los centros públicos y privados concertados.

Participación en el funcionamiento y el1. Las Administraciones educativas garantizarán la

participación de la comunidad educativa en la organización,

el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los

centros.

2. La comunidad educativa participará en el gobierno

de los centros a través del Consejo Escolar.

3. Los profesores participarán también en la toma de

decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a

los órganos de coordinación docente y a los equipos de

profesores que impartan clase en el mismo curso.

4. Corresponde a las Administraciones educativas

favorecer la participación del alumnado en el funcionamiento

de los centros a través de sus delegados de grupo

y curso, así como de sus representantes en el Consejo

Escolar.

5. Los padres y los alumnos podrán participar también

en el funcionamiento de los centros a través de sus

asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán

la información y la formación dirigida a ellos.

6. Los centros tendrán al menos los siguientes órganos

colegiados de gobierno: Consejo Escolar y Claustro

de profesores.

CAPÍTULO II

Autonomía de los centros

Artículo 120.

Disposiciones generales.1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica,

de organización y de gestión en el marco de la legislación

vigente y en los términos recogidos en la presente

Ley y en las normas que la desarrollen.

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía

para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y

un proyecto de gestión, así como las normas de organización

y funcionamiento del centro.

3. Las Administraciones educativas favorecerán la

autonomía de los centros de forma que sus recursos

económicos, materiales y humanos puedan adecuarse

a los planes de trabajo y organización que elaboren,

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17189

una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden

adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas

de organización o ampliación del horario escolar en

los términos que establezcan las Administraciones educativas,

sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones

a las familias ni exigencias para las Administraciones

educativas.

5. Cuando estas experimentaciones, planes de trabajo

o formas de organización puedan afectar a la obtención

de títulos académicos o profesionales, deberán ser

autorizados expresamente por el Gobierno.

Artículo 121.

Proyecto educativo.1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores,

los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo,

incorporará la concreción de los currículos establecidos

por la Administración educativa que corresponde

fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal

en las áreas, materias o módulos de la educación

en valores y otras enseñanzas.

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las

características del entorno social y cultural del centro,

recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado

y la acción tutorial, así como el plan de convivencia,

y deberá respetar el principio de no discriminación y de

inclusión educativa como valores fundamentales, así

como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en

la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho

a la Educación.

3. Corresponde a las Administraciones educativas

establecer el marco general que permita a los centros

públicos y privados concertados elaborar sus proyectos

educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de

facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad

educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones

educativas contribuir al desarrollo del currículo

favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación

docente y de materiales didácticos que atiendan

a las distintas necesidades de los alumnos y del

profesorado.

4. Corresponde a las Administraciones educativas

favorecer la coordinación entre los proyectos educativos

de los centros de educación primaria y los de educación

secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación

de los alumnos a la educación secundaria sea gradual y

positiva.

5. Los centros promoverán compromisos educativos

entre las familias o tutores legales y el propio centro en

los que se consignen las actividades que padres, profesores

y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar

el rendimiento académico del alumnado.

6. El proyecto educativo de los centros privados concertados,

que en todo caso deberá hacerse público, será

dispuesto por su respectivo titular e incorporará el carácter

propio al que se refiere el artículo 115 de esta Ley.

Artículo 122.

Recursos.1. Los centros estarán dotados de los recursos educativos,

humanos y materiales necesarios para ofrecer

una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de

oportunidades en el acceso a la educación.

2. Las Administraciones educativas podrán asignar

mayores dotaciones de recursos a determinados

centros públicos o privados concertados en razón de

los proyectos que así lo requieran o en atención a las

condiciones de especial necesidad de la población que

escolarizan.

3. Los centros docentes públicos podrán obtener

recursos complementarios, previa aprobación del Consejo

Escolar, en los términos que establezcan las Administraciones

educativas, dentro de los límites que la

normativa vigente establece. Estos recursos no podrán

provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones

de padres y de alumnos en cumplimiento de

sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de

acuerdo con lo que las Administraciones educativas

establezcan.

Artículo 123.

Proyecto de gestión de los centros públicos.1. Los centros públicos que impartan enseñanzas

reguladas por la presente Ley dispondrán de autonomía

en su gestión económica de acuerdo con la normativa

establecida en la presente Ley así como en la que determine

cada Administración educativa.

2. Las Administraciones educativas podrán delegar

en los órganos de gobierno de los centros públicos

la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios

y suministros, de acuerdo con el Real Decreto

Legisla tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, y con los límites que en la normativa

correspondiente se fijen. El ejercicio de la autonomía

de los centros para administrar estos recursos

estará sometido a las disposiciones que las Administraciones

educativas establezcan para regular el proceso

de contratación, de realización y de justificación del

gasto.

3. Para el cumplimiento de sus proyectos educativos,

los centros públicos podrán formular requisitos de

titulación y capacitación profesional respecto de determinados

puestos de trabajo del centro, de acuerdo con las

condiciones que establezcan las Administraciones educativas.

4. Los centros públicos expresarán la ordenación y

utilización de sus recursos, tanto materiales como humanos,

a través de la elaboración de su proyecto de gestión,

en los términos que regulen las Administraciones educativas.

5. Las Administraciones educativas podrán delegar

en los órganos de gobierno de los centros públicos las

competencias que determinen, incluidas las relativas a

gestión de personal, responsabilizando a los directores

de la gestión de los recursos puestos a disposición del

centro.

Artículo 124.

Normas de organización y funcionamiento.1. Los centros docentes elaborarán sus normas

de organización y funcionamiento, que deberán incluir

las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia.

2. Las Administraciones educativas facilitarán que

los centros, en el marco de su autonomía, puedan elaborar

sus propias normas de organización y funcionamiento.

Artículo 125.

Programación general anual.Los centros educativos elaborarán al principio de

cada curso una programación general anual que recoja

todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento

del centro, incluidos los proyectos, el currículo,

las normas, y todos los planes de actuación acordados y

aprobados.

17190 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

CAPÍTULO III

Órganos colegiados de gobierno y de coordinación

docente de los centros públicos

S

ECCIÓN PRIMERA. CONSEJO ESCOLARArtículo 126.

Composición del Consejo Escolar.1. El Consejo Escolar de los centros públicos estará

compuesto por los siguientes miembros:

a) El director del centro, que será su Presidente.

b) El jefe de estudios.

c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en

cuyo término municipal se halle radicado el centro.

d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro,

que no podrá ser inferior a un tercio del total de los

componentes del Consejo.

e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente

por y entre ellos, que no podrá ser inferior

a un tercio del total de los componentes del Consejo.

f) Un representante del personal de administración y

servicios del centro.

g) El secretario del centro, que actuará como secretario

del Consejo, con voz y sin voto.

2. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro,

éste designará una persona que impulse medidas educativas

que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres

y mujeres.

3. Uno de los representantes de los padres en el

Consejo Escolar será designado por la asociación de

padres más representativa del centro, de acuerdo con el

procedimiento que establezcan las Administraciones educativas.

4. Corresponde a las Administraciones educativas

regular las condiciones por las que los centros que impartan

las enseñanzas de formación profesional o artes plásticas

y diseño puedan incorporar a su Consejo Escolar un

representante propuesto por las organizaciones empresariales

o instituciones laborales presentes en el ámbito de

acción del centro.

5. Los alumnos podrán ser elegidos miembros del

Consejo Escolar a partir del primer curso de la educación

secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos de los

dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria

no podrán participar en la selección o el cese del director.

Los alumnos de educación primaria podrán participar

en el Consejo Escolar del centro en los términos que establezcan

las Administraciones educativas.

6. Corresponde a las Administraciones educativas

determinar el número total de miembros del Consejo

Escolar y regular el proceso de elección.

7. En los centros específicos de educación infantil,

en los incompletos de educación primaria, en los de educación

secundaria con menos de ocho unidades, en centros

de educación permanente de personas adultas y de

educación especial, en los que se impartan enseñanzas

artísticas profesionales, de idiomas o deportivas, así

como en aquellas unidades o centros de características

singulares, la Administración educativa competente

adaptará lo dispuesto en este artículo a la singularidad de

los mismos.

8. En los centros específicos de educación especial

y en aquellos que tengan unidades de educación especial

formará parte también del Consejo Escolar un representante

del personal de atención educativa complementaria.

Artículo 127.

Competencias del Consejo Escolar.El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes

competencias:

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los

que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley.

b) Aprobar y evaluar la programación general anual

del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro

de profesores, en relación con la planificación y organización

docente.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos

de dirección presentados por los candidatos.

d) Participar en la selección del director del centro en

los términos que la presente Ley establece. Ser informado

del nombramiento y cese de los demás miembros del

equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer

la revocación del nombramiento del director.

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción

a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la

desarrollen.

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y

velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando

las medidas disciplinarias adoptadas por el director

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen

gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar,

a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la

convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y

mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los

ámbitos de la vida personal, familiar y social.

h) Promover la conservación y renovación de las

instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de

recursos complementarios de acuerdo con lo establecido

en el artículo 122.3.

i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines

educativos y culturales, con las Administraciones locales,

con otros centros, entidades y organismos.

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del

centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados

de las evaluaciones internas y externas en las que

participe el centro.

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia

o a petición de la Administración competente, sobre el

funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la

gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados

con la calidad de la misma.

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la

Administración educativa.

S

ECCIÓN SEGUNDA. CLAUSTRO DE PROFESORESArtículo 128.

Composición.1. El Claustro de profesores es el órgano propio de

participación de los profesores en el gobierno del centro y

tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar

y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos

del centro.

2. El Claustro será presidido por el director y estará

integrado por la totalidad de los profesores que presten

servicio en el centro.

Artículo 129.

Competencias.El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar

propuestas para la elaboración de los proyectos del centro

y de la programación general anual.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17191

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y

todos los aspectos educativos de los proyectos y de la

programación general anual.

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría,

evaluación y recuperación de los alumnos.

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación

y de la investigación pedagógica y en la formación

del profesorado del centro.

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar

del centro y participar en la selección del director en los

términos establecidos por la presente Ley.

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos

de dirección presentados por los candidatos.

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del

centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados

de las evaluaciones internas y externas en las que

participe el centro.

h) Informar las normas de organización y funcionamiento

del centro.

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y

la imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan

a la normativa vigente.

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la

convivencia en el centro.

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la

Administración educativa o por las respectivas normas de

organización y funcionamiento.

S

ECCIÓN TERCERA. OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTEArtículo 130.

Órganos de coordinación docente.1. Corresponde a las Administraciones educativas

regular el funcionamiento de los órganos de coordinación

docente y de orientación y potenciar los equipos de

profesores que impartan clase en el mismo curso, así

como la colaboración y el trabajo en equipo de los profesores

que impartan clase a un mismo grupo de alumnos.

2. En los institutos de educación secundaria existirán,

entre los órganos de coordinación docente, departamentos

de coordinación didáctica que se encargarán de la

organización y desarrollo de las enseñanzas propias de

las materias o módulos que se les encomienden.

CAPÍTULO IV

Dirección de los centros públicos

Artículo 131.

El equipo directivo.1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno

de los centros públicos, estará integrado por el director, el

jefe de estudios, el secretario y cuantos determinen las

Administraciones educativas.

2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada

en el desempeño de sus funciones, conforme a las instrucciones

del director y las funciones específicas legalmente

establecidas.

3. El director, previa comunicación al Claustro de

profesores y al Consejo Escolar, formulará propuesta de

nombramiento y cese a la Administración educativa de

los cargos de jefe de estudios y secretario de entre los

profesores con destino en dicho centro.

4. Todos los miembros del equipo directivo cesarán

en sus funciones al término de su mandato o cuando se

produzca el cese del director.

5. Las Administraciones educativas favorecerán el

ejercicio de la función directiva en los centros docentes,

mediante la adopción de medidas que permitan mejorar

la actuación de los equipos directivos en relación con el

personal y los recursos materiales y mediante la organización

de programas y cursos de formación.

Artículo 132.

Competencias del director.Son competencias del director:

a) Ostentar la representación del centro, representar

a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar

a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades

de la comunidad educativa.

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro,

sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro

de profesores y al Consejo Escolar.

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación

educativa e impulsar planes para la consecución

de los objetivos del proyecto educativo del centro.

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás

disposiciones vigentes.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al

centro.

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la

mediación en la resolución de los conflictos e imponer las

medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos,

en cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de

las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el

artícu lo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización

de los procedimientos para la resolución de los conflictos

en los centros.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones

y con organismos que faciliten la relación del

centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que

favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones

propicien una formación integral en conocimientos y

valores de los alumnos.

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y

colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación

del profesorado.

i) Convocar y presidir los actos académicos y las

sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de profesores

del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito

de sus competencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y

suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con

el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las

certificaciones y documentos oficiales del centro, todo

ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones

educativas.

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento

y cese de los miembros del equipo directivo,

previa información al Claustro de profesores y al Consejo

Escolar del centro.

l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por

la Administración educativa.

Artículo 133.

Selección del director.1. La selección del director se realizará mediante un

proceso en el que participen la comunidad educativa y la

Administración educativa.

2. Dicho proceso debe permitir seleccionar a los candidatos

más idóneos profesionalmente y que obtengan el

mayor apoyo de la comunidad educativa.

3. La selección y nombramiento de directores de

los centros públicos se efectuará mediante concurso de

méritos entre profesores funcionarios de carrera que

impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al

centro.

4. La selección se realizará de conformidad con los

principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.

17192 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

Artículo 134.

Requisitos para ser candidato a director.1. Serán requisitos para poder participar en el concurso

de méritos los siguientes:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años

como funcionario de carrera en la función pública

docente.

b) Haber impartido docencia directa como funcionario

de carrera, durante un periodo de igual duración, en

alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a que

se opta.

c) Estar prestando servicios en un centro público, en

alguna de las enseñanzas de las del centro al que se opta,

con una antigüedad en el mismo de al menos un curso

completo al publicarse la convocatoria, en el ámbito de la

Administración educativa convocante.

d) Presentar un proyecto de dirección que incluya,

entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación

del mismo.

2. En los centros específicos de educación infantil,

en los incompletos de educación primaria, en los de educación

secundaria con menos de ocho unidades, en los

que impartan enseñanzas artísticas profesionales, deportivas,

de idiomas o las dirigidas a personas adultas con

menos de ocho profesores, las Administraciones educativas

podrán eximir a los candidatos de cumplir alguno

de los requisitos establecidos en el apartado 1 de este

artículo.

Artículo 135.

Procedimiento de selección.1. Para la selección de los directores en los centros

públicos, las Administraciones educativas convocarán

concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos

y el procedimiento de valoración de los méritos del candidato

y del proyecto presentado.

2. La selección será realizada en el centro por una

Comisión constituida por representantes de la Administración

educativa y del centro correspondiente.

3. Corresponde a las Administraciones educativas

determinar el número total de vocales de las comisiones.

Al menos un tercio de los miembros de la comisión será

profesorado elegido por el Claustro y otro tercio será elegido

por y entre los miembros del Consejo Escolar que no

son profesores.

4. La selección del director, que tendrá en cuenta la

valoración objetiva de los méritos académicos y profesionales

acreditados por los aspirantes y la valoración

del proyecto de dirección, será decidida democráticamente

por los miembros de la Comisión, de acuerdo con

los criterios establecidos por las Administraciones educativas.

5. La selección se realizará considerando, primero,

las candidaturas de profesores del centro, que tendrán

preferencia. En ausencia de candidatos del centro o

cuando éstos no hayan sido seleccionados, la Comisión

valorará las candidaturas de profesores de otros centros.

Artículo 136.

Nombramiento.1. Los aspirantes seleccionados deberán superar un

programa de formación inicial, organizado por las Administraciones

educativas. Los aspirantes seleccionados

que acrediten una experiencia de al menos dos años en la

función directiva estarán exentos de la realización del

programa de formación inicial.

2. La Administración educativa nombrará director

del centro que corresponda, por un periodo de cuatro

años, al aspirante que haya superado este programa.

3. El nombramiento de los directores podrá renovarse,

por periodos de igual duración, previa evaluación

positiva del trabajo desarrollado al final de los

mismos. Los criterios y procedimientos de esta evaluación

serán públicos. Las Administraciones educativas

podrán fijar un límite máximo para la renovación de los

mandatos.

Artículo 137.

Nombramiento con carácter extraordinario.En ausencia de candidatos, en el caso de centros de

nueva creación o cuando la Comisión correspondiente no

haya seleccionado a ningún aspirante, la Administración

educativa nombrará director a un profesor funcionario

por un periodo máximo de cuatro años.

Artículo 138.

Cese del director.El cese del director se producirá en los siguientes

supuestos:

a) Finalización del periodo para el que fue nombrado

y, en su caso, de la prórroga del mismo.

b) Renuncia motivada aceptada por la Administración

educativa.

c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.

d) Revocación motivada, por la Administración educativa

competente, a iniciativa propia o a propuesta motivada

del Consejo Escolar, por incumplimiento grave de

las funciones inherentes al cargo de director. En todo

caso, la resolución de revocación se emitirá tras la instrucción

de un expediente contradictorio, previa audiencia

al interesado y oído el Consejo Escolar.

Artículo 139.

Reconocimiento de la función directiva.1. El ejercicio de cargos directivos, y en especial del

cargo de director, será retribuido de forma diferenciada,

en consideración a la responsabilidad y dedicación exigidas,

de acuerdo con las cuantías que para los complementos

establecidos al efecto fijen las Administraciones

educativas.

2. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos, y, en

todo caso, del cargo de director será especialmente valorado

a los efectos de la provisión de puestos de trabajo en

la función pública docente.

3. Los directores serán evaluados al final de su mandato.

Los que obtuvieren evaluación positiva, obtendrán

un reconocimiento personal y profesional en los términos

que establezcan las Administraciones educativas.

4. Los directores de los centros públicos que hayan

ejercido su cargo con valoración positiva durante el periodo

de tiempo que cada Administración educativa determine,

mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo,

la percepción de una parte del complemento retributivo

correspondiente en la proporción, condiciones y requisitos

que determinen las Administraciones educativas.

TÍTULO VI

Evaluación del sistema educativo

Artículo 140.

Finalidad de la evaluación.1. La evaluación del sistema educativo tendrá como

finalidad:

a) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la

educación.

b) Orientar las políticas educativas.

c) Aumentar la transparencia y eficacia del sistema

educativo.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17193

d) Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento

de los objetivos de mejora establecidos por las

Administraciones educativas.

e) Proporcionar información sobre el grado de consecución

de los objetivos educativos españoles y europeos,

así como del cumplimiento de los compromisos educativos

contraídos en relación con la demanda de la sociedad española

y las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea.

2. La finalidad establecida en el apartado anterior no

podrá amparar que los resultados de las evaluaciones del

sistema educativo, independientemente del ámbito territorial

estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan

ser utilizados para valoraciones individuales de los alumnos

o para establecer clasificaciones de los centros.

Artículo 141.

Ámbito de la evaluación.La evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos

regulados en esta Ley y se aplicará sobre los procesos

de aprendizaje y resultados de los alumnos, la actividad

del profesorado, los procesos educativos, la función

directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la

inspección y las propias Administraciones educativas.

Artículo 142.

Organismos responsables de la evaluación.1. Realizarán la evaluación del sistema educativo el

Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema

Educativo, que pasa a denominarse Instituto de Evaluación,

y los organismos correspondientes de las Administraciones

educativas que éstas determinen, que evaluarán

el sistema educativo en el ámbito de sus competencias.

2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, determinará la estructura y funciones del

Instituto de Evaluación, en el que se garantizará la participación

de las Administraciones educativas.

3. Los equipos directivos y el profesorado de los centros

docentes colaborarán con las Administraciones educativas

en las evaluaciones que se realicen en sus centros.

Artículo 143.

Evaluación general del sistema educativo.1. El Instituto de Evaluación, en colaboración con las

Administraciones educativas, elaborará planes plurianuales

de evaluación general del sistema educativo. Previamente

a su realización, se harán públicos los criterios y

procedimientos de evaluación.

2. El Instituto de Evaluación, en colaboración con las

Administraciones educativas, coordinará la participación

del Estado español en las evaluaciones internacionales.

3. El Instituto de Evaluación, en colaboración con las

Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal

de Indicadores de la Educación que contribuirá al

conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma

de decisiones de las instituciones educativas y de todos

los sectores implicados en la educación. Los datos necesarios

para su elaboración deberán ser facilitados al

Ministerio de Educación y Ciencia por las Administraciones

educativas de las Comunidades Autónomas.

Artículo 144.

Evaluaciones generales de diagnóstico.1. El Instituto de Evaluación y los organismos correspondientes

de las Administraciones educativas, en el

marco de la evaluación general del sistema educativo que

les compete, colaborarán en la realización de evaluaciones

generales de diagnóstico, que permitan obtener datos

representativos, tanto del alumnado y de los centros de

las Comunidades Autónomas como del conjunto del

Estado. Estas evaluaciones versarán sobre las competencias

básicas del currículo, se realizarán en la enseñanza

primaria y secundaria e incluirán, en todo caso, las previstas

en los artículos 21 y 29. La Conferencia Sectorial de

Educación velará para que estas evaluaciones se realicen

con criterios de homogeneidad.

2. En el marco de sus respectivas competencias,

corresponde a las Administraciones educativas desarrollar

y controlar las evaluaciones de diagnóstico en las que

participen los centros de ellas dependientes y proporcionar

los modelos y apoyos pertinentes a fin de que todos

los centros puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones,

que tendrán carácter formativo e interno.

3. Corresponde a las Administraciones educativas

regular la forma en que los resultados de estas evaluaciones

de diagnóstico que realizan los centros, así como los

planes de actuación que se deriven de las mismas, deban

ser puestos en conocimiento de la comunidad educativa.

En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones

podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones

de los centros.

Artículo 145.

Evaluación de los centros.1. Podrán las Administraciones educativas, en el

marco de sus competencias, elaborar y realizar planes de

evaluación de los centros educativos, que tendrán en

cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de

las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio

centro y los recursos de que dispone.

2. Asimismo, las Administraciones educativas apoyarán

y facilitarán la autoevaluación de los centros educativos.

Artículo 146.

Evaluación de la función directiva.Con el fin de mejorar el funcionamiento de los centros

educativos, las Administraciones educativas, en el ámbito

de sus competencias, podrán elaborar planes para la

valoración de la función directiva.

Artículo 147.

Difusión del resultado de las evaluaciones.1. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, presentará anualmente al Congreso de los

Diputados un informe sobre los principales indicadores del

sistema educativo español, los resultados de las evaluaciones

de diagnóstico españolas o internacionales y las recomendaciones

planteadas a partir de ellas, así como sobre

los aspectos más destacados del informe que sobre el sistema

educativo elabora el Consejo Escolar del Estado.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia publicará

periódicamente las conclusiones de interés general de las

evaluaciones efectuadas por el Instituto de Evaluación en

colaboración con las Administraciones educativas y dará

a conocer la información que ofrezca periódicamente el

Sistema Estatal de Indicadores.

TÍTULO VII

Inspección del sistema educativo

Artículo 148.

Inspección del sistema educativo.1. Es competencia y responsabilidad de los poderes

públicos la inspección del sistema educativo.

2. Corresponde a las Administraciones públicas competentes

ordenar, regular y ejercer la inspección educativa

dentro del respectivo ámbito territorial.

3. La inspección educativa se realizará sobre todos los

elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar

el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos

y la observancia de los deberes de cuantos participan en los

17194 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema

educativo y la calidad y equidad de la enseñanza.

CAPÍTULO I

Alta Inspección

Artículo 149.

Ámbito.Corresponde al Estado la alta inspección educativa,

para garantizar el cumplimento de las facultades que le

están atribuidas en materia de enseñanza y la observancia

de los principios y normas constitucionales aplicables

y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 de

la Constitución.

Artículo 150.

Competencias.1. En el ejercicio de las funciones que están atribuidas

al Estado, corresponde a la Alta Inspección:

a) Comprobar el cumplimiento de los requisitos

establecidos por el Estado en la ordenación general del

sistema educativo en cuanto a modalidades, etapas,

ciclos y especialidades de enseñanza, así como en

cuanto al número de cursos que en cada caso corresponda.

b) Comprobar la inclusión de los aspectos básicos

del currículo dentro de los currículos respectivos y que

éstos se cursan de acuerdo con el ordenamiento estatal

correspondiente.

c) Comprobar el cumplimiento de las condiciones

para la obtención de los títulos correspondientes y de los

efectos académicos o profesionales de los mismos.

d) Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas

que garanticen la igualdad de todos los españoles en

el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación,

así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo

con las disposiciones aplicables.

e) Verificar la adecuación de la concesión de las subvenciones

y becas a los criterios generales que establezcan

las disposiciones del Estado.

2. En el ejercicio de las funciones de alta inspección,

los funcionarios del Estado gozarán de la consideración de

autoridad pública a todos los efectos, pudiendo recabar en

sus actuaciones la colaboración necesaria de las autoridades

del Estado y de las Comunidades Autónomas para el

cumplimiento de las funciones que les están encomendadas.

3. El Gobierno regulará la organización y régimen de

personal de la Alta Inspección, así como su dependencia.

Asimismo, el Gobierno, consultadas las Comunidades

Autónomas, regulará los procedimientos de actuación de

la Alta Inspección.

CAPÍTULO II

Inspección educativa

Artículo 151.

Funciones de la inspección educativa.Las funciones de la inspección educativa son las

siguientes:

a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico

y organizativo, el funcionamiento de los centros

educativos así como los programas que en ellos inciden.

b) Supervisar la práctica docente, la función directiva

y colaborar en su mejora continua.

c) Participar en la evaluación del sistema educativo y

de los elementos que lo integran.

d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos,

de las leyes, reglamentos y demás disposiciones

vigentes que afecten al sistema educativo.

e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios

y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados

a fomentar la igualdad real entre hombres y

mujeres.

f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores

de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos

y en el cumplimiento de sus obligaciones.

g) Emitir los informes solicitados por las Administraciones

educativas respectivas o que se deriven del conocimiento

de la realidad propio de la inspección educativa,

a través de los cauces reglamentarios.

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las

Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus

competencias.

Artículo 152.

Inspectores de Educación.La inspección educativa será ejercida por las Administraciones

educativas a través de funcionarios públicos del

Cuerpo de Inspectores de Educación, así como los pertenecientes

al extinguido Cuerpo de Inspectores al servicio

de la Administración educativa creado por la Ley 30/1984,

de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función

Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que

no hubieran optado en su momento por su incorporación

al de Inspectores de Educación.

Artículo 153.

Atribuciones de los inspectores.Para cumplir las funciones de la inspección educativa

los inspectores tendrán las siguientes atribuciones:

a) Conocer directamente todas las actividades que

se realicen en los centros, a los cuales tendrán libre

acceso.

b) Examinar y comprobar la documentación académica,

pedagógica y administrativa de los centros.

c) Recibir de los restantes funcionarios y responsables

de los centros y servicios educativos, públicos y privados,

la necesaria colaboración para el desarrollo de sus

actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la

consideración de autoridad pública.

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las

Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus

competencias.

Artículo 154.

Organización de la inspección educativa.1. Las Administraciones educativas regularán la

estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan

para el desempeño de la inspección educativa en

sus respectivos ámbitos territoriales.

2. La estructura a la que se refiere el apartado anterior

podrá organizarse sobre la base de los perfiles profesionales

de los inspectores, entendidos en función de los

criterios siguientes: titulaciones universitarias, cursos de

formación en el ejercicio de la inspección, experiencia

profesional en la docencia y experiencia en la propia inspección

educativa.

3. En los procedimientos para la provisión de puestos

de trabajo en la inspección educativa podrán tenerse

en consideración las necesidades de las respectivas

Administraciones educativas y podrá ser valorada como

mérito la especialización de los aspirantes de acuerdo con

las condiciones descritas en el apartado anterior.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17195

TÍTULO VIII

Recursos económicos

Artículo 155.

en la presente Ley.

Recursos para dar cumplimiento a lo establecido1. Los poderes públicos dotarán al conjunto del sistema

educativo de los recursos económicos necesarios

para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley,

con el fin de garantizar la consecución de los objetivos en

ella previstos.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas acordarán

un plan de incremento del gasto público en educación

para los próximos diez años, que permita el cumplimiento

de los objetivos establecidos en la presente Ley y la equiparación

progresiva a la media de los países de la Unión

Europea.

Artículo 156.

educación.

Informe anual sobre el gasto público en laEl Gobierno, en el informe anual al que hace referencia

el artículo 147 de esta Ley, incluirá los datos relativos

al gasto público en educación.

Artículo 157.

y apoyo al profesorado.

Recursos para la mejora de los aprendizajes1. Corresponde a las Administraciones educativas

proveer los recursos necesarios para garantizar, en el proceso

de aplicación de la presente Ley:

a) Un número máximo de alumnos por aula que

en la enseñanza obligatoria será de 25 para la educación

primaria y de 30 para la educación secundaria

obligatoria.

b) La puesta en marcha de un plan de fomento de la

lectura.

c) El establecimiento de programas de refuerzo y

apoyo educativo y de mejora de los aprendizajes.

d) El establecimiento de programas de refuerzo del

aprendizaje de las lenguas extranjeras.

e) La atención a la diversidad de los alumnos y en

especial la atención a aquellos que presentan necesidad

específica de apoyo educativo.

f) El establecimiento de programas de refuerzo del

aprendizaje de las tecnologías de la información y la

comunicación.

g) Medidas de apoyo al profesorado.

h) La existencia de servicios o profesionales especializados

en la orientación educativa, psicopedagógica y

profesional.

2. En la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la

Comunidad Foral de Navarra la financiación de los recursos

a los que hace referencia este título se regirán por el

sistema del Concierto Económico y del Convenio respectivamente.

Disposición adicional primera.

de la Ley.

Calendario de aplicaciónEl Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas,

aprobará el calendario de aplicación de esta Ley,

que tendrá un ámbito temporal de cinco años, a partir de

la entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se

establecerá la implantación de los currículos de las enseñanzas

correspondientes.

Disposición adicional segunda.

Enseñanza de la religión.1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo

establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos

Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.

A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho

acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia

en los niveles educativos que corresponda, que será

de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario

para los alumnos.

2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo

dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados

por el Estado español con la Federación de Entidades

Religiosas Evangélicas de España, la Federación de

Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica

de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan

suscribirse con otras confesiones religiosas.

Disposición adicional tercera.

Profesorado de religión.1. Los profesores que impartan la enseñanza de las

religiones deberán cumplir los requisitos de titulación

establecidos para las distintas enseñanzas reguladas en la

presente Ley, así como los establecidos en los acuerdos

suscritos entre el Estado Español y las diferentes confesiones

religiosas.

2. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos

de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de

las religiones en los centros públicos lo harán en régimen

de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto

de los Trabajadores, con las respectivas Administraciones

competentes. La regulación de su régimen laboral se hará

con la participación de los representantes del profesorado.

Se accederá al destino mediante criterios objetivos

de igualdad, mérito y capacidad. Estos profesores percibirán

las retribuciones que correspondan en el respectivo

nivel educativo a los profesores interinos.

En todo caso, la propuesta para la docencia corresponderá

a las entidades religiosas y se renovará automáticamente

cada año. La determinación del contrato, a

tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran

las necesidades de los centros, corresponderá a las

Administraciones competentes. La remoción, en su caso,

se ajustará a derecho.

Disposición adicional cuarta.

materiales curriculares.

Libros de texto y demás1. En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde

a los órganos de coordinación didáctica de los

centros públicos adoptar los libros de texto y demás

materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las

diversas enseñanzas.

2. La edición y adopción de los libros de texto y

demás materiales no requerirán la previa autorización de

la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán

adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los

alumnos y al currículo aprobado por cada Administración

educativa. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto

a los principios, valores, libertades, derechos y deberes

constitucionales, así como a los principios y valores

recogidos en la presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004,

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral

contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse

toda la actividad educativa.

3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales

curriculares constituirá parte del proceso ordinario

de inspección que ejerce la Administración educativa

sobre la totalidad de elementos que integran el proceso

de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto

a los principios y valores contenidos en la Constitución y

a lo dispuesto en la presente Ley.

17196 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

Disposición adicional quinta.

Calendario escolar.El calendario escolar, que fijarán anualmente las

Administraciones educativas, comprenderá un mínimo

de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias.

Disposición adicional sexta.

de la función pública docente.

Bases del régimen estatutario1. Son bases del régimen estatutario de los funcionarios

públicos docentes, además de las recogidas, con tal

carácter, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas

para la Reforma de la Función Pública, modificada por la

Ley 23/1988, de 28 de julio, las reguladas por esta Ley y la

normativa que la desarrolle, para el ingreso, la movilidad

entre los cuerpos docentes, la reordenación de los cuerpos

y escalas, y la provisión de plazas mediante concursos

de traslados de ámbito estatal. El Gobierno desarrollará

reglamentariamente dichas bases en aquellos

aspectos básicos que sean necesarios para garantizar el

marco común básico de la función pública docente.

2. Las Comunidades Autónomas ordenarán su función

pública docente en el marco de sus competencias,

respetando, en todo caso, las normas básicas a que se

hace referencia en el apartado anterior.

3. Periódicamente, las Administraciones educativas

convocarán concursos de traslado de ámbito estatal, a

efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes

que determinen en los centros docentes de enseñanza

dependientes de aquéllas, así como para garantizar la

posible concurrencia de los funcionarios de su ámbito de

gestión a plazas de otras Administraciones educativas y,

en su caso, si procede, la adjudicación de aquellas que

resulten del propio concurso. En estos concursos podrán

participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera

que sea la Administración educativa de la que

dependan o por la que hayan ingresado, siempre que

reúnan los requisitos generales y los específicos que, de

acuerdo con las respectivas plantillas o relaciones de

puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias.

Estas convocatorias se harán públicas a través del

Boletín Oficial del Estado y de los Diarios Oficiales de las

Comunidades Autónomas convocantes. Incluirán un

único baremo de méritos, entre los que se tendrán en

cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento

superados, los méritos académicos y profesionales, la

antigüedad, la pertenencia a alguno de los cuerpos de

catedráticos y la evaluación voluntaria de la función

docente.

A los efectos de los concursos de traslados de ámbito

estatal y del reconocimiento de la movilidad entre los

cuerpos docentes, las actividades de formación organizadas

por cualesquiera de las Administraciones educativas

surtirán sus efectos en todo el territorio nacional.

4. Durante los cursos escolares en los que no se

celebren los concursos de ámbito estatal a los que se

refiere esta disposición, las diferentes Administraciones

educativas podrán organizar procedimientos de provisión

referidos al ámbito territorial cuya gestión les corresponda

y destinados a la cobertura de sus plazas, todo ello

sin perjuicio de que en cualquier momento puedan realizar

procesos de redistribución o de recolocación de sus

efectivos.

5. La provisión de plazas por funcionarios docentes

en los centros superiores de enseñanzas artísticas se realizará

por concurso específico, de acuerdo con lo que

determinen las Administraciones educativas.

6. Los funcionarios docentes que obtengan una

plaza por concurso deberán permanecer en la misma un

mínimo de dos años para poder participar en sucesivos

concursos de provisión de puestos de trabajo.

Disposición adicional séptima.

pública docente y funciones de los cuerpos docentes.

Ordenación de la función1. La función pública docente se ordena en los

siguientes cuerpos:

a) El cuerpo de maestros, que desempeñará sus funciones

en la educación infantil y primaria.

b) Los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria

y de profesores de enseñanza secundaria, que desempeñarán

sus funciones en la educación secundaria obligatoria,

bachillerato y formación profesional.

c) El cuerpo de profesores técnicos de formación

profesional, que desempeñará sus funciones en la formación

profesional y, excepcionalmente, en las condiciones

que se establezcan, en la educación secundaria

obligatoria.

d) El cuerpo de profesores de música y artes escénicas,

que desempeñará sus funciones en las enseñanzas

elementales y profesionales de música y danza, en las

enseñanzas de arte dramático y, en su caso, en aquellas

materias de las enseñanzas superiores de música y danza

o de la modalidad de artes del bachillerato que se determinen.

e) El cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas,

que desempeñará sus funciones en las enseñanzas

superiores de música y danza y en las de arte dramático.

f) Los cuerpos de catedráticos de artes plásticas y

diseño y de profesores de artes plásticas y diseño, que

desempeñarán sus funciones en las enseñanzas de artes

plásticas y diseño, en las enseñanzas de conservación y

restauración de bienes culturales y en las enseñanzas de la

modalidad de artes del bachillerato que se determinen.

g) El cuerpo de maestros de taller de artes plásticas

y diseño, que desempeñará sus funciones en las enseñanzas

de artes plásticas y diseño y en las enseñanzas de

conservación y restauración de bienes culturales.

h) Los cuerpos de catedráticos de escuelas oficiales

de idiomas y de profesores de escuelas oficiales de idiomas,

que desempeñarán sus funciones en las enseñanzas

de idiomas.

i) El cuerpo de inspectores de educación, que realizará

las funciones recogidas en el artículo 151 de la presente

Ley.

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas,

podrá establecer las condiciones y los requisitos

para que los funcionarios pertenecientes a alguno de los

cuerpos docentes recogidos en el apartado anterior puedan

excepcionalmente desempeñar funciones en una

etapa o, en su caso, enseñanza distintas de las asignadas

a su cuerpo con carácter general. Para tal desempeño se

determinará la titulación, formación o experiencia que se

consideren necesarias.

Los cuerpos y escalas declarados a extinguir por las

normas anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,

de Ordenación General del Sistema Educativo, se

regirán por lo establecido en aquellas disposiciones, siéndoles

de aplicación lo señalado a efectos de movilidad en

la disposición adicional duodécima de esta Ley.

2. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las

Comunidades Autónomas, la creación o supresión de las

especialidades docentes de los cuerpos a los que se

refiere esta disposición, a excepción de la letra i) del apartado

anterior, y la asignación de áreas, materias y módulos

que deberán impartir los funcionarios adscritos a cada

una de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu lo 93.2

de esta Ley.

Asimismo, las Administraciones educativas podrán

establecer los requisitos de formación o titulación que

deben cumplir los funcionarios de los cuerpos que imparten

la educación secundaria obligatoria para impartir

enseñanzas de los primeros cursos de esta etapa corres

núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17197

BOEpondientes a otra especialidad, de acuerdo con lo establecido

en el apartado 3 del artículo 26.

No obstante, los procesos selectivos y concursos de

traslados de ámbito estatal tendrán en cuenta únicamente

las especialidades docentes.

Disposición adicional octava.

Cuerpos de catedráticos.1. Los funcionarios de los cuerpos de catedráticos

de enseñanza secundaria, de música y artes escénicas,

de escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y

diseño realizarán las funciones que se les encomiendan

en la presente Ley y las que reglamentariamente se

determinen.

2. Con carácter preferente se atribuyen a los funcionarios

de los cuerpos citados en el apartado anterior, las

siguientes funciones:

a) La dirección de proyectos de innovación e investigación

didáctica de la propia especialidad que se realicen

en el centro.

b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de

coordinación didáctica, así como, en su caso, del departamento

de orientación.

c) La dirección de la formación en prácticas de los

profesores de nuevo ingreso que se incorporen al departamento.

d) La coordinación de los programas de formación

continua del profesorado que se desarrollen dentro del

departamento.

e) La presidencia de los tribunales de acceso y en su

caso ingreso a los respectivos cuerpos de catedráticos.

3. En el momento de hacerse efectiva la integración

en los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria,

de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de catedráticos

de artes plásticas y diseño, los funcionarios de

los respectivos cuerpos con la condición de catedrático se

incorporarán con la antigüedad que tuvieran en dicha

condición y se les respetarán los derechos de que vinieran

disfrutando en el momento de hacerse efectiva la integración,

incluidos los derechos económicos reconocidos a

los funcionarios provenientes del cuerpo de catedráticos

numerarios de bachillerato. La integración en los distintos

cuerpos de catedráticos se hará efectiva en los mismos

puestos que tuvieran asignados en el momento de la

misma.

4. La habilitación prevista en la disposición adicional

primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las

Cualificaciones y de la Formación profesional, se extenderá

a los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de

enseñanza secundaria en las condiciones y con los requisitos

establecidos en dicha Ley.

5. Los funcionarios de los correspondientes cuerpos

de catedráticos de enseñanza secundaria, escuelas oficiales

de idiomas y de artes plásticas y diseño participarán

en los concursos de provisión de puestos conjuntamente

con los funcionarios de los cuerpos de profesores de los

niveles correspondientes, a las mismas vacantes, sin perjuicio

de los méritos específicos que les sean de aplicación

por su pertenencia a los mencionados cuerpos de

catedráticos.

6. La pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos

se valorará, a todos los efectos, como mérito

docente específico.

Disposición adicional novena.

en los cuerpos de funcionarios docentes.

Requisitos para el ingreso1. Para el ingreso en el cuerpo de maestros serán

requisitos indispensables estar en posesión del título de

Maestro o el título de Grado correspondiente y superar el

correspondiente proceso selectivo.

2. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de

enseñanza secundaria será necesario estar en posesión

del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o el

título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes,

a efectos de docencia, además de la formación pedagógica

y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de

esta Ley, así como superar el correspondiente proceso

selectivo.

3. Para el ingreso en el cuerpo de profesores técnicos

de formación profesional será necesario estar en

posesión de la titulación de Diplomado, Arquitecto Técnico,

Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente

u otros títulos equivalentes, a efectos de docencia,

además de la formación pedagógica y didáctica a la que

se refiere el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el

correspondiente proceso selectivo.

4. Para el ingreso a los cuerpos de profesores de

música y artes escénicas y de catedráticos de música y

artes escénicas será necesario estar en posesión del título

de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de

Grado correspondiente, u otro título equivalente a efectos

de docencia, además de, en el caso del cuerpo de profesores

de música y artes escénicas, excepto en las especialidades

propias de Arte Dramático, la formación pedagógica

y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de esta

Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo.

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, establecerá las condiciones para permitir el

ingreso en el cuerpo de catedráticos de música y artes

escénicas, mediante concurso de méritos, a personalidades

de reconocido prestigio en sus respectivos campos

profesionales.

5. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de artes

plásticas y diseño, será necesario estar en posesión del

título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o el

título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes,

a efectos de docencia, además de la formación pedagógica

y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de

esta Ley, así como superar el correspondiente proceso

selectivo.

6. Para el ingreso en el cuerpo de maestros de taller

de artes plásticas y diseño será necesario estar en posesión

de la titulación de Diplomado, Arquitecto Técnico,

Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente u

otros títulos equivalentes, a efectos de docencia, además

de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere

el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente

proceso selectivo.

7. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de

escuelas oficiales de idiomas será necesario estar en

posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto,

Ingeniero o el título de Grado correspondiente u otros

títulos equivalentes, a efectos de docencia, además de la

formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el

artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente

proceso selectivo.

8. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de

enseñanza secundaria en el caso de materias o áreas de

especial relevancia para la formación profesional, para el

ingreso en el cuerpo de profesores de artes plásticas y

diseño en el caso de materias de especial relevancia para

la formación específica artístico-plástica y diseño, así

como para el ingreso en los cuerpos de profesores técnicos

de formación profesional y de maestros de taller en el

caso de determinadas áreas o materias, el Gobierno, previa

consulta a las Comunidades Autónomas podrá determinar,

a efectos de docencia, la equivalencia de otras

titulaciones distintas a las exigidas en esta disposición

adicional. En el caso de que el ingreso sea a los cuerpos

de profesores técnicos de formación profesional y al de

maestros de taller, podrá exigirse, además una experiencia

profesional en un campo laboral relacionado con la

materia o área a las que se aspire.

17198 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

Disposición adicional décima.

a los cuerpos de catedráticos e inspectores.

Requisitos para el acceso1. Para acceder al cuerpo de catedráticos de enseñanza

secundaria, será necesario pertenecer al cuerpo de

profesores de enseñanza secundaria y estar en posesión

del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o

Grado correspondiente o titulación equivalente a efectos

de docencia, así como superar el correspondiente proceso

selectivo.

2. Para acceder al cuerpo de catedráticos de artes

plásticas y diseño será necesario pertenecer al cuerpo de

profesores de artes plásticas y diseño y estar en posesión

del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o

Grado correspondiente o titulación equivalente, a efectos

de docencia, así como superar el correspondiente proceso

selectivo.

3. Para acceder al cuerpo de catedráticos de escuelas

oficiales de idiomas, será necesario pertenecer al

cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas y

estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto,

Ingeniero o Grado correspondiente o titulación

equivalente, a efectos de docencia, así como superar el

correspondiente proceso selectivo.

4. Sin perjuicio de la posibilidad de ingreso regulado

en la disposición adicional novena, apartado 4, para

acceder al cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas,

será necesario pertenecer al cuerpo de profesores

de música y artes escénicas y estar en posesión del título

de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado

correspondiente o titulación equivalente, a efectos de

docencia, así como superar el correspondiente proceso

selectivo.

5. Para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación

será necesario pertenecer a alguno de los cuerpos

que integran la función pública docente con al menos una

experiencia de cinco años en los mismos y estar en posesión

del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto

o título equivalente y superar el correspondiente proceso

selectivo, así como, en su caso, acreditar el conocimiento

de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma de destino,

de acuerdo con su normativa.

Disposición adicional undécima.

del profesorado.

Equivalencia de titulaciones1. El título de Profesor de Educación General Básica

se considera equivalente, a todos los efectos, al título de

Maestro al que se refiere la presente Ley. El título de

Maestro de enseñanza primaria mantendrá los efectos

que le otorga la legislación vigente.

2. Las referencias establecidas en esta Ley en relación

con las distintas titulaciones universitarias, lo son sin

perjuicio de las normas que por el Gobierno se dicten

para el establecimiento, reforma o adaptación de las

modalidades cíclicas de cada enseñanza y de los títulos

correspondientes, en virtud de la autorización otorgada al

mismo por el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001,

de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de cumplir

las líneas generales que emanen del Espacio Europeo

de enseñanza superior.

Disposición adicional duodécima.

interna.

Ingreso y promoción1. El sistema de ingreso en la función pública docente

será el de concurso-oposición convocado por las respectivas

Administraciones educativas. En la fase de concurso

se valorarán, entre otros méritos, la formación académica

y la experiencia docente previa. En la fase de oposición se

tendrán en cuenta la posesión de los conocimientos específicos

de la especialidad docente a la que se opta, la aptitud

pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias

para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán,

según corresponda, de acuerdo con las especialidades

docentes. Para la selección de los aspirantes se tendrá en

cuenta la valoración de ambas fases del concurso-oposición,

sin perjuicio de la superación de las pruebas correspondientes.

El número de seleccionados no podrá superar

el número de plazas convocadas. Asimismo, existirá

una fase de prácticas, que podrá incluir cursos de formación,

y constituirá parte del proceso selectivo.

2. Los funcionarios docentes de los cuerpos de profesores

de enseñanza secundaria, de profesores de

escuelas oficiales de idiomas, de profesores de música y

artes escénicas y de profesores de artes plásticas y

diseño que quieran acceder a los cuerpos de catedráticos

de enseñanza secundaria, de catedráticos de escuelas

oficiales de idiomas, de catedráticos de música y artes

escénicas y de catedráticos de artes plásticas y diseño,

respectivamente, deberán contar con una antigüedad

mínima de ocho años en el correspondiente cuerpo como

funcionarios de carrera.

En las convocatorias correspondientes, que no tendrán

fase de prácticas, el sistema de acceso a los citados

cuerpos será el de concurso en el que se valorarán los

méritos relacionados con la actualización científica y

didáctica, la participación en proyectos educativos, la evaluación

positiva de la actividad docente y, en su caso, la

trayectoria artística de los candidatos.

El número de funcionarios de los cuerpos de catedráticos,

excepto en el cuerpo de catedráticos de música y

artes escénicas, no superará, en cada caso, el 30% del

número total de funcionarios de cada cuerpo de origen.

3. Los funcionarios de los cuerpos docentes clasificados

en el grupo B a que se refiere la vigente legislación

de la función pública podrán acceder a los cuerpos de

profesores de enseñanza secundaria y de profesores de

artes plásticas y diseño. En las convocatorias correspondientes

para estos funcionarios se valorarán preferentemente

los méritos de los concursantes, entre los que se

tendrán en cuenta el trabajo desarrollado y los cursos de

formación y perfeccionamiento superados, así como los

méritos académicos, y la evaluación positiva de la actividad

docente. Asimismo, se realizará una prueba consistente

en la exposición de un tema de la especialidad a la

que se accede, para cuya superación se atenderá tanto a

los conocimientos sobre la materia como a los recursos

didácticos y pedagógicos de los candidatos.

En las convocatorias de ingreso en los cuerpos de profesores

de enseñanza secundaria y de profesores de artes

plásticas y diseño se reservará un porcentaje de las plazas

que se convoquen para el acceso de estos funcionarios

docentes, que deberán estar en posesión de la titulación

requerida para el ingreso en los correspondientes cuerpos,

así como haber permanecido en sus cuerpos de procedencia

un mínimo de seis años como funcionarios de

carrera.

Quienes accedan por este procedimiento estarán

exentos de la realización de la fase de prácticas y tendrán

preferencia en la elección de los destinos vacantes sobre

los aspirantes que ingresen por el turno libre de la correspondiente

convocatoria.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los

aspirantes seleccionados que estén ocupando, con carácter

definitivo en el ámbito de la Administración pública

convocante, plazas del cuerpo y especialidad a las que

acceden, podrán optar, en las condiciones que se establezcan

en las respectivas convocatorias, por permanecer

en las mismas.

4. El acceso al cuerpo de Inspectores de educación

se realizará mediante concurso-oposición. Los aspirantes

deberán contar con una antigüedad mínima de seis años

en alguno de los cuerpos que integran la función pública

docente y una experiencia docente de igual duración. Las

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17199

Administraciones educativas convocarán el concursooposición

correspondiente con sujeción a los siguientes

criterios:

a) En la fase de concurso se valorará la trayectoria

profesional de los candidatos y sus méritos específicos

como docentes, el desempeño de cargos directivos con

evaluación positiva y la pertenencia a alguno de los cuerpos

de catedráticos a los que se refiere esta Ley.

b) La fase de oposición consistirá en una prueba en

la que se valorarán los conocimientos pedagógicos, de

administración y legislación educativa de los aspirantes

adecuada a la función inspectora que van a realizar, así

como los conocimientos y técnicas específicos para el

desempeño de la misma.

c) En las convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores,

las Administraciones educativas podrán reservar

hasta un tercio de las plazas para la provisión

mediante concurso de méritos destinado a los profesores

que, reuniendo los requisitos generales, hayan ejercido

con evaluación positiva, al menos durante tres mandatos,

el cargo de director.

Los candidatos seleccionados mediante el concursooposición

deberán realizar para su adecuada preparación

un periodo de prácticas de carácter selectivo, al finalizar el

cual serán nombrados, en su caso, funcionarios de carrera

del cuerpo de Inspectores de educación.

5. Los funcionarios docentes a que se refiere esta

Ley, podrán, asimismo, acceder a un cuerpo del mismo

grupo y nivel de complemento de destino, sin limitación

de antigüedad, siempre que posean la titulación exigida y

superen el correspondiente proceso selectivo. A este

efecto se tendrá en cuenta su experiencia docente y las

pruebas que en su día se superaron, quedando exentos

de la realización de la fase de prácticas. Estos funcionarios,

cuando accedan a un cuerpo, al tiempo que otros

funcionarios por el turno libre o por alguno de los turnos

previstos en esta disposición, tendrán prioridad para la

elección de destino.

6. El Gobierno y las Comunidades Autónomas

fomentarán convenios con las universidades que faciliten

la incorporación, a jornada total o parcial a compartir

en este caso con su actividad docente no universitaria, a

los Departamentos universitarios de los funcionarios de

los cuerpos docentes de niveles correspondientes a las

enseñanzas reguladas en esta Ley, en el marco de la disposición

adicional vigésima séptima de la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

7. La Administración del Estado y las Comunidades

Autónomas impulsarán el estudio y la implantación, en su

caso, de medidas destinadas al desarrollo de la carrera

profesional de los funcionarios docentes sin que necesariamente

suponga el cambio de cuerpo.

Disposición adicional decimotercera.

función inspectora por funcionarios no pertenecientes

al cuerpo de inspectores de educación.

Desempeño de la1. Los funcionarios del cuerpo de inspectores al servicio

de la Administración educativa que hubieran optado

por permanecer en dicho cuerpo «a extinguir» tendrán

derecho, a efectos de movilidad, a participar en los concursos

para la provisión de puestos en la inspección de

educación.

Los funcionarios del cuerpo de inspectores al servicio

de la Administración educativa de las Comunidades Autónomas

con destino definitivo, e integrados en los correspondientes

cuerpos de acuerdo con la normativa dictada

por aquéllas, tendrán derecho, a efectos de movilidad a

participar en los concursos para la provisión de puestos

de la inspección de educación.

2. Aquellos funcionarios de los cuerpos docentes

que accedieron a la función inspectora de conformidad

con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada

por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y que no hubieran

accedido al cuerpo de Inspectores de educación a la

entrada en vigor de esta Ley, podrán continuar desempeñando

la función inspectora con carácter definitivo y

hasta su jubilación como funcionarios, de conformidad

con las disposiciones por las que accedieron al mismo.

Disposición adicional decimocuarta.

para impartir la modalidad de ciencias de la naturaleza

y de la salud y la modalidad de tecnología en

bachillerato.

Centros autorizadosLos centros docentes privados de bachillerato que a la

entrada en vigor de la presente Ley impartan la modalidad

de ciencias de la naturaleza y de la salud, la modalidad

de tecnología, o ambas, quedarán automáticamente

autorizados para impartir la modalidad de ciencias y tecnología,

establecida en esta Ley.

Disposición adicional decimoquinta.

o entidades locales.

Municipios, corporaciones1. Las Administraciones educativas podrán establecer

procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular

la gestión conjunta con las Administraciones locales y la

colaboración entre centros educativos y Administraciones

públicas.

En lo que se refiere a las corporaciones locales, se

establecerán procedimientos de consulta y colaboración

con sus federaciones o agrupaciones más representativas.

2. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia

de los edificios destinados a centros públicos de educación

infantil, de educación primaria o de educación especial,

corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios

no podrán destinarse a otros servicios o finalidades

sin autorización previa de la Administración educativa

correspondiente.

3. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas

deban afectar, por necesidades de escolarización,

edificios escolares de propiedad municipal en los que

se hallen ubicados centros de educación infantil, de

educación primaria o de educación especial, dependientes

de las Administraciones educativas, para

impartir educación secundaria o formación profesional,

asumirán, respecto de los mencionados centros, los

gastos que los municipios vinieran sufragando de

acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de

la titularidad demanial que puedan ostentar los municipios

respectivos. Lo dispuesto no será de aplicación

respecto a los edificios escolares de propiedad municipal

en los que se impartan, además de educación infantil

y educación primaria o educación especial, el primer

ciclo de educación secundaria obligatoria. Si la afectación

fuera parcial se establecerá el correspondiente

convenio de colaboración entre las Administraciones

afectadas.

4. Los municipios cooperarán con las Administraciones

educativas correspondientes en la obtención de los

solares necesarios para la construcción de nuevos centros

docentes.

5. Las Administraciones educativas podrán establecer

convenios de colaboración con las corporaciones

locales para las enseñanzas artísticas. Dichos convenios

podrán contemplar una colaboración específica en escuelas

de enseñanzas artísticas cuyos estudios no conduzcan

a la obtención de títulos con validez académica.

17200 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

6. Corresponde a las Administraciones educativas

establecer el procedimiento para el uso de los centros

docentes, que de ellas dependan, por parte de las autoridades

municipales, fuera del horario lectivo para actividades

educativas, culturales, deportivas u otras de carácter

social. Dicho uso quedará únicamente sujeto a las necesidades

derivadas de la programación de las actividades de

dichos centros.

7. Las Administraciones educativas, deportivas y

municipales, colaborarán para el establecimiento de procedimientos

que permitan el doble uso de las instalaciones

deportivas pertenecientes a los centros docentes o a

los municipios.

Disposición adicional decimosexta.

las etapas educativas.

Denominación deLas referencias, contenidas en la Ley Orgánica 8/1985, de

3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, a los niveles

educativos se entienden sustituidas por las denominaciones

que, para los distintos niveles y etapas educativas y

para los respectivos centros, se establecen en esta Ley.

Disposición adicional decimoséptima.

de los centros privados concertados.

Claustro de profesoresEl claustro de profesores de los centros privados concertados

tendrá funciones análogas a las previstas en el

artículo 129 de esta Ley.

Disposición adicional decimoctava.

consulta a las Comunidades Autónomas.

Procedimiento deLa referencia en el articulado de esta Ley a las consultas

previas a las Comunidades Autónomas se entienden

realizadas en el seno de la Conferencia Sectorial.

Disposición adicional decimonovena.

Alumnado extranjero.Lo establecido en esta Ley en relación con la escolarización,

obtención de títulos y acceso al sistema general

de becas y ayudas al estudio será aplicable al alumnado

extranjero en los términos establecidos en la Ley Orgánica

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades

de los Extranjeros en España y su integración social,

modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,

y en la normativa que las desarrolla.

Disposición adicional vigésima.

del terrorismo.

Atención a las víctimasLas Administraciones educativas facilitarán que los

centros educativos puedan prestar especial atención a

los alumnos víctimas del terrorismo para que éstos reciban

la ayuda necesaria para realizar adecuadamente sus

estudios.

Disposición adicional vigesimoprimera.

centro derivados de actos de violencia.

Cambios deLas Administraciones educativas asegurarán la escolarización

inmediata de las alumnas o alumnos que se

vean afectados por cambios de centro derivados de actos

de violencia de género o acoso escolar. Igualmente, facilitarán

que los centros educativos presten especial atención

a dichos alumnos.

Disposición adicional vigesimosegunda.

de enseñanzas.

TransformaciónEn el supuesto de que en el proceso de ordenación de

la enseñanza universitaria se definieran en el futuro títulos

que correspondan a estudios regulados en la presente

Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, podrá establecer el oportuno proceso de

transformación de tales estudios.

Disposición adicional vigesimotercera.

de los alumnos.

Datos personales1. Los centros docentes podrán recabar los datos

personales de su alumnado que sean necesarios para

el ejercicio de su función educativa. Dichos datos

podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar

y social, a características o condiciones personales, al

desarrollo y resultados de su escolarización, así como

a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea

necesario para la educación y orientación de los alumnos.

2. Los padres o tutores y los propios alumnos

deberán colaborar en la obtención de la información a

la que hace referencia este artículo. La incorporación de

un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento

para el tratamiento de sus datos y, en su caso,

la cesión de datos procedentes del centro en el que

hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los

términos establecidos en la legislación sobre protección

de datos. En todo caso, la información a la que se

refiere este apartado será la estrictamente necesaria

para la función docente y orientadora, no pudiendo tratarse

con fines diferentes del educativo sin consentimiento

expreso.

3. En el tratamiento de los datos del alumnado se

aplicarán normas técnicas y organizativas que garanticen

su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto

del personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda

a datos personales y familiares o que afecten al honor e

intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al

deber de sigilo.

4. La cesión de los datos, incluidos los de carácter

reservado, necesarios para el sistema educativo, se realizará

preferentemente por vía telemática y estará sujeta a

la legislación en materia de protección de datos de carácter

personal, y las condiciones mínimas serán acordadas

por el Gobierno con las Comunidades Autónomas en el

seno de la Conferencia Sectorial de Educación.

Disposición adicional vigesimocuarta.

créditos en los Presupuestos Generales del Estado

para la gratuidad del segundo ciclo de educación

infantil.

Incorporación deLos Presupuestos Generales del Estado correspondientes

al ámbito temporal de aplicación de la presente

Ley incorporarán progresivamente los créditos

necesarios para hacer efectiva la gratuidad del

segundo ciclo de la educación infantil a la que se

refiere el artículo 15.2.

Disposición adicional vigesimoquinta.

igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Fomento de laCon el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades

y fomentar la igualdad efectiva entre hombres

y mujeres, los centros que desarrollen el principio de

coeducación en todas las etapas educativas, serán objeto

de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las

previsiones recogidas en la presente Ley, sin perjuicio de

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17201

lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos

por España.

Disposición adicional vigesimosexta.

específica para el Consejo Escolar de los centros educativos.

DenominaciónLas Administraciones educativas podrán establecer

una denominación específica para referirse al Consejo

Escolar de los centros educativos.

Disposición adicional vigesimoséptima.

módulos de conciertos.

Revisión de los1. Durante el periodo al que se refiere la disposición

adicional primera de la presente Ley, y en cumplimiento

del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Educación y

Ciencia y las organizaciones sindicales representativas

del profesorado de los centros privados concertados,

todas las partidas de los módulos del concierto se revisarán

anualmente en un porcentaje equivalente al de las

retribuciones de los funcionarios públicos dependientes

de las Administraciones del Estado.

2. Las Administraciones educativas posibilitarán,

para el ejercicio de la función directiva en los centros privados

concertados, unas compensaciones económicas,

análogas a las previstas para los cargos directivos de los

centros públicos, de las mismas características.

Disposición adicional vigesimoctava.

que impartan ciclos de formación profesional.

Convenios con centrosLas Administraciones educativas podrán establecer

convenios educativos con los centros que impartan ciclos

formativos de formación profesional que complementen

la oferta educativa de los centros públicos de acuerdo con

la programación general de la enseñanza.

Disposición adicional vigesimonovena.

importe de los módulos.

Fijación del1. Durante el periodo al que se refiere la disposición

adicional primera de la presente Ley, se procederá a la

fijación de los importes de los módulos económicos establecidos,

de acuerdo con el artículo 117, en función de la

implantación de las enseñanzas que ordena la presente

Ley.

2. En el seno de la Conferencia Sectorial se constituirá

una comisión, en la que participarán las organizaciones

empresariales y sindicales más representativas en el

ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio

de la cuantía de los módulos de concierto que valore

el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones

de gratuidad.

Disposición adicional trigésima.

en la red de centros de titularidad pública.

Integración de centrosLas Comunidades Autónomas podrán integrar en la

respectiva red de centros docentes públicos, de acuerdo

con la forma y el procedimiento que se establezca

mediante Ley de sus Parlamentos, los centros de titularidad

de las Administraciones locales que cumplan los

requisitos establecidos en la Ley, atiendan poblaciones

escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables

o que desempeñen una reconocida labor en la atención a

las necesidades de escolarización, siempre que las Administraciones

locales manifiesten su voluntad de integrarlos

en dicha red.

Disposición adicional trigesimoprimera.

titulaciones.

Vigencias de1. El título de Graduado Escolar de la Ley 14/1970,

de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento

de la Reforma Educativa y el título de Graduado en Educación

Secundaria de la Ley Orgánica 3/1990, de 3 de octubre,

de Ordenación General del Sistema Educativo, tendrán

los mismos efectos profesionales que el título de

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria establecido

en la presente Ley.

2. Los títulos de Bachiller de la Ley 14/1970, de 4

de agosto, General de Educación y Financiamiento de

la Reforma Educativa y de la Ley Orgánica 1/1990, de 3

de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,

tendrán los mismos efectos profesionales que el

nuevo título de Bachiller establecido en la presente

Ley.

3. El título de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, de 4

de agosto, General de Educación y Financiamiento de la

Reforma Educativa tendrá los mismos efectos académicos

que el título de Graduado en Educación Secundaria y

los mismos efectos profesionales que el título de Técnico

de la correspondiente profesión.

4. El título de Técnico Especialista de la Ley

14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento

de la Reforma Educativa tendrá los mismos

efectos académicos y profesionales que el nuevo título

de Técnico Superior en la correspondiente especialidad.

Disposición adicional trigesimosegunda.

de formación profesional.

Nuevas titulacionesEn el periodo de aplicación de esta Ley el Gobierno,

según lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 39 de la

misma, procederá a establecer las enseñanzas de formación

profesional de grado medio y grado superior relacionadas

con las artes escénicas.

Disposición transitoria primera.

cursos primero y segundo de la educación secundaria

obligatoria.

Maestros adscritos a los1. Los funcionarios del cuerpo de maestros adscritos

con carácter definitivo, en aplicación de la disposición

transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990,

de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema

Educativo, a puestos de los dos primeros cursos de la

educación secundaria obligatoria, podrán continuar

en dichos puestos indefinidamente, así como ejercer

su movilidad en relación con las vacantes que a tal fin

determine cada Administración educativa. En el

supuesto de que accedieran al cuerpo de profesores

de enseñanza secundaria conforme a lo previsto en la

disposición adicional duodécima de esta Ley, podrán

permanecer en su mismo destino en los términos que

se establezcan.

2. Los maestros que, en aplicación a la disposición

transitoria octava de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,

de Ordenación General del Sistema Educativo, vengan

impartiendo los dos primeros cursos de la educación

secundaria obligatoria en centros docentes privados,

podrán continuar realizando la misma función en los

puestos que vienen ocupando.

Disposición transitoria segunda.

anticipada.

Jubilación voluntaria1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes

a los que se refiere la disposición adicional séptima de

la presente Ley, así como los funcionarios de los cuerpos

17202 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

a extinguir a que se refiere la disposición transitoria

quinta de la Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del

Estado para el año 1992, incluidos en el ámbito de aplicación

del régimen de clases pasivas del Estado, podrán

optar a un régimen de jubilación voluntaria hasta la fecha

en que finalice el proceso de implantación de la presente

Ley establecido en la disposición adicional primera, siempre

que reúnan todos y cada uno de los requisitos

siguientes:

a) Haber permanecido en activo ininterrumpidamente

en los quince años anteriores a la presentación de

la solicitud en puestos pertenecientes a las correspondientes

plantillas de centros docentes, o que durante una

parte de ese periodo hayan permanecido en la situación

de servicios especiales o hayan ocupado un puesto de

trabajo que dependa funcional u orgánicamente de las

Administraciones educativas, o bien les haya sido concedida

excedencia por alguno de los supuestos contemplados

en el artículo 29, apartado 4 de la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

modificado por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, y por la

Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

b) Tener cumplidos sesenta años de edad.

c) Tener acreditados quince años de servicios efectivos

al Estado.

Los requisitos de edad y periodo de carencia exigidos

en las letras b) y c) anteriores, deberán haberse cumplido

en la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación,

que será a este efecto el 31 de agosto del año en que

se solicite. A tal fin deberá formularse la solicitud, ante el

órgano de jubilación correspondiente, dentro de los dos

primeros meses del año en que se pretenda acceder a la

jubilación voluntaria.

Igualmente, podrán optar a dicho régimen de jubilación

los funcionarios de los cuerpos de inspectores de

educación, de inspectores al servicio de la Administración

educativa y de directores escolares de enseñanza primaria,

así como los funcionarios docentes adscritos a la función

inspectora a que se refiere la disposición adicional

decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas

para la Reforma de la Función Pública modificada por

la Ley 23/1988, de 28 de julio, siempre que en todos los

casos reúnan los requisitos anteriores, salvo en lo que se

refiere a la adscripción a puestos pertenecientes a las

plantillas de los centros docentes.

2. La cuantía de la pensión de jubilación será la que

resulte de aplicar, a los haberes reguladores que en cada

caso procedan, el porcentaje de cálculo correspondiente a

la suma de los años de servicios efectivos prestados al

Estado que, de acuerdo con la legislación de Clases Pasivas,

tenga acreditados el funcionario al momento de la

jubilación voluntaria y del período de tiempo que le falte

hasta el cumplimiento de la edad de sesenta y cinco

años.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin

perjuicio de lo establecido en cada momento, en materia

de límite máximo de percepción de pensiones públicas.

3. Dado el carácter voluntario de la jubilación regulada

en esta disposición transitoria, no será de aplicación

a la misma lo establecido en la disposición transitoria primera

del vigente texto refundido de la Ley de Clases Pasivas

del Estado.

4. Los funcionarios que se jubilen voluntariamente

de acuerdo con lo dispuesto en la presente norma, que

tengan acreditados en el momento de la jubilación al

menos 28 años de servicios efectivos al Estado, podrán

percibir, por una sola vez, conjuntamente con su última

mensualidad de activo, una gratificación extraordinaria

en el importe y condiciones que establezca el Gobierno a

propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, por iniciativa

del Ministro de Educación y Ciencia, atendiendo a

la edad del funcionario, a los años de servicios prestados

y a las retribuciones complementarias establecidas con

carácter general para el cuerpo de pertenencia. La cuantía

de la gratificación extraordinaria no podrá, en ningún

caso, ser superior a un importe equivalente a 25 mensualidades

del Indicador Público de Renta de Efectos

Múltiples.

5. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes

a que se refiere esta norma, acogidos a regímenes de

Seguridad Social o de previsión distintos del de Clases

Pasivas, siempre que acrediten todos los requisitos establecidos

en el apartado 1, podrán optar al momento de la

solicitud de la jubilación voluntaria por incorporarse al

Régimen de Clases Pasivas del Estado, a efectos del derecho

a los beneficios contemplados en la presente disposición,

así como a su integración en el Régimen Especial de

Funcionarios Civiles del Estado.

La Comisión prevista en la disposición adicional

sexta del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre

cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad

Social, determinará la compensación económica

que deba realizar la Seguridad Social respecto del personal

de cuerpos docentes que opte por su incorporación

al Régimen de Clases Pasivas del Estado, en función de

los años cotizados a los demás regímenes de la Seguridad

Social.

6. Los funcionarios de carrera de los cuerpos

docentes a los que se refiere el apartado 1 de esta

disposición, acogidos a regímenes de Seguridad

Social o de previsión distintos del de Clases Pasivas,

que no ejerciten la opción establecida en el apartado

anterior, podrán igualmente percibir las gratificaciones

extraordinarias que se establezcan, de acuerdo

con lo previsto en el apartado 4 de esta disposición

transitoria, siempre que causen baja definitiva en su

prestación de servicios al Estado por jubilación

voluntaria o por renuncia a su condición de funcionario,

y reúnan los requisitos exigidos en los números 1

y 4 de la misma, excepto el de pertenencia al Régimen

de Clases Pasivas del Estado. En este supuesto,

la cuantía de la gratificación extraordinaria no podrá,

en ningún caso, ser superior a un importe equivalente

a 50 mensualidades del Indicador Público de

Renta de Efectos Múltiples.

La jubilación o renuncia de los funcionarios a que se

refiere el párrafo anterior no implicará modificación

alguna en las normas que les sean de aplicación, a efectos

de prestaciones, conforme al régimen en el que estén

comprendidos.

7. Se faculta a la Dirección General de Costes de Personal

y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y

Hacienda para dictar las instrucciones que, en relación

con las pensiones de clases pasivas, pudieran ser necesarias

a fin de ejecutar lo dispuesto en la presente norma y

en las que se dicten en su desarrollo.

8. Antes de la finalización, del periodo de implantación

de la presente Ley, establecido en la disposición adicional

primera, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades

Autónomas, procederá a la revisión del tiempo

referido al régimen de jubilación voluntaria así como de

los requisitos exigidos.

Disposición transitoria tercera.

de los cuerpos docentes.

Movilidad de los funcionariosEn tanto no sean desarrolladas las previsiones contenidas

en esta Ley que afecten a la movilidad mediante

concurso de traslados de los funcionarios de los cuerpos

docentes en ella contemplados, la movilidad se ajustará a

la normativa vigente a la entrada en vigor de la presente

Ley.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17203

Disposición transitoria cuarta.

formación profesional en bachillerato.

Profesores técnicos deLos profesores técnicos de formación profesional que

a la entrada en vigor de esta Ley estén impartiendo

docencia en bachillerato podrán continuar de forma indefinida

en dicha situación.

Disposición transitoria quinta.

centros dependientes de Administraciones no autonómicas.

Personal laboral fijo de1. Cuando se hayan incorporado, con anterioridad a

la entrada en vigor de la presente Ley, o se incorporen

durante los tres primeros años de su aplicación, centros

previamente dependientes de cualquier Administración

Pública a las redes de centros docentes dependientes de

las Administraciones educativas, el personal laboral que

fuera fijo en el momento de la integración y realice funciones

docentes en dichos centros, podrá acceder a los cuerpos

docentes regulados en esta Ley, previa superación de

las correspondientes pruebas selectivas convocadas a tal

efecto por los respectivos Gobiernos de las Comunidades

Autónomas. Dichas pruebas deberán garantizar, en todo

caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y

capacidad, en la forma que determinen los Parlamentos

autonómicos, debiendo respetarse, en todo caso, lo establecido

en la normativa básica del Estado.

2. Los procedimientos de ingreso a que hace referencia

esta disposición sólo serán de aplicación en el

plazo de tres años.

Disposición transitoria sexta.

los órganos de gobierno.

Duración del mandato de1. La duración del mandato del director y demás

miembros del equipo directivo de los centros públicos

nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de la

presente Ley será la establecida en la normativa vigente

en el momento de su nombramiento.

2. Las Administraciones educativas podrán prorrogar,

por un periodo máximo de un año, el mandato de los

directores y demás miembros del equipo directivo de los

centros públicos cuya finalización se produzca en el curso

escolar de entrada en vigor de la presente Ley.

3. El Consejo Escolar de los centros docentes públicos

y privados concertados constituido con anterioridad a

la entrada en vigor de la presente Ley continuará su mandato

hasta la finalización del mismo con las atribuciones

establecidas en esta Ley.

Disposición transitoria séptima.

en los centros docentes públicos.

Ejercicio de la direcciónLos profesores que estando acreditados para el ejercicio

de la dirección de los centros docentes públicos no

hubieran ejercido, o la hayan ejercido por un periodo inferior

al señalado en el artículo 136.1 de esta Ley, estarán

exentos de la parte de la formación inicial que determinen

las Comunidades Autónomas.

Disposición transitoria octava.

didáctica.

Formación pedagógica yLos títulos Profesionales de Especialización Didáctica

y el Certificado de Cualificación Pedagógica que a la

entrada en vigor de esta Ley hubieran organizado las universidades

al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del

Sistema Educativo, el Certificado de Aptitud Pedagógica y

otras certificaciones que el Gobierno pueda establecer

serán equivalentes a la formación establecida en el

artícu lo 100.2 de esta Ley, hasta tanto se regule para cada

enseñanza. Estarán exceptuados de la exigencia de este

título los maestros y los licenciados en pedagogía y psicopedagogía

y quienes estén en posesión de licenciatura o

titulación equivalente que incluya formación pedagógica

y didáctica.

Disposición transitoria novena.

Adaptación de los centros.Los centros que atiendan a niños menores de tres

años y que a la entrada en vigor de esta Ley no estén

autorizados como centros de educación infantil, o lo estén

como centros de educación preescolar, dispondrán para

adaptarse a los requisitos mínimos que se establezcan del

plazo que el Gobierno determine, previa consulta a las

Comunidades Autónomas.

Disposición transitoria décima.

Modificación de los conciertos.1. Los centros privados que, a la entrada en vigor de

la presente Ley, tengan concertadas las enseñanzas postobligatorias,

mantendrán el concierto para las enseñanzas

equivalentes.

2. Los conciertos, convenios o subvenciones aplicables

a los centros de educación preescolar y a los centros

de educación infantil se referirán a las enseñanzas de primer

ciclo de educación infantil y a las de segundo ciclo de

educación infantil respectivamente.

3. Los conciertos, convenios o subvenciones para

los programas de garantía social se referirán a programas

de cualificación profesional inicial.

Disposición transitoria undécima.

reglamentarias.

Aplicación de las normasEn las materias cuya regulación remite la presente Ley

a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto éstas

no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las

normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de

entrada en vigor de esta Ley, siempre que no se opongan

a lo dispuesto en ella.

Disposición transitoria duodécima.

de idiomas a menores de dieciséis años.

Acceso a las enseñanzasNo obstante lo dispuesto en el artículo 59.2 de esta

Ley, los alumnos que a la entrada en vigor de esta Ley

hayan completado los dos primeros cursos de la educación

secundaria obligatoria podrán acceder a las enseñanzas

de idiomas.

Disposición transitoria decimotercera.

Maestros especialistas.En tanto el Gobierno determine las enseñanzas a las

que se refiere el artículo 93.2 de la presente Ley, la enseñanza

de la música, de la educación física y de los idiomas

extranjeros en educación primaria será impartida por

maestros con la especialización correspondiente.

Disposición transitoria decimocuarta.

Cambios de titulación.Los requisitos de titulación establecidos en la presente

Ley, para la impartición de los distintos niveles educativos,

no afectarán al profesorado que esté prestando

sus servicios en centros docentes según lo dispuesto en

la legislación aplicable en relación a las plazas que se

encuentran ocupando.

17204 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

Disposición transitoria decimoquinta.

plaza en los servicios de orientación o de asesoramiento

psicopedagógico.

Maestros con1. Las Administraciones educativas que no hubieren

regularizado la situación administrativa para el acceso al

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad

de psicología y pedagogía, mediante el concursooposición,

turno especial, previsto en el artículo 45 de la

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social, de los funcionarios

del Cuerpo de Maestros que, con titulación de licenciados

en Psicología o Pedagogía, han venido desempeñando

plazas con carácter definitivo en su ámbito de gestión,

obtenidas por concurso público de méritos, en los servicios

de orientación o asesoramiento psicopedagógico,

deberán convocar en el plazo máximo de tres meses

desde la aprobación de la presente Ley un concurso-oposición,

turno especial, de acuerdo con las características

del punto siguiente.

2. El citado concurso-oposición, turno especial,

constará de una fase de concurso en la que se valorarán,

en la forma que establezcan las convocatorias, los méritos

de los candidatos, entre los que figurarán la formación

académica y la experiencia docente previa. La fase de

oposición consistirá en una memoria sobre las funciones

propias de los servicios de orientación o asesoramiento

psicopedagógico. Los aspirantes expondrán y defenderán

ante el tribunal calificador la memoria indicada, pudiendo

el tribunal, al término de la exposición y defensa, formular

al aspirante preguntas o solicitar aclaraciones sobre la

memoria expuesta.

3. Quienes superen el proceso selectivo quedarán

destinados en la misma plaza que vinieren desempeñando

y, a los solos efectos de determinar su antigüedad

en el cuerpo en el que se integran, se les reconocerá la

fecha de su acceso con carácter definitivo en los equipos

psicopedagógicos de la Administración educativa.

Disposición transitoria decimosexta.

en el segundo ciclo de educación infantil.

Prioridad de conciertosEn relación con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la

presente Ley, las Administraciones educativas, en el régimen

de conciertos a que se refiere el artículo 116 de la

misma, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 117,

considerarán las solicitudes formuladas por los centros

privados, y darán preferencia, por este orden, a las unidades

que se soliciten para primero, segundo y tercer curso

del segundo ciclo de la educación infantil.

Disposición transitoria decimoséptima.

pública docente.

Acceso a la función1. El Ministerio de Educación y Ciencia propondrá a

las Administraciones educativas, a través de la Conferencia

Sectorial de Educación, la adopción de medidas que

permitan la reducción del porcentaje de profesores interinos

en los centros educativos, de manera que en el plazo

de cuatro años, desde la aprobación de la presente Ley,

no se sobrepasen los límites máximos establecidos de

forma general para la función pública.

2. Durante los años de implantación de la presente

Ley, el acceso a la función pública docente se realizará

mediante un procedimiento selectivo en el que, en la fase

de concurso se valorarán la formación académica y, de

forma preferente, la experiencia docente previa en los

centros públicos de la misma etapa educativa, hasta los

límites legales permitidos. La fase de oposición, que tendrá

una sola prueba, versará sobre los contenidos de la

especialidad que corresponda, la aptitud pedagógica y el

dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la

docencia. Para la regulación de este procedimiento de

concurso-oposición, se tendrá en cuenta lo previsto en el

apartado anterior, a cuyos efectos se requerirán los informes

oportunos de las Administraciones educativas.

Disposición transitoria decimoctava.

sobre conciertos.

Adaptación de normativaA fin de que las Administraciones educativas puedan

adaptar su normativa sobre conciertos educativos a las

disposiciones de la presente Ley, podrán acordar la prórroga

de hasta dos años del periodo general de concertación

educativa en curso a la entrada en vigor de la presente

Ley.

Disposición transitoria decimonovena.

de admisión de alumnos.

ProcedimientoLos procedimientos de admisión de alumnos se adaptarán

a lo previsto en el capítulo III del título II de esta Ley

a partir del curso académico 2007/2008.

Disposición derogatoria única

1. Quedan derogadas las siguientes Leyes:

a) Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación

y Financiamiento de la Reforma Educativa.

b) Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo.

c) Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación,

Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes.

d) Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad

de la Educación.

e) Ley 24/1994, de 12 de julio, por la que se establecen

normas sobre concursos de provisión de puestos de

trabajo para funcionarios docentes.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones

de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en

la presente Ley.

Disposición final primera.

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la

Educación.

Modificación de la Ley Orgánica1. El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado

de la siguiente manera:

«1. Los padres o tutores, en relación con la educación

de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos:

a) A que reciban una educación, con la máxima

garantía de calidad, conforme con los fines establecidos

en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de

Autonomía y en las leyes educativas.

b) A escoger centro docente tanto público como distinto

de los creados por los poderes públicos.

c) A que reciban la formación religiosa y moral que

esté de acuerdo con sus propias convicciones.

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje

e integración socio-educativa de sus hijos.

e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje

de sus hijos.

f) A participar en la organización, funcionamiento,

gobierno y evaluación del centro educativo, en los términos

establecidos en las leyes.

g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a

la orientación académica y profesional de sus hijos.

2. Asimismo, como primeros responsables de la

educación de sus hijos o pupilos, les corresponde:

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17205

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la

ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus

hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan

regularmente a clase.

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades,

los recursos y las condiciones necesarias para el

progreso escolar.

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades

de estudio que se les encomienden.

d) Participar de manera activa en las actividades que

se establezcan en virtud de los compromisos educativos

que los centros establezcan con las familias, para mejorar

el rendimiento de sus hijos.

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su

proceso educativo, en colaboración con los profesores y

los centros.

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas

por el centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones

educativas del profesorado.

g) Fomentar el respeto por todos los componentes

de la comunidad educativa.»

2. El artículo 5.5 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado

de la siguiente manera:

«Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio

del derecho de asociación de los padres, así como la

formación de federaciones y confederaciones.»

3. El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado

de la siguiente manera:

«1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y

deberes, sin más distinciones que las derivadas de su

edad y del nivel que estén cursando.

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de

conocer la Constitución Española y el respectivo Estatuto

de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y

principios reconocidos en ellos.

3. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos

básicos:

a) A recibir una formación integral que contribuya al

pleno desarrollo de su personalidad.

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad

personales.

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean

valorados y reconocidos con objetividad.

d) A recibir orientación educativa y profesional.

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus

convicciones religiosas y sus convicciones morales, de

acuerdo con la Constitución.

f) A la protección contra toda agresión física o

moral.

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del

centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas

vigentes.

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para

compensar las carencias y desventajas de tipo personal,

familiar, económico, social y cultural, especialmente en el

caso de presentar necesidades educativas especiales, que

impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema

educativo.

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en

los casos de infortunio familiar o accidente.

4. Son deberes básicos de los alumnos:

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo

desarrollo según sus capacidades.

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente,

en las escolares y complementarias.

c) Seguir las directrices del profesorado.

d) Asistir a clase con puntualidad.

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia

escolar y en la consecución de un adecuado clima de

estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros

a la educación y la autoridad y orientaciones del

profesorado.

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones

religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad

de todos los miembros de la comunidad educativa.

g) Respetar las normas de organización, convivencia

y disciplina del centro educativo, y

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones

del centro y materiales didácticos.»

4. Al artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, se le añade

un nuevo apartado, con la siguiente redacción:

«3. Las Administraciones educativas favorecerán

el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos,

así como la formación de federaciones y confederaciones.

»

5. Al artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, se le añade

un nuevo párrafo con la siguiente redacción:

«A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación

de los alumnos en los centros educativos y facilitar

su derecho de reunión, los centros educativos establecerán,

al elaborar sus normas de organización y funcionamiento,

las condiciones en las que sus alumnos pueden

ejercer este derecho. En los términos que establezcan las

Administraciones educativas, las decisiones colectivas

que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la

educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia

a clase no tendrán la consideración de faltas de

conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan

sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean

comunicadas previamente a la dirección del centro.»

6. El artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, tendrá la

siguiente redacción:

«Dentro de las disposiciones de la presente Ley y normas

que la desarrollan, los centros privados no concertados

gozarán de autonomía para establecer su régimen

interno, seleccionar su profesorado de acuerdo con la

titulación exigida por la legislación vigente, elaborar el

proyecto educativo, organizar la jornada en función de las

necesidades sociales y educativas de sus alumnos,

ampliar el horario lectivo de áreas o materias, determinar

el procedimiento de admisión de alumnos, establecer las

normas de convivencia y definir su régimen económico.»

7. Al artículo 31 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, se le añade

una nueva letra n) con el siguiente texto:

«n) Los Consejos Escolares de ámbito autonómico.»

8. El artículo 56.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, tendrá la

siguiente redacción:

«1. El Consejo Escolar de los centros privados concertados

estará constituido por:

El director.

Tres representantes del titular del centro.

Un concejal o representante del Ayuntamiento en

cuyo término municipal se halle radicado el centro.

Cuatro representantes de los profesores.

Cuatro representantes de los padres o tutores de los

alumnos, elegidos por y entre ellos.

17206 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

Dos representantes de los alumnos elegidos por y

entre ellos, a partir del primer curso de educación secundaria

obligatoria.

Un representante del personal de administración y

servicios.

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste

designará una persona que impulse medidas educativas

que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y

mujeres.

Además, en los centros específicos de educación

especial y en aquéllos que tengan aulas especializadas,

formará parte también del Consejo Escolar un representante

del personal de atención educativa complementaria.

Uno de los representantes de los padres en el Consejo

Escolar será designado por la asociación de padres más

representativa en el centro.

Asimismo, los centros concertados que impartan formación

profesional podrán incorporar a su Consejo Escolar

un representante del mundo de la empresa, designado

por las organizaciones empresariales, de acuerdo con el

procedimiento que las Administraciones educativas establezcan.

»

9. El artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, tendrá la

siguiente redacción en sus apartados c), d), f) y m):

«c) Participar en el proceso de admisión de alumnos,

garantizando la sujeción a las normas sobre el mismo.

d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios

y velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando

las medidas disciplinarias adoptadas por el director

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen

gravemente la convivencia del centro, el Consejo

Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la

decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas

oportunas.

f) Aprobar y evaluar la programación general del

centro que con carácter anual elaborará el equipo directivo.

m) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la

convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y

mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los

ámbitos de la vida personal, familiar y social.»

10. El artículo 62 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de

julio, reguladora del Derecho a la Educación, tendrá la

siguiente redacción:

«1. Son causa de incumplimiento leve del concierto

por parte del titular del centro las siguientes:

a) Percibir cantidades por actividades escolares

complementarias o extraescolares o por servicios escolares

que no hayan sido autorizadas por la Administración

educativa o por el Consejo Escolar del centro, de acuerdo

con lo que haya sido establecido en cada caso.

b) Infringir las normas sobre participación previstas

en el presente título.

c) Proceder a despidos del profesorado cuando

aquéllos hayan sido declarados improcedentes por sentencia

de la jurisdicción competente.

d) Infringir la obligación de facilitar a la Administración

los datos necesarios para el pago delegado de los

salarios.

e) Infringir el principio de voluntariedad y no discriminación

de las actividades complementarias, extraescolares

y servicios complementarios.

f) Cualesquiera otros que se deriven de la violación

de las obligaciones establecidas en el presente título, o en

las normas reglamentarias a las que hace referencia los

apartados 3 y 4 del artículo 116 de la Ley Orgánica de Educación

o de cualquier otro pacto que figure en el documento

de concierto que el centro haya suscrito.

2. Son causas de incumplimiento grave del concierto

por parte del titular del centro las siguientes:

a) Las causas enumeradas en el apartado anterior

cuando del expediente administrativo instruido al efecto

y, en su caso, de sentencia de la jurisdicción competente,

resulte que el incumplimiento se produjo por ánimo de

lucro, con intencionalidad evidente, con perturbación

manifiesta en la prestación del servicio de la enseñanza o

de forma reiterada o reincidente.

b) Impartir las enseñanzas objeto del concierto contraviniendo

el principio de gratuidad.

c) Infringir las normas sobre admisión de alumnos.

d) Separarse del procedimiento de selección y despido

del profesorado establecido en los artículos precedentes.

e) Lesionar los derechos reconocidos en los artículos

16 y 20 de la Constitución, cuando así se determine

por sentencia de la jurisdicción competente.

f) Incumplir los acuerdos de la Comisión de Conciliación.

g) Cualesquiera otros definidos como incumplimientos

graves en el presente título o en las normas reglamentarias

a que hacen referencia los apartados 3 y 4 del

ar tículo 116 de la Ley Orgánica de Educación.

No obstante lo anterior, cuando del expediente administrativo

instruido al efecto resulte que el incumplimiento

se produjo sin ánimo de lucro, sin intencionalidad evidente

y sin perturbación en la prestación de la enseñanza

y que no existe reiteración ni reincidencia en el incumplimiento,

éste será calificado de leve.

3. La reiteración de incumplimientos a los que se

refieren los apartados anteriores se constatará por la

Administración educativa competente con arreglo a los

siguientes criterios:

a) Cuando se trate de la reiteración de los incumplimientos

cometidos con anterioridad, bastará con que esta

situación se ponga de manifiesto mediante informe de la

inspección educativa correspondiente.

b) Cuando se trate de un nuevo incumplimiento de

tipificación distinta al cometido con anterioridad, será

necesaria la instrucción del correspondiente expediente

administrativo.

4. El incumplimiento leve del concierto dará lugar:

a) Apercibimiento por parte de la Administración

educativa.

b) Si el titular no subsanase el incumplimiento leve,

la administración impondrá una multa de entre la mitad y

el total del importe de la partida «otros gastos» del

módulo económico de concierto educativo vigente en el

periodo en que se determine la imposición de la multa. La

Administración educativa sancionadora determinará el

importe de la multa, dentro de los límites establecidos y

podrá proceder al cobro de la misma por vía de compensación

contra las cantidades que deba abonar al titular del

centro en aplicación del concierto educativo.

5. El incumplimiento grave del concierto educativo

dará lugar a la imposición de multa, que estará comprendida

entre el total y el doble del importe de la partida

«otros gastos» del módulo económico de concierto educativo

vigente en el periodo en el que se determine la

imposición de la multa. La Administración educativa sancionadora

determinará el importe de la multa, dentro de

los límites establecidos y podrá proceder al cobro de la

misma por vía de compensación contra las cantidades

que deba abonar al titular del centro en aplicación del

concierto educativo.

BOE núm. 106 Jueves 4 mayo 2006 17207

6. El incumplimiento muy grave del concierto dará

lugar a la rescisión del concierto. En este caso, con el fin

de no perjudicar a los alumnos ya escolarizados en el centro,

las Administraciones educativas podrán imponer la

rescisión progresiva del concierto.

7. El incumplimiento y la sanción muy grave prescribirán

a los tres años, el grave a los dos años y el leve

al año. El plazo de prescripción se interrumpirá con la

constitución de la Comisión de Conciliación para la

corrección del incumplimiento cometido por el centro

concertado.»

Disposición final segunda.

de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función

Pública.

Modificación de la Ley 30/1984,Se añade una nueva letra al artículo 29.2 de la

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública, con la siguiente redacción:

«ñ) Cuando sean nombrados para desempeñar

puestos en las Áreas Funcionales de la Alta Inspección de

Educación funcionarios de los cuerpos docentes o escalas

en que se ordena la función pública docente.»

Disposición final tercera.

Enseñanzas mínimas.Todas las referencias contenidas en las disposiciones

vigentes a las enseñanzas comunes, se entenderán realizadas

a los aspectos básicos del currículo que constituyen

las enseñanzas mínimas.

Disposición final cuarta.

de los centros docentes públicos no universitarios.

Autonomía de gestión económicaContinuará en vigor, con las modificaciones derivadas

de la presente Ley, la Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento

de la gratuidad de los estudios de bachillerato,

formación profesional y artes aplicadas y oficios

artísticos en los centros públicos y la autonomía de gestión

económica de los centros docentes públicos no universitarios.

Disposición final quinta.

Título competencial.La presente Ley se dicta con carácter básico al amparo

de la competencia que corresponde al Estado conforme al

artículo 149.1.1.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúan

del referido carácter básico los siguientes preceptos:

artículos 5.5 y 5.6; 7; 8.1 y 8.3; 9; 11.1 y 11.3; 14.6; 15.3; 18.4

y 18.5; 22.5; 26.1 y 26.2; 30.5; 35; 41.5; 42.3; 47; 58.4, 58.5 y

58.6; 60.3 y 60.4; 66.2 y 66.4; 67.2, 67.3, 67.6, 67.7 y 67.8; 72.4

y 72.5 y 89; 90; 100.3; 101, 102.2, 102.3 y 102.4; 103.1; 105.2;

106.2 y 106.3; 112.2, 112.3, 112.4 y 112.5; 113.3 y 113.4; 122.2

y 122.3; 123.2, 123.3, 123.4 y 123.5; 124; 125; 130.1; 131.2

y 131.5; 145; 146; 154; disposición adicional decimoquinta,

apartados 1, 4, 5 y 7; y disposición final cuarta.

Disposición final sexta.

Desarrollo de la presente Ley.Las normas de esta Ley podrán ser desarrolladas por

las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas

a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la

misma al Gobierno o que corresponden al Estado conforme

a lo establecido en la disposición adicional primera,

número 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora

del Derecho a la Educación.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

7900

el que se modifica el Real Decreto 212/2002,

de 22 de febrero, por el que se regulan las

emisiones sonoras en el entorno debidas a

determinadas máquinas de uso al aire libre.

REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, porMediante el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero,

por el que se regulan las emisiones sonoras en el

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire

libre, se transpuso al derecho interno español la Directiva

2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones

sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al

aire libre. Con posterioridad fue aprobada la Ley 37/2003,

de 17 de noviembre, del Ruido, cuyas disposiciones no

afectaron a lo establecido en el real decreto.

Dicha Directiva 2000/14/CE se remitía, en su artículo 12,

a una tabla de valores límite de emisión sonora que

debían cumplir determinadas máquinas de las incluidas

en su campo de aplicación, objetivo que tenía que cumplirse

en dos fases: La «fase I» tenía como límite el día 3

de enero de 2002 y la «fase II» el 3 de enero de 2006.

Ya, en el momento de promulgación de la directiva, se

preveía una revisión de los valores límite y valores declarados,

con la posibilidad de modificar los listados de

máquinas sujetas a unos y otros.

El resultado de un primer estudio fue concluir que ciertos

valores límites establecidos para la fase II resultaban

técnicamente inviables. De ahí que el Parlamento Europeo

y el Consejo hayan aprobado la Directiva 2005/88/CE, por

la cual se modifica la 2000/14/CE, lo que, en la práctica, se

traduce en la ampliación del periodo indicativo para

Disposición final séptima.

la presente Ley.

Carácter de Ley Orgánica deTienen rango de Ley Orgánica el capítulo I del título

preliminar, los artículos 3; 4; 5.1, 5.2; el capítulo III del

título preliminar, los artículos 16; 17; 18.1, 18.2 y 18.3; 19.1;

22; 23; 24; 25; 27; 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 y 30.6; 38; 68; 71; 74;

78; 80; 81.3 y 81.4; 82.2; 83; 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6,

84.7, 84.8 y 84.9; 85; 108; 109; 115; el capítulo IV del título

IV; los artículos 118; 119; 126.1 y 126.2; 127; 128; 129; las

disposiciones adicionales decimosexta y decimoséptima;

la disposición transitoria sexta, apartado tercero; la disposición

transitoria décima; las disposiciones finales primera

y séptima, y la disposición derogatoria única.

Disposición final octava.

Entrada en vigor.La presente Ley orgánica entrará en vigor a los veinte

días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 3 de mayo de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

A %d blogueros les gusta esto: